La sociedad civil exige que el Estado y la clase política garanticen la protección frente a la crisis climática

El estallido social (2019) y la pandemia (2020-22) posicionaron temáticas más allá de los problemas que existen en salud y pensiones. Aspiraciones sociales como recuperar el agua, proteger la naturaleza y mitigar el impacto del cambio climático se hicieron presentes.

Previo a la elección de candidatos(as) a la convención constituyente, los resultados de un estudio desarrollado por Greenpeace reflejaron que el 88% de las personas encuestadas creyó que el medio ambiente debía ser una prioridad para constituyentes. El 93% prefería un(a) constituyente que dijera que proteger el medio ambiente es fundamental para pensar en un mejor futuro sobre otro que no lo haga; el 91% manifestó creer que la naturaleza debe tener derechos protegidos por la Constitución y que el 90% indicó que votaría por quien afirme que se debe asumir la crisis climática como prioridad. La propuesta de nueva Constitución presentada estableció el principio de que la naturaleza tiene derechos, y que el Estado y la sociedad tienen el deber de protegerlos y respetarlos, adoptando acciones de prevención, adaptación y mitigación de los riesgos, las vulnerabilidades y los efectos provocados por la crisis climática y ecológica, como también promover el diálogo, la cooperación y la solidaridad internacional para adaptarse, mitigar y afrontar la crisis climática y ecológica. Esta propuesta recibió apoyo público de académicos (200) y representantes de organizaciones ambientales (40) de todo el mundo, destacando que iba a ser la primera Constitución en el mundo en reconocer la crisis climática y ecológica, estableciendo como obligación que el Estado adopte una administración ecológicamente responsable, y medidas de prevención, adaptación y mitigación de los riesgos que genere esta crisis.

Sin embargo, cuando llegó el momento de ratificar esta Constitución Ecológica, el resultado del plebiscito de salida se tradujo en una amplia victoria para la opción de Rechazo. El Rechazo ganó increíblemente en Petorca, comuna que enfrenta escasez hídrica y recibe agua a través de camiones aljibe. Las palabras del Alcalde de Petorca estremecen “no pueden olvidarnos, quizás la gente votó con miedo, ignorancia y desconocimiento, pero seguimos existiendo en esta provincia y en este territorio. La gente no puede seguir invisibilizando territorios tan vulnerados como los nuestros”. La situación de Petorca es un claro ejemplo de cómo el país se enajena con un territorio y recursos naturales para posicionarse en la economía global. Es decir, un conflicto ambiental aceptable para el modelo económico. Sin embargo, los conflictos ambientales también son eminentemente problemas sociales, ya que tienen repercusiones en las fuentes productivas y la economía local, el acceso al trabajo, a la salud y la pérdida de hábitat. Las nuevas condiciones establecen efectivamente reajustes sociales, los que en algún punto promueven migración de la población y abandono de los territorios.

El año 2014, producto del trabajo de un equipo internacional de expertos coordinados por investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona, se creó un Atlas de Conflictos Ecológicos. Con la colaboración de activistas y académicos, se creó un inventario de casos medioambientales que permite a las y los usuarios buscar y visualizar los conflictos por tipo de material. Las comunidades que reciben el mayor impacto de los conflictos ecológicos son pobres, a menudo indígenas, y no tienen poder político para acceder a la justicia ambiental y a los sistemas de salud. En el año 2014, para el caso de Chile, se detectaron 30 conflictos. En el año 2022 se ha alcanzado 60 conflictos, donde está incluido Petorca.

Recientemente, los partidos de Derecha UDI, RN y EVÓPOLI han dejado en evidencia que buscan limitar el debate constitucional basándose en la amplia victoria de la opción rechazo en el plebiscito de salida: “el 62% que rechazó el texto de la Convención permite dar por sentados ciertos mínimos comunes, que debiesen ser planteados como principios del proceso constitucional”. Entre esos mínimos comunes señalan la “protección del medioambiente”, pero también “la protección de la propiedad, haciéndola extensiva a los fondos previsionales y al aprovechamiento de las aguas”. Es decir, protejamos el medioambiente, pero no hablemos de los derechos de agua y la reorganización de usos del territorio para no afectar la propiedad privada. Protejamos el medioambiente de manera “light”.

