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EDITORIAL

Héctor Llaitul debe ser sometido a la legalidad del Estado de Chile

por 28 julio, 2022

Héctor Llaitul debe ser sometido a la legalidad del Estado de Chile
El nudo de riesgo de seguridad que ha puesto la CAM y su líder a la zona sur del país es de extrema gravedad y complejidad. Sus acciones expresan un plan primario político militar con aspiración a la independencia política, aunque por el momento se mantengan en un nivel de propaganda armada. De ahí que el tema de fondo sea la defensa del Estado de Derecho, la unidad política del país y el orden público interno, amenazado por una fracción insurreccional mapuche, que el Gobierno de Chile no puede ni debe ignorar, y que, por lo además, trabaja por el fracaso de cualquier nueva Constitución que busque conseguir una vida pacífica entre los chilenos.
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Héctor Llaitul, el líder de la denominada Coordinadora Arauco Malleco (CAM), ha ido radicalizando su acción política hasta elegir, sin ambigüedades, el camino de la violencia armada para oponerse al Estado de Chile.

Más allá de las responsabilidades políticas de los últimos gobiernos democráticos en este proceso de radicalización, ella es un contrasentido ante el amplio reconocimiento de los derechos políticos y culturales de los pueblos originarios que contiene el texto propuesto como nueva Constitución, convirtiéndose así, en los hechos, Llaitul y la CAM en cabecillas del Rechazo.

Lo actuado por Llaitul (que no son puras palabras ni provocaciones, sino que delitos de variada índole), constituye un cierre de puertas violento a cualquier diálogo político, y compete al gobierno de Chile y demás instituciones competentes de la República, adoptar medidas de sometimiento, legal y/o militar, de la CAM y su líder.

Y más allá de los delitos cometidos, las declaraciones de Llaitul sobre violencia y sabotaje son una idea político-militar sobre el uso de la violencia mapuche en contra del Estado de Chile. En este contexto, la reacción del ministro Segpres, Giorgio Jackson, señalando que este gobierno “no persigue ideas”, es de pocas luces y pone en entredicho la real comprensión y voluntad del gobierno en esta materia. El ministro, con sus palabras, consolida una postura de inacción y tolerancia sobre el uso de la violencia como instrumento de la política.

La postura de Jackson converge con la negación de otros personeros políticos, como la ministra vocera Camila Vallejo, quien sostuvo que los dichos del dirigente mapuche son “un tipo de provocaciones”, mientras que el Gobierno trabaja “en una salida y solución política al conflicto”. Ello hace suponer que es un tema discutido, sobre el cual el gobierno decidió no actuar. Tanto así que el Presidente de la República dijo que “no legitima la violencia política”, y reafirmó la idea de que todo tiene que ser investigado y que “ tenemos un problema muy grave, y para solucionarlo no lo vamos a lograr si es que caemos en las provocaciones de quienes no quieren diálogo”.

Es difícil percibir con quién, o a base de qué, el gobierno estaría intentando un diálogo, pues prácticamente ya es imposible el ingreso pacífico a la zona de agentes de la ley, fiscales, e, incluso de brigadas de control de fuego o personal de salud.

La postura del gobierno constituye una señal demasiado confusa en un momento en que el Congreso Nacional debe resolver la extensión del Estado de Excepción en la Macrozona Sur  y, eventualmente, su ampliación a la Región de Los Ríos, nueva zona en la cual ya actúa violentamente la CAM.

El nudo de riesgo de seguridad que ha puesto Héctor Llaitul y la CAM a la zona sur es de extrema gravedad y complejidad. Sus acciones no son una invitación a dialogar, sino que expresan un plan primario político-militar con aspiración a la independencia política, aunque por el momento se mantengan en un nivel de propaganda armada. Pero dadas las circunstancias y la atmósfera de violencia en la zona, las víctimas fatales no tardarán en aumentar.



De ahí que el tema de fondo sea la defensa del Estado de Derecho, la unidad política del país y el orden público interno, amenazado por una fracción insurreccional mapuche. Que el gobierno no puede ignorar, y que objetivamente trabaja por el fracaso de cualquier nueva Constitución que persiga consolidar una vida pacífica entre los chilenos.

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