El proceso constituyente en curso, a pesar de todas las limitaciones que se puedan señalar, representa por sobre todas esas cosas un ensanchamiento de la democracia a partir de los intensos procesos sociales que le preceden. Los procesos de reconocimiento de intereses sociales, humanos en definitiva, registrados en los contenidos aprobados, conminan y prefiguran a la esfera política democrática futura, hoy todavía en curso de reorganización, a hacerlos suyos, a hacerse cargo de los conflictos de intereses legítimos que tengan lugar en la sociedad sobre tales temas, a terminar, en definitiva, con el silencio ante el abuso empresarial y de otras elites, sobre tales asuntos (no solo económicos, también reproductivos y de otra índole). Esa es la gran transformación en curso, donde se fragua una nueva historia de la sociedad chilena
La lucha política es siempre también una lucha por definir la concepción predominante de lo que se entiende por política. Al momento de la transición, la configuración de la democracia abría el dilema de establecer cuál sería el campo de la política y sus límites. En ese momento no incorporaba en el campo institucional algo como un horizonte legítimo remitido a la sociedad por hacer, a la capacidad de construir un nuevo orden. Carente, entonces, de perspectivas de transformación, la política se encerraba en un presente recurrente, en un tiempo sin horizonte ni futuro.
En su ofensiva, el neoliberalismo no solo ataca la intervención estatal, sino la idea misma de la soberanía popular y, al cuestionar la construcción deliberada de la sociedad por sí misma, cuestiona a la democracia y a la política moderna propiamente tal.
Pero, como se sabe también, nuestra historia inmediata está marcada por la revuelta popular más grande de las últimas décadas. Sus alcances todavía no terminan de asentarse, de cuajar en moldes trascendentes y estables. Sin embargo, lo que ya es claro e indiscutible, es que los moldes de la política institucional se corrieron, que los marcos de la deliberación institucional se desplazaron. Aunque ello no tenga forma definitiva aún, consagrada en una reorganización todavía clara de la esfera política, es indiscutible el hecho que ello está corriendo y tales fronteras viven hoy un ensanchamiento.
Un conservadurismo desesperado acusa aquí maximalismo, en un obstruccionismo que, amparado en los grandes medios de comunicación de masas, insiste en presentar demandas masivas ciudadanas como una estrategia que avanzará sobre toda propiedad y autonomía de la vida privada.
Muy a diferencia de ello, las fronteras desplazadas, los límites temáticos que han sido corridos, son los de la política de la transición. Ese fue el anterior proceso, de dimensiones comparables, de redefinición de la esfera política.
Proceso constituyente, expansión de la democracia y redefinición de la política
Lo que hace hoy la Convención Constituyente es consolidar las libertades propias a los derechos humanos de primera generación y recuperar para el pueblo chileno los derechos sociales, que habían sido conculcados por la Constitución de 1980, y que el gobierno de Lagos no reinstaló, en el año 2005, referidos a la libertad y la participación ciudadana en la vida política, así como otros, de segunda generación, referidos a garantizar a todos los miembros de la ciudadanía igualdad de condiciones y de trato e incluyendo además el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda y la seguridad social.
Más allá de su propia e indiscutible valía concreta en cuanto a las temáticas aprobadas, involucran entonces un reconocimiento que conlleva a una expansión de la esfera política, de sus fronteras institucionales de tratamiento de los problemas de la sociedad. De ser aprobado el nuevo texto constitucional, se concretará un ensanchamiento de los asuntos e intereses sociales que la esfera de la política institucional tendrá que abordar, que no podrá eludir amparándose en los recursos a los que recurría antes, otorgando un estatuto legítimo, un reconocimiento racional y legal a dichos asuntos antes negados.
El proceso constituyente en curso, a pesar de todas las limitaciones que se puedan señalar, representa por sobre todas esas cosas un ensanchamiento de la democracia a partir de los intensos procesos sociales que le preceden.
Los procesos de reconocimiento de intereses sociales, humanos en definitiva, registrados en los contenidos aprobados, conminan y prefiguran a la esfera política democrática futura, hoy todavía en curso de reorganización, a hacerlos suyos, a hacerse cargo de los conflictos de intereses legítimos que tengan lugar en la sociedad sobre tales temas, a terminar, en definitiva, con el silencio ante el abuso empresarial y de otras elites, sobre tales asuntos (no solo económicos, también reproductivos y de otra índole).
Esa es la gran transformación en curso, donde se fragua una nueva historia de la sociedad chilena.