El Gobierno presentó su propuesta de reforma de pensiones. Antes lo hicieron Bachelet y Piñera sin éxito, a propósito de la falta de respeto, empatía y desconexión de nuestros políticos con la ciudadanía, especialmente con los miles de personas que reciben una pensión de miseria. Ha transcurrido más de una década de discusión estéril en el Congreso. De ahí que la jugada de Boric –audaz, por lo demás– es una oportunidad para esos(as) chilenos(as) que vienen pidiendo a gritos una solución y que “nuestros políticos” han desoído. Pero también es una oportunidad para su propio Gobierno, que se quedó sin relato tras jugarse por entero por la opción Apruebo en el plebiscito.
No cabe duda que el Gobierno, y el oficialismo, viven un momento difícil. El apoyo al Presidente Boric sigue a la baja –alrededor de 25%, una caída estrepitosa si se compara con el 54% con que se impuso hace menos de un año–, a lo que se suma la derrota sufrida por Karol Cariola, quien tuvo que desistir del cargo de presidenta de la Cámara Baja. Su partido optó por protegerla –una decisión sana para una diputada que obtuvo la primera mayoría nacional y tiene mucho por delante–, aunque para la opinión pública la lectura fue clara: no había agua en la piscina. Esto, en una demostración de la falta de credibilidad y escasa consistencia de una parte de nuestra clase política.
El Partido de la Gente (PDG) deshonró su palabra y desconoció un acuerdo asumido en marzo. Aunque la voltereta no fue tan sorpresiva. Desde Estados Unidos, su líder Franco Parisi –que sigue moviendo los hilos a distancia– había anunciado unas semanas antes que no votaría por Cariola. De ahí en adelante, sus seguidores cambiaron de opinión y desecharon el compromiso.
Lo dramático es que, en los últimos dos meses, nuestra política y nuestros políticos han vuelto a recordarnos por qué la ciudadanía se hartó de ellos en 2019. Vueltas de carnero, incapacidad de encontrar puntos comunes y mucho espectáculo de poca monta. Y los ciudadanos, la civilidad, como meros espectadores del show. Esto es extrapolable al proceso constitucional, que tuvo una semana completamente “en banda”. Es decir, no solo sin avances, sino que incluso sin acercamientos ni reuniones formales.
En ese contexto es que el Gobierno presentó su propuesta de reforma de pensiones, un verdadero déjà vu. Antes lo hicieron Bachelet y Piñera sin éxito, a propósito de la falta de respeto, empatía y desconexión de nuestros políticos con la ciudadanía, especialmente con los miles de personas que reciben una pensión de miseria. Ha transcurrido más de una década de discusión estéril en el Congreso. De ahí que la jugada de Boric –audaz, por lo demás– es una oportunidad para esos(as) chilenos(as) que vienen pidiendo a gritos una solución y que “nuestros políticos” han desoído. Pero también es una oportunidad para su propio Gobierno.
Partamos por el hecho de que el proyecto anunciado por La Moneda es bastante fiel a lo que prometió en su programa gubernamental. Sin embargo, recogió varios aspectos que estaban en los dos intentos previos de avanzar en el tema. Un sistema mixto –con un branding cuidadosamente elegido–, el aumento del 6% de las cotizaciones, esta vez, completamente de cargo del empleador. Y la distribución de ese 6% extra se haría en un 70% al fondo individual y 30% al colectivo. Sin embargo, en los salarios más bajos será 100% del trabajador, y en los altos, 100% del fondo solidario.
No sorprendió la distribución anunciada, pero sí la audacia del Gobierno para remar contra la corriente, ya que –según algunas encuestas– la ciudadanía estaría reacia a “compartir” sus ingresos adicionales, a diferencia de la opinión que predominaba en 2019, cuando el argumento era simple y compartido: la solidaridad ayudaría a compensar las pensiones más bajas e “indignas”. Y aunque se anunció el fin de las AFP, quedó la duda de si esto no responde más a un cambio de nombre que a un cambio de fondo, aunque el Estado entrará ahora como actor.
¿Dónde estarán los puntos clave de la discusión y el debate? El primero, si el proyecto deber ser tratado como un todo o dividirlo en dos: la PGU y el cambio al sistema –este será un objetivo de la oposición–. El segundo, si el 6% debe ser íntegramente aportado por el empleador o incluir un porcentaje del Estado y del propio empleado, y finalmente, la distribución del 6%. Por supuesto que La Moneda se lanzó con el tejo pasado, y aunque en términos de OOPP hoy pareciera que la gente no estaría por aportar solidariamente –curioso, cuando venimos saliendo de la Teletón…–, recordemos que en el proyecto de Bachelet se contemplaba la fórmula 3/2 –es decir, que un