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Falsa prescindencia

por 12 agosto, 2022

Falsa prescindencia
El devenir de un Estado activista nunca ha sido positivo, ya que generalmente es acompañado de prácticas que socavan la tolerancia, limitan el pluralismo, asfixian a la sociedad civil y facilitan la corrupción. Así también, debilita el mérito tanto en las contrataciones como la asignación de recursos, predominando el patronazgo y el clientelismo. En consecuencia, deteriora el buen funcionamiento de las instituciones públicas y profundiza la desconfianza en sus enunciados, toda vez que se develan parciales.
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Respetar el principio de prescindencia política quiere decir que todas las autoridades, jefaturas y funcionarios públicos no pueden favorecer o perjudicar alguna de las opciones que se votarán el 4 de septiembre. Sin embargo, esta administración ya ha señalado que no es neutral frente al plebiscito y que la implementación de su programa requiere de la aprobación de la propuesta de nueva Constitución. Incluso, el Presidente “instó” a los partidos del oficialismo a concordar reformas al texto previo a su votación, para así dar una mayor viabilidad al Apruebo. Con todo, el Gobierno ha sabido encubrir formalmente este posicionamiento bajo el argumento de estar informando a la población.

Este modo de actuar del oficialismo no es anecdótico ni accidental, sino que obedece a la ideología que lo sostiene. Mientras el liberalismo promueve un Estado neutro, técnico e impersonal, las ideas que se le oponen propugnan un Estado generalmente activista, ya que, desde la visión marxista particularmente, la pretendida imparcialidad del Estado liberal no sería más que una fachada para encubrir los intereses de la clase dominante. Si el Estado nunca puede ser neutro, como sostiene esa concepción, sino que siempre está actuando en favor o en contra de los intereses de una clase, entonces el rol de los dirigentes que ocupan sus cargos de mando consiste, precisamente, en utilizar el aparato público para defender los supuestos intereses del pueblo, que solo en un gobierno de izquierda estarían alineados con los del gobernante.

El problema de sostener una concepción como esta es que el devenir de un Estado activista nunca ha sido positivo, ya que generalmente es acompañado de prácticas que socavan la tolerancia, limitan el pluralismo, asfixian a la sociedad civil y facilitan la corrupción. Así también, debilita el mérito tanto en las contrataciones como la asignación de recursos, predominando el patronazgo y el clientelismo. En consecuencia, deteriora el buen funcionamiento de las instituciones públicas y profundiza la desconfianza en sus enunciados, toda vez que se develan parciales.

Es legítimo no adherir a las ideas del liberalismo, pero la neutralidad y prescindencia estatal le trascienden, ya que son esenciales para que los procesos electorales se generen en un contexto de juego limpio. Cuando no es así, difícilmente sus resultados podrían ser validados por la ciudadanía. Sin embargo, para el Gobierno pareciera ser demasiado tarde para cambiar de rumbo, pues la Contraloría General de la República ya ha comenzado una investigación en su contra, originada en las denuncias de intervencionismo. Esperemos que el pronunciamiento de la entidad fiscalizadora disuada tanto a este como a los futuros gobiernos de la tentación de replicar las malas prácticas que ha efectuado el oficialismo. Sin duda, un lamentable escenario al que nunca hubiésemos querido llegar.



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