Opinión
Después de más de 40 años, el negocio de las Isapres ha enfrentado una creciente judicialización, manifestada en el ingreso de más de 300 mil recursos de protección en lo que va del año 2022. La Tercera Sala de la Corte Suprema, en un fallo unánime, sentenció detener alzas generales de planes, restituir el dinero de las alzas realizadas de manera injustificada y pagar las costas judiciales. Por otro lado, las Isapres mantienen una deuda con las clínicas por más de 500 millones de dólares. Con tantos gastos y con dificultades para aumentar los ingresos (alzas de planes), la evolución espontánea del negocio sería la quiebra.
La Constitución de 1980 le entregó los derechos sociales al mercado. Pese a las múltiples reformas del texto, esta estructura no se ha modificado en su esencia y, de hecho, el artículo de salud (art.19, N9) se ha mantenido intacto desde la versión original de dicha Constitución. Esta entrega al mercado se materializó con el sistema de aseguramiento privado de salud individual con fines de lucro, financiado con cotizaciones obligatorias, entregándoles a las Isapres, además, la prerrogativa de cobrar precios sobre la cotización obligatoria en función de la situación de salud de las personas que quisieran afiliarse, hecho que es único y constituye una anomalía a nivel internacional.
Esto ha contribuido a generar un sistema de salud fragmentado y segmentado, donde la integración vertical, la discriminación según riesgo, los sobreprecios de prestadores y el alza de precios de planes de salud han sido de las mayores deudas pendientes. Tuvimos que vivir una pandemia, para lograr integrar –momentáneamente– el sistema de atención público y privado, para atender a las personas independientemente de su capacidad de pago.
Después de más de 40 años, el negocio de las Isapres ha enfrentado una creciente judicialización, manifestada en el ingreso de más de 300 mil recursos de protección en lo que va del año 2022. La Tercera Sala de la Corte Suprema, en un fallo unánime, sentenció detener alzas generales de planes, restituir el dinero de las alzas realizadas de manera injustificada y pagar las costas judiciales. Por otro lado, las Isapres mantienen una deuda con las clínicas por más de 500 millones de dólares. Con tantos gastos y con dificultades para aumentar los ingresos (alzas de planes), la evolución espontánea del negocio sería la quiebra.
Esta situación deja en evidencia la fragilidad que produce un sistema de salud entregado al mercado y refuerza la necesidad de avanzar a un sistema de seguridad social, donde el acceso a la atención de salud no dependa de la capacidad de pago de las personas.
¿Qué es lo importante? Ciertamente el foco debe ser rescatar a las familias que hoy tienen planes de salud privados, permitiendo mantener el acceso a tratamientos y prestaciones que ellas actualmente tienen, sobre todo a personas con enfermedades en estudio o tratamiento. El rescate debe ser a las personas, no a las Isapres.
Porque lo que requerimos es un sistema donde todas las personas puedan acceder a todas las horas disponibles de especialista, por ejemplo, y no más la vergonzosa situación actual en que quienes no tienen recursos puedan morir esperando. Esta crisis social y sanitaria es una coyuntura que entrega una oportunidad única para avanzar en la discusión sobre la integración de prestadores públicos y privados, como la pandemia nos enseñó que era posible, avanzando de manera seria y responsable hacia la universalización del acceso a la atención de salud, con el objetivo social y compartido por toda la sociedad de mejorar las condiciones de salud de la población.
