Se busca Conservador de Santiago: cargo vitalicio con renta superior a los $2 mil millones anuales

La papa es caliente y en La Moneda parece que no quieren tomarla, aun cuando el paso es ineludible. Mal que mal, se trata de nombrar a una persona que puede “percibir por lo bajo unos 150 millones de pesos, cosa que es impresentable en el Chile de hoy”, dice una fuente al interior de la Corte de Apelaciones de Santiago, la institución a cargo de elaborar la terna de aspirantes a ocupar el cargo más codiciado como auxiliar de la administración de justicia: el Conservador de Hipotecas y Gravámenes de Santiago, puesto que quedó vacante tras el fallecimiento –en agosto del año pasado– de Edmundo Rojas García, quien ejerció esa labor por alrededor de 50 años.

La muerte del conservador reflotó un tema con varias aristas que resultan incomprensibles para el común de los chilenos. Se trata de uno de los tres cargos que integran el Conservador de Bienes Raíces (CBR), una institución añosa en manos de abogados que han tenido cierta trayectoria en el ámbito notarial y registral. Los otros dos son el conservador a cargo del Registro de Propiedad y Comercio, que hoy ocupa Luis Maldonado Croquevielle; y el conservador que controla el Registro de Prohibiciones e Interdicciones de Enajenar, labor en manos de Kamel Saquel Zaror. Estos tres cargos son vitalicios, una de sus varias singularidades.

Pese a que la terna fue presentada el 7 de marzo, el Gobierno de Chile aún no se pronuncia, y todo parece indicar que postergará el nombramiento, extendiendo así el interinato que el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Madrid, le confirió a Francisco Leiva, quien se desempeñaba como titular de la Segunda Notaría de Santiago. Un conocedor del proceso sostiene que no solo es problemático por el hecho de designar a una persona que “percibirá un botín de 150 millones de pesos mensuales por lo bajo, y más encima limpios de polvo y paja”, en un país con tantos desequilibrios e inequidades, sino también por las presiones que se ejercen desde diversos sectores “para quedarse con ese botín” y, para colmo, por los antecedentes que tienen los tres candidatos: Camila Jorquiera Monardez, actual conservadora de Bienes Raíces y Archivera Judicial Titular de Talca; Carlos Miranda Jiménez, notario y conservador de Minas Titular de Concepción; y Tomás Jarpa Concha, conservador de Bienes Raíces y Archivero Judicial Titular de Copiapó.

“Las personas no saben los intereses que hay detrás de cada candidato, porque los tres tienen sus padrinos y vínculos. Camila Jorquiera pasó hace muy poco de tiempo de Coyhaique a Talca y ya está aspirando al cargo más apetecido, arrastrando una serie de sanciones por parte de la Corte Suprema”, señala una fuente al interior del Palacio de Justicia, quien recordó el castigo que recibió luego de que un mecánico analfabeto la acusara de estafarlo con una parte del premio de $580 millones que recibió tras ganar el Loto, hecho que se remonta a 2011, situación que Jorquiera desmintió en su minuto, asegurando que todo se trató de un error administrativo. Otra fuente sostiene que “para todos fue fuerte saber que la Corte de Apelaciones y quienes empujaban su candidatura no tuvieran a la vista este antecedente. Se les pasó un pequeño detalle”, indica. Dentro de sus padrinos y madrinas se contaría a Ximena Rincón.

¿Y de los demás? “Los otros también tienen antecedentes o vinculaciones complicadas para el Gobierno». Carlos Miranda, por ejemplo, estuvo metido en un escándalo no menor cuando, en 2017, viajó a Taiwan durante un año y siguió recibiendo ingresos como notario de Concepción, dejando de suplente a Juan Rubilar, exministro de la Corte de Concepción. Para ese viaje solicitó un permiso especial, con lo que consiguió ausentarse de sus obligaciones por un año junto a toda su familia. Su padre fue uno de los fundadores del ultraderechista Partido Viauxista, que terminó salpicado por el caso del exquímico de la DINA, Eugenio Berríos. Dentro de sus padrinos, figura el lobbista Eugenio González, más conocido como «el pingüino».