En el 44% de los conflictos socioambientales de Chile se está afectando el agua. El 53% de las comunas del país han sido declaradas en sequía. Un estudio del WRI realizado en el año 2019 indica que Chile lidera la crisis hídrica en América Latina. Hay que señalar que las mujeres son las más afectadas en el acceso y la propiedad del agua, teniendo un 24% de los derechos de agua. Esto da cuenta de la vulnerabilidad en que se encuentran las mujeres, especialmente en zonas rurales, ante eventos extremos, como sequías, generados por el cambio climático, desastres naturales o antropogénicos. Cabe señalar que extraer agua y utilizarla no es un problema, pero si producto de esa extracción se seca un río, se está despojando a generaciones presentes y futuras de un sustento esencial para la vida. Las actividades que se realizan en un territorio no debiesen provocar pobreza y deteriorar la calidad de vida de las familias, ni a destruir el equilibrio ecológico del que la vida humana depende. Pero por muy lógico que parezca esto, no es tan lógico para aquellos(as) que tienen agua a destajo y facilidad de acceso a naturaleza y áreas verdes. La falta de empatía es brutal.

En medio de este contexto post plebiscito, también ha logrado posicionarse un tema bastante polémico y que estuvo escondido (así como varios(as) personajes) antes de la trascendental votación constitucional: El TTP-11. La aprobación del TPP-11 estaría enfocada en promover la inversión extranjera en el país, lo que coloca en riesgo los recursos naturales de los países llamados «en desarrollo«. La inversión en Chile se enfoca principalmente en la industria extractiva. La experiencia reciente de los países que ya han ratificado el TPP-11 ha demostrado el carácter de este tratado y de sus tribunales pro-empresariales, que no es más que un seguro a las grandes corporaciones sobre sus ganancias y mercados, atando a los países a sus formas de economía actuales, dominados por los oligopolios y a la media de los poderes económicos que ahí actúan. Este tratado solo acrecentará los conflictos socioambientales en los territorios, y su firma es una contradicción a los principios que se establecen en el Programa de Gobierno de Gabriel Boric,

Antes de firmar estos tratados, lo primero que Chile debe definir es cuál es el país que realmente queremos ser, qué Constitución es la que queremos tener.

Muchos(as) parlamentarios(as) que están en contra de los cambios constitucionales sienten un tremendo orgullo por los símbolos patrios. Les molesta que se insulte la bandera o el escudo nacional, pero no les molesta que el Huemul y el Cóndor que son parte del escudo estén en peligro de extinción por destrucción de su hábitat. Se canta a todo pulmón el himno nacional, desestimando por completo que la “majestuosa blanca montaña” se destruye por proyectos extractivos, que “el mar que tranquilo te baña” sea contaminado y arrasado por la gran industria pesquera, y que “el campo de flores bordado” ya no entregue vida por el despojo irracional de agua de la tierra. No molesta ser un país que exporta materias primas y que está a merced del gran empresariado.

Hay una realidad que ningún partido político podrá desconocer, esconder o tergiversar mediante el bombardeo de “Fake news”, y esa realidad es que los conflictos socioambientales están aumentando, y que los efectos de la crisis climática están empeorando. ¿Ha dado buenos resultados la receta para alcanzar el “desarrollo”? El fracaso se transforma en error cuando se ve la oportunidad para empezar otra vez, pero con más inteligencia, pero es absoluto cuando el error no se convierte en experiencia. Por ello, como sociedad civil hacemos un llamado a activistas y agrupaciones territoriales a organizarse, actuar y promover el raciocinio colectivo, y no individual, a exigir a la clase política que se institucionalicen las críticas, y que se lleven a la práctica los históricos diagnósticos realizados en el área medioambiental. La sociedad civil no se relaja, se involucra para asegurarse que el Estado y la clase política garantice nuestra protección frente a la crisis climática.