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Pandemia y seguridad pública: consecuencias del piñerismo

por 27 junio, 2022

Pandemia y seguridad pública: consecuencias del piñerismo
Tal como ocurriera con los mineros el 2010, que llevan al primer gobierno de Piñera a olvidarse de la reconstrucción posterremoto, la pandemia del 2020 le hace focalizar todos sus esfuerzos en neutralizar la revuelta popular y recuperar los niveles de aprobación ciudadana. Pero si consideramos el carácter sindémico de la pandemia, enfoque acuñado por el antropólogo y médico estadounidense Merill Singer para referirse a la interacción de factores biológicos y sociales en la propagación de una enfermedad, la estrategia sanitaria de Piñera puede calificarse como un completo fracaso, salvo por las gestiones comerciales que realiza el Estado chileno para la compra de vacunas.
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Para buscar una explicación a los actuales dilemas en materia de seguridad pública, habría que remontarse al 18 de octubre de 2019. Génesis de una revuelta popular que el gobierno de Sebastián Piñera interpreta como una crisis del orden soberano, y soberanía, en los términos de Carl Schmitt, es el poder supremo y originario de mandar.

En efecto, la derecha se resiste por varias semanas, y particularmente el expresidente Piñera, a reconocer las causas profundas de las protestas que se habían extendido a lo largo de todo el país. Ni Piñera, ni sus ministros, ni Cristián Larroulet, en ese momento jefe del segundo piso, podían asumir una postura crítica ante el escenario al que se enfrentaban, pues ello hubiese significado renunciar a sus convicciones: el dogmatismo neoliberal en que se habían formado, tanto a nivel académico como político.

Lo que sigue es entonces una respuesta afín a un punto de vista a esas alturas completamente abstracto e inconsistente. La Moneda opta por blindarse y renuncia a gobernar. Con el apoyo de los grandes consorcios comunicacionales, se señala que estaríamos ante dos fenómenos de distinta naturaleza: por un lado, el “estallido delictual”, por el otro, una ciudadanía que se reunía en las calles para pedir cambios pacíficamente. Cierta “intelectualidad” reaccionaria prefiere vincular ambos fenómenos y determinar que se trataba de un levantamiento de consumidores furiosos protagonizado por una juventud impulsiva, hedonista y sin demandas concretas, estimulada por el lumpen-consumismo.

Se les acusa de violentistas, porque la única violencia legítima es la del Estado. Un viejo y conocido libreto que responde al advenimiento de una crisis renunciando al orden que se dice defender. Desde ese momento, hasta ahora, el estado de excepción se ha convertido en un paradigma de gobierno (la derecha lo proclama con fanatismo a los cuatro vientos), lo cual significa que el objeto en disputa de la política es determinar quién manda y quién obedece. Dicho de otro modo, lo que legitima a la autoridad, en vez del orden, es la decisión, de manera que el estado de excepción y la situación normal devienen indistinguibles.

El gobierno de Piñera busca aprovechar la coyuntura con el propósito de fortalecer el imperativo de la autoridad. Se estima que la política sanitaria es una estrategia efectiva para poner nuevamente en relación con la ley a esa parte de la sociedad chilena protagonista de la asonada, en un momento en que el discurso empresarial ya no podía arrogarse la representación del interés colectivo, considerando que el neoliberalismo es un orden que se funda en la empresarialización de las relaciones sociales.  Y en un tiempo en que el poder se ha gubernamentalizado (es, de hecho, un “infrapoder”), una crisis hegemónica se devela como el síntoma de una condición molecular.

Si esto es así, la excepción es la única forma posible del orden, cuya aporía puede tener efectos autodisolutivos (como las enfermedades autoinmunes que atacan a las funciones biológicas del organismo). Y la pandemia se aparece como el punto de convergencia entre nomos y bíos para generar un proceso de normalización de las conductas. En ese contexto es que el orden público es regulado exclusivamente a través de criterios biomédicos. No quiero decir que la pandemia fuera una invención, sino que el énfasis del gobierno estaba puesto en otra parte, lo cual explica que la exsubsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, actuara como vocera de la política sanitaria.

Tal como ocurriera con los mineros el 2010, que llevan al primer gobierno de Piñera a olvidarse de la reconstrucción posterremoto, la pandemia del 2020 le hace focalizar todos sus esfuerzos en neutralizar la revuelta popular y recuperar los niveles de aprobación ciudadana. Pero si consideramos el carácter sindémico de la pandemia, enfoque acuñado por el antropólogo y médico estadounidense Merill Singer para referirse a la interacción de factores biológicos y sociales en la propagación de una enfermedad, la estrategia sanitaria de Piñera puede calificarse como un completo fracaso, salvo por las gestiones comerciales que realiza el Estado chileno para la compra de vacunas.

Porque es cierto, vacunas no han faltado, sin embargo, los indicadores sociales se deterioran cada vez más a raíz de los castigos inflacionarios que ha padecido la nueva clase trabajadora chilena, expuesta a una precarización creciente de sus condiciones de vida. Por eso, a pocas semanas de haberse declarado la emergencia sanitaria en el país, comenzaban nuevamente las protestas producto de medidas que se adoptaron sin contemplar el apoyo económico a las familias.

El gobierno de Piñera se centra casi exclusivamente en la revuelta popular, en detrimento de otras labores preventivas que le están encomendadas a Carabineros. Esto explica que, durante ese periodo, Carabineros se convirtiera prácticamente en una policía sanitaria, más preocupada del “copamiento preventivo” de Plaza Dignidad contra los manifestantes que se congregaban en ese sector los viernes en la tarde, que de evitar los hechos delictuales de mayor connotación social.



Luego de dos años, el gobierno de Piñera logra replegar las movilizaciones utilizando las medidas sanitarias, aunque al costo de la derrota electoral de su sector y de una crisis de seguridad pública de magnitudes incalculables. Más que Carabineros haya dejado de cumplir su rol para no verse envuelto en cuestionamientos, la institución está afectada por su propia crisis, tras los conocidos casos de desfalco, las reiteradas violaciones a los derechos humanos y los abusos que la institución, controlada por su alto mando, ejerce contra una tropa que ha sido entrenada en base a la vieja doctrina de la seguridad nacional de inspiración anti-comunista y anti-democrática.

En definitiva, como también ha ocurrido en la política migratoria, Piñera y la derecha siempre se inclinan por el espectáculo para obtener algún beneficio, por exiguo que sea, en los sondeos de opinión semanales. Son las consecuencias de un estilo gerencial de gobierno orientado a la obtención inmediata de beneficios, promovido por quienes han hecho del Estado un holding empresarial y de la política una gestión al servicio del cliente.

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