Tomás Jarpa Concha, por su parte, es el conservador y archivero de Copiapó, hijo del exdiputado Carlos Abel Jarpa Wevar, quien se sabe echó en su momento a todos los funcionarios para recontratarlos por menos plata. «Está bien, es todo legal, pero son cosas que se vuelven incómodas para sopesar en un proceso evaluativo”, sostiene una fuente.

“Imagínate lo que debe ser para el Gobierno tener que nombrar a alguien sabiendo que su inclusión en la terna es fruto del pituto. Para un Gobierno que llegó con el discurso de detener esta mala práctica, es algo muy difícil”, agrega.

En el Ministerio de Justicia declinaron entregar luces sobre este espinoso tema, silencio institucional que también impera en el Poder Judicial. Mientras tanto el tiempo pasa y el Gobierno aún no se decide a designar al nuevo conservador de Hipotecas y Gravámenes, el codiciado cargo que genera más ingresos que el que puede percibir, incluso, el gerente de una gran empresa, y que equivale a 20 veces el sueldo de un Presidente de la República. Un funcionario del CBR reconoce que el solo hecho de aspirar al cargo requiere de contactos judiciales y políticos.

“Afortunadamente ahora se han hecho mejoras con autos acordados e iniciativas que ha impulsado la Corte de Apelaciones en orden a establecer un ranking y una evaluación algo más objetiva, pero el ingreso a la carrera registral todavía está en una zona gris, y en eso no hay ninguna mentira”, sostiene. “Tampoco son muchos los requisitos, salvo tener dos años de ejercicio, pero no existe un curso habilitante para ingresar a la carrera notarial y registral como el que tienen los jueces, por ejemplo”, detalla.

Tampoco es, como se dice en jerga futbolística, “tirar y abrazarse”, ya que la fuente al interior del CBR recuerda que “la evaluación curricular, que marca la primera etapa, descrema al 60% de los aspirantes. Luego viene una evaluación de conocimientos y se vuelve a quedar un grupo bastante menor del 40%, que saltó la primera valla. De ahí se pasa a una evaluación psicolaboral y psicológica, un examen de conocimientos y habilidades que son típicos en las áreas de recursos humanos para cargos gerenciales. La Corporación Judicial ha invertido harto en eso, hasta que llega a un grupo de 15, y a todos ellos se les llama a una audiencia pública para escucharlos. De ahí en más, se pasa a la terna que se le propone al Presidente de la República”. Es en este último cedazo donde surge ese «componente subjetivo» de los magistrados del tribunal de alzada, sostiene.

La confección misma de la terna fue, de hecho, blanco de duras críticas en su minuto, pues los tres finalistas obtuvieron un puntaje menor que otros postulantes. De un total de 90 puntos como evaluación máxima, Camila Jorquiera Monardez obtuvo 79,50 puntos; Carlos Miranda Jiménez llegó a 82,30; mientras que Tomás Jarpa Concha obtuvo 72,50. Otros aspirantes, como el conservador de Bienes Raíces y Archivero Judicial Titular de Arica, Fernando Monterola Salas, obtuvo 85,90, mientras que el conservador de Bienes Raíces y Archivero Judicial Titular de Puente Alto, Sergio Yáber Lozano, sacó 86,70 de puntaje final.

Maldonado Croquevielle, el conservador a cargo del Registro de Propiedad y Comercio, reconoce la existencia de este problema y sostiene que «la Corporación de Derecho Registral durante años le ha hecho ver a los distintos gobiernos que esto debe cambiar, para que se condiga con los estándares de transparencia que exige la ciudadanía hoy en día. Por eso, insistimos en que los nombramientos deben ser hechos para quien obtenga el mayor puntaje en la ponderación de los exámenes que actualmente la Corte Suprema exige para cada concurso de notario o conservador (examen de evaluación curricular, examen de conocimientos, evaluación de habilidades y destrezas y entrevista psicolaboral), además de exigirles una propuesta seria y viable de tecnologización de los oficios». Respecto a los altos ingresos, Luis Maldonado ya ha dicho en otras ocasiones que se han creado muchos mitos al respecto.

Un servicio caro y discreto

Hay algo muy llamativo respecto de esta institución que auxilia la labor de la justicia. En primer término, y contrario a lo que mucha gente piensa, los conservadores no son funcionarios públicos y ejercen ese rol de manera vitalicia, sin que nadie hasta ahora logre explicar por qué. Incluso las personas que más han investigado del tema, como Julio Peña, investigador de Clapes UC y académico de la Universidad del Desarrollo (UDD), son incapaces de ir más allá de las conjeturas.

