Opinión
No sigan produciendo fantasmas ni mentiras en torno a la propuesta de Estado regional, los 64 artículos y 123 incisos del capítulo 6, “Estado regional y organización territorial”, dan cuenta de una propuesta mejorable, que no es perfecta, pero que es responsable, en tanto combina autonomía con responsabilidad fiscal y establece una relación armónica y mucho más equilibrada entre el nivel central y los niveles territoriales de gobierno.
A muchos centralistas, en su rol de académicos y/o políticos, les está creciendo la nariz como Pinocho cada vez que tergiversan, o deliberadamente mienten sobre el contenido del proyecto de nueva Constitución (NC) en lo referido a descentralización. Hacen ver que sucederán cosas o situaciones catalogadas como “fatales o extremas”, basados en ideas que están muy lejos del articulado del proyecto de NC.
Revisaré las 6 mentiras más recurrentes en esta materia y las contrarrestaré con el contenido de la propuesta.
Agregan, quienes sostienen esta excéntrica idea, que dejaremos de ser un solo país, haciendo parecer que el concepto de autonomía es equivalente al de soberanía. Como no se trata de hacer prevalecer mis propias interpretaciones del texto, me remitiré a lo que plantea en esta materia el proyecto de NC en el artículo 3, página 3, dice: “Chile, en su diversidad geográfica, natural, histórica y cultural, forma un territorio único e indivisible”. Esto significa, a buen entendedor, que la soberanía radica en Chile y que la intención, aspiración o idea de la división del país en “varios países”, no es un planteamiento ni posibilidad contenida en el proyecto de NC.
Muchos, sin sustento alguno, asocian la autonomía territorial mañosamente con separatismo o secesionismo. Al respecto, el proyecto de NC es explícito y lo prohíbe, porque no deja lugar a interpretación sobre el ejercicio de la autonomía territorial. En la página 81, el artículo 187 en su inciso 4, señala lo siguiente: “En ningún caso el ejercicio de la autonomía podrá atentar en contra del carácter único e indivisible del Estado de Chile ni permitirá la secesión territorial”. Mas claro o explícito no pudo haber quedado establecido.
Muchos agregan que, más recursos a regiones y municipios, provocará desequilibrio fiscal, haciendo parecer que parte de la responsabilidad fiscal del país recaerá en estas instituciones subnacionales. Pues bien, nuevamente esa idea no tiene sustento en el proyecto de NC, ya que el artículo 245, inciso 3, en la página 81 dice que “el deber y la facultad de velar por la estabilidad macroeconómica y fiscal serán centralizados”. Esto significa que el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección de Presupuestos, jugará un rol esencial, tal como lo ha hecho hasta ahora, para que regiones y municipios enmarquen sus atribuciones fiscales en la política de equilibrio macroeconómico. Es decir, no será responsabilidad de los gobiernos subnacionales que esto suceda o se resguarde, porque es una facultad centralizada.
Esto no está contemplado en ninguna parte. Es decir, no es real que, de aprobarse el proyecto, comunas con una alta población de pueblos originarios, pasarán inmediatamente a ser territorios indígenas. Lo que contempla la propuesta, es que una ley se encargará de crear un procedimiento para definir las autonomías territoriales indígenas, tal como lo señala el artículo 234, en su inciso 2, página 78, el cual indica que “la ley, mediante un proceso de participación y consulta previa, creará un procedimiento oportuno, eficiente y transparente para la constitución de las autonomías territoriales indígenas. Dicho procedimiento deberá iniciarse a requerimiento de los pueblos y naciones indígenas”.
El proyecto de nueva Constitución, en su artículo 250, establece que “los gobiernos regionales y locales podrán emitir deuda en conformidad con lo que disponga la ley, general o especial”, pero este mismo artículo, en la página 82, establece al menos las siguientes regulaciones:
a) La prohibición de destinar los fondos recaudados mediante emisión de deuda o empréstitos al financiamiento de gasto corriente;
b) Los mecanismos que garanticen que la deuda sea íntegra y debidamente servida por el deudor;
c) La prohibición del establecimiento de garantías o cauciones del fisco;
d) El establecimiento de límites máximos de endeudamiento como porcentaje del presupuesto anual del gobierno regional y municipal respectivo y la obligación de mantener una clasificación de riesgo actualizada;
e) Restricciones en períodos electorales;
f) Estos recursos no podrán ser destinados a remuneraciones ni a gasto corriente.
En definitiva, la capacidad de endeudamiento está altamente regulada y resguardada para no generar desequilibrios fiscales.
Esta es la matriz de todas las mentiras, porque extremo es lo que tenemos hoy. Es decir, que seamos de los últimos países OCDE en gasto subnacional, que existan municipios que se demoran muchos años en concretar un semáforo para su comuna, que recién llevemos un año eligiendo democráticamente autoridades regionales, ¡eso es extremo centralista! El centralismo actualmente vigente es muy “poco OCDE”; con este proyecto constitucional en materia de descentralización recién nos situaremos en una “escala media” de la descentralización a escala internacional.
No sigan produciendo fantasmas ni mentiras en torno a la propuesta de Estado regional, los 64 artículos y 123 incisos del capítulo 6, “Estado regional y organización territorial”, dan cuenta de una propuesta mejorable, que no es perfecta, pero que es responsable, en tanto combina autonomía con responsabilidad fiscal y establece una relación armónica y mucho más equilibrada entre el nivel central y los niveles territoriales de gobierno.
