Opinión
La expulsión del mercado laboral, así como el desarrollo de actividades productivas y comerciales autónomas, redunda en la emergencia de trabajadores informales. Esta frágil estrategia de supervivencia de los actores, que en el marco de un endeble mercado del trabajo se ha normalizado bajo el emblema del “emprendimiento”, deriva en inestabilidad, pobreza y exclusión social, haciendo de la informalidad una de las expresiones más brutales de la precarización del empleo.
En Chile, el mercado del trabajo formal está compuesto por dos grandes grupos. Por un lado, con un 84%, encontramos las “ocupaciones clásicas”, donde las personas trabajan directamente para la empresa que los contrata. Por otro lado, con 16%, aparecen las “ocupaciones flexibles”, en las que los trabajadores se vinculan a una empresa mandante a través de una contratista o una empresa de servicios transitorios. De forma paralela, en una zona gris entre lo formal y lo informal, encontramos al grupo de los “trabajadores por cuenta propia”, quienes, en los últimos diez años y pandemia de por medio, han aumentado cerca de un 30%.
En una trama diferente están las actividades remuneradas pero que no están registradas, reguladas o protegidas por marcos legales o normativos, donde las personas no cuentan con contratos, ni con prestaciones laborales, ni mucho menos con protección social. Nos referimos al trabajo que se realiza por fuera del mercado laboral formalmente establecido, generalmente por cuenta propia, pero sin registro ni seguridad social asociada.
La informalidad del mercado del trabajo nacional es un fenómeno que viene dando que hablar. Según indicó la semana pasada el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en un año, la expansión de la población ocupada informal ha sido de 14,8%, influida a nivel sectorial principalmente por el comercio (16,2%) y las actividades de los hogares como empleadores (62%), así como a nivel ocupacional por las ocupaciones elementales (26,2%) y los trabajadores de servicios y comercios (18,1%), aunque, a nivel país, la mayor tasa de ocupación informal se observó en agricultores, trabajadores agropecuarios y pesqueros (51,9%), y artesanos y operarios de oficios (44,3%).
Las razones para la informalización responden principalmente a cuestiones estructurales, como la incapacidad del mercado laboral para generar puestos de trabajo o, de producirlos, estos son de características flexibles, de corta duración, estacionales y mal remunerados. De hecho, en regiones como Magallanes, Antofagasta y Atacama, todas con una remuneración mensual por sobre el promedio país –el cual, según la Encuesta Suplementaria de Ingreso (ESI, 2021), alcanza los $681.039 líquidos mensuales–, la tasa de informalidad se ubica dentro de las menores a nivel nacional. En contraste, regiones como la Araucanía, Ñuble, Maule y O’Higgins, todas con sueldos mensuales menores por más de $110.000 respecto al promedio nacional, en las últimas mediciones disponibles, presentan una tasa de informalidad que supera el promedio país de 27,1%.
Relacionado con esto último, no podemos descartar las motivaciones individuales para emprender actividades que estén fuera de la formalidad. Es decir, ante un mercado del trabajo que no es capaz de entregar condiciones laborales o remuneraciones decentes o que, cuando integra, lo hace promoviendo la desigualdad y muchas veces de manera precaria, las personas, frente a la necesidad de asegurarse el sustento, son empujadas a “elegir” la informalidad.
La expulsión del mercado laboral, así como el desarrollo de actividades productivas y comerciales autónomas, redunda en la emergencia de trabajadores informales. Esta frágil estrategia de supervivencia de los actores, que en el marco de un endeble mercado del trabajo se ha normalizado bajo el emblema del “emprendimiento”, deriva en inestabilidad, pobreza y exclusión social, haciendo de la informalidad una de las expresiones más brutales de la precarización del empleo.