Otra pregunta que surge es por qué el Estado no puede asumir esa labor del mismo modo que lo hace, por ejemplo, el Registro Civil, procurando con ello un mejor servicio y a un menor precio. ¿Cómo es posible que nadie haya podido impulsar una reforma? ¿Cómo es posible que ni la Convención Constitucional, que tuvo la audacia de eliminar el Senado, tampoco haya logrado acabar con esta institución? ¿Cómo es posible que se perpetúe una lógica endogámica y tan poco meritocrática, según apuntan sus críticos? Y, para colmo, ¿cómo es posible que el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, algo así como el epítome de todos los vicios del sistema, puede generar un ingreso tan alto para un profesional?

El conservador Luis Maldonado Croquevielle avisa que el Estado «no tiene la capacidad ni la experticia de llevar los registros conservatorios, en particular los de bienes raíces, ya que la calificación registral implica un estudio detallado de la situación jurídica pasada y actual de un inmueble, para que su transferencia se haga conforme a la ley (…). Por otra parte, el Registro Civil está lejos de ser infalible: con cierta habitualidad encontramos sentencias en tribunales que corrigen alguna actuación». Asimismo, Maldonado Croquevielle advierte que «un eventual sistema de repositorio de información de inmuebles sería tercerizado en algún gigante tecnológico a través de una licitación, lo que sumado a la falta de un marco de protección de los datos personales, expone gravemente la información personal de la ciudadanía».

Una fuente dentro del Palacio de Justicia entrega un dato interesante: “El botín es un argumento atractivo para desechar cualquier reforma. ¿Cómo se financian las campañas de los amigos en política? En este lugar se mueve mucha plata. El conservador de Santiago tiene personal que saca fotocopias ganando 4 millones, solo porque es amigo o familiar de alguien. Eso no puede ser donde el sueldo promedio es de 700 mil pesos”.

“No lo sé, francamente”, dice el académico Julio Peña con una franqueza que llama al asombro, el mismo que provocó hace unos 10 años cuando él y el abogado Javier Velozo publicaron, en la Universidad Alberto Hurtado, un paper donde calculaban que el conservador de Santiago genera un ingreso mensual mínimo de 180 millones. Acaso confluyen muchas cosas: el desconocimiento que mucha gente tiene de su labor, la idea de que no es un servicio que esté en los medios dando problemas, la clásica inercia institucional que con el paso de las décadas inhibe el impulso reformador…

“Tengo una intuición y la sugerimos con Javier (Velozo), y creo que tiene que ver con entrega de privilegios”, sostiene el economista en referencia a eso que llamamos la inercia histórica. “Hay una historia muy antigua de que este tipo de trabajos, originalmente los escribanos de la Colonia española, eran puestos que se compraban. Y a la Corona le interesaba vender poco porque, siendo pocos y muy caros, recaudaban más. ¡Pero es increíble cómo persiste en el tiempo!”, agrega.

Otro elemento crítico del sistema es que “el alto costo no se ve reflejado en un servicio de calidad. ¿Cómo no va a ser posible licitarlo? Entonces, surgen las historias en el ámbito judicial de cómo los conservadores son parientes y amigos con gente de la Corte de Apelaciones, y en ese sentido sería interesante establecer los vínculos que pudieran existir para darle más transparencia al sistema”, declara Peña. «Insisto: ¿por qué no poder licitar de forma transparente este cargo exigiendo estándares de calidad determinados, con tecnología online, por ejemplo? La última vez que fui al Conservador, hace 8 años, estaba lleno de gente haciendo cola. Hace un año, hice el papeleo para una empresa, y por el error del Conservador me demoré casi un año en finalizar el trámite. Y ganan un montón de plata, y contratan al hijo de tal, o al amigo del otro de más allá», agrega, en referencia a esa ya clásica práctica cultural del «pituto».

