Instituciones, elecciones y la salud de la democracia

En los últimos días, parlamentarios de extrema derecha, movilizados por la opción Rechazo, se han esforzado por instalar una artificial polémica sobre una hipotética amenaza de fraude electoral en el plebiscito del próximo 4 de septiembre. Los casos invocados para ello, de inscripciones electorales erróneas, son mínimos y ya satisfactoriamente explicados por el Servicio Electoral (Servel) y el Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCEI). Y aunque ojalá no ocurra, también existe la posibilidad de que pudieran detectarse errores en la redistribución general de mesas, que se aplicará por primera vez en este plebiscito. Ello tiene un antecedente el año 2016, con unos 480 mil casos de errores de domicilio (un 3% del padrón), que dificultó votar, pero que no lo impidió, por lo que no alteró la voluntad popular.

Sin perjuicio de lo valioso de mantener un atento control de las inscripciones, la existencia de tales errores, en un padrón de 16 millones de votantes, carece absolutamente de valor estadístico comprobable y no amerita el tipo de juicios y extrapolaciones en los que actualmente algunos personeros de la extrema derecha están incurriendo.

Las presunciones y extrapolaciones hechas, sin mayor fundamento, debilitan (o buscan debilitar) la confianza ciudadana en el funcionamiento sano de los mecanismos electorales, y lesionan a toda la institucionalidad del Estado. Al poner este tipo de dudas a solo días de una elección, atentan contra las bases mismas de la democracia y la reproducción sana del cuerpo político, creando de manera artificial una enrarecida atmósfera social preelectoral.

No son pocos los Estados democráticos que contienen drásticas sanciones sobre quienes levantan sospechas infundadas de este carácter y que, junto con aplicar importantes sanciones penales a funcionarios que se atreven a manipular datos electorales, también lo hacen con quienes cultivan sin fundamento el terror psicológico del fraude, lo que golpea a la democracia y sus instituciones.

Entre los hechos políticos más relevantes del siglo XX, estuvo el reconocimiento masivo y la aceptación amplia de que la democracia, más allá de todas sus imperfecciones, es la mejor forma de gobierno, más honesta, útil y amable para la gente, y respetuosa de los derechos humanos; y que, en lo particular de los sistemas políticos, un proceso electoral probo, transparente y seguro, es el mecanismo que habilita la continuidad de una vida política nacional decente, con estabilidad, paz social y una renovación sana de sus autoridades y programas.

Chile tiene una historia reciente de un período dictatorial en que se celebraron actos electorales en los cuales no hubo inscripciones ni registros, ni votación libre e informada, y cuyos resultados fueron validados por el puro poder gobernante, de manera discrecional, arbitraria y violenta.

Pero desde 1988 hacia acá, aquello cambió. Los actos electorales se han celebrado siempre bajo la primacía de la ley, pertenecen al ámbito del derecho público, se rigen por claras normas constitucionales y otras derivadas de ellas, tanto para las responsabilidades de las autoridades como para las de los ciudadanos. Y tienen como norte el interés común de los habitantes del país. De todo esto son testigos y actores algunos parlamentarios que ahora tratan de levantar la teoría del fraude.

Las instituciones son una creación política colectiva en democracia, que las ha prefigurado o mejorado con la opinión de todos y que a todos sirven por igual, como un gran capital ciudadano, por lo que deben protegerse y desarrollarse.

No cabe entonces situarse en un plano político de dudas sobre la realización transparente del plebiscito, como están haciendo algunos líderes opositores. Ello cuestiona el destino de nuestra democracia, justo en el momento en que se decide libremente sobre una nueva Constitución que nos rija.

La lógica binaria Apruebo-Rechazo tiene detractores con argumentos legítimos en ambos sectores, pero en una línea de continuidad legal e histórica. La teoría del fraude y la conspiración, por el contrario, es una tercera vía que propicia el desamparo institucional y la destrucción de la democracia. Es una lógica contra el interés de la gente, y solo sirve a quienes tienen suficiente poder fáctico para sobrevivir a una desestabilización nacional.