“Hay una renta económica muy jugosa y esa renta quizás se reparte en favores para mantener la estructura. Es tan obvio que esto se puede cambiar a un costo bajo. En otros países todos estos servicios de organizan de otra manera: en Estados Unidos hay un conjunto de cosas que acá hacen los notarios, pero que allá las hace cualquier persona; y en el caso de España, el notario es una de las posiciones más difíciles de obtener. Es muy meritocrático”, agrega el investigador Clapes UC y académico de la UDD.

La reforma que todos quieren pero que nunca llega

Pero hay una nueva reforma corta propuesta por los senadores Álvaro Elizalde (PS) y Matías Walker (DC), tendiente a dividir al Conservador de Bienes Raíces (CBR) de Santiago creando seis nuevos registros, a efectos de desconcentrar su poder, sus rentas y, desde luego, su influencia, apelando de esa manera a una mayor eficiencia en el uso de los recursos, así como a una distribución territorial algo más razonable, considerando para ello la cercanía y la densidad demográfica. El CBR de Santiago, al concentrar bajo su alero a 26 comunas, limita ostensiblemente las posibilidades de que pueda ejercer un control más cercano sobre los actos que allí se realizan.

El senador Walker sostiene que es necesario “desconcentrar la oferta tanto en Santiago como en regiones y aumentar la competencia, y darles más opciones a las personas (…). No hemos podido poner en tabla el proyecto, y estamos a la espera de que el Gobierno le dé urgencia a través del Ministerio de Justicia. Creo que todos compartimos el mismo objetivo”, señala.

“No queremos crear cargos de superricos. Esto es inexplicable para la ciudadanía”, agrega Walker, en torno a las altas rentas que percibe el “triunvirato” al interior del CBR de Santiago.

Luis Maldonado Croquevielle indica que nunca «nos hemos negado a los cambios o perfeccionamientos, todo lo contrario, desde las academia han surgido ideas muy interesantes para mejorar el sistema y dar solución, como por ejemplo, la creación del Consejo Superior para la Fe Pública, encargado de la supervigilancia de los procesos de certificación y registro públicos y privados que rescata experiencia comparada, como el Consejo Superior del Notariado francés o la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública española».

El mismo CBR, según Maldonado Croquevielle, asume que tiene tareas pendientes, como la «aceleración y obligatoriedad de tecnologización del sistema; la unificación de registros para avanzar a un sistema de folio real (donde lo que importa es el inmueble), modificaciones al Reglamento que nos rige para unificar criterios, y un cambio al sistema de nombramiento, haciéndolo totalmente objetivo». Y hay más: «Sin embargo, también es necesario generar un entorno de más transparencia y seguridad, y para ello es clave que cualquier institucionalidad que se proponga esté amparada por el deber del Estado de velar por el resguardo de los datos personales de los ciudadanos que se relacionan con las instituciones públicas y privadas que llevan registros, archivos y certificaciones; en especial atendidos los avances de las tecnologías de la información y la protección de los derechos humanos de quinta generación».

Asimismo, esboza una autocrítica: «No hemos sido capaces de explicar con claridad qué hacemos y cuál es la importancia de esta función para la defensa de los derechos de las personas, no solo frente a terceros (empresas, personas naturales, etc.), sino que incluso frente al Estado. Por eso, es gratificante que entidades como la Fiscalía Nacional Económica, reconozcan, como hizo ya el año 2018, ‘el esfuerzo que ha desarrollado el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, modernizando su proceso de gestión documental, transformándolo en un referente en temas de digitalización’. Hoy, más del 90% de los requerimientos efectuados al Conservador, lo son de manera remota», concluye, Maldonado Croquevielle en defensa del CBR.

La fuente al interior del Palacio de Justicia cree, en cambio, que ahora es la oportunidad de hacer esa anhelada reforma. “El Conservador de Valdivia atiende ahora solo a la comuna, y antes lo hacía con toda la región. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo con el de Santiago? Cuando sea nombrado el nuevo conservador de Hipotecas y Gravámenes, el tema va a volver a perder interés y seguiremos en lo mismo. Por eso es que la ventana de oportunidad es ahora”, puntualiza.

Pero Julio Peña, el investigador de Clapes UC, es algo más escéptico: “Me aburrí de que todo el mundo dijera cosas obvias en los noticieros y pasen y pasen los años y seguimos sin ver cambios. Esto es como Hamlet: Algo huele mal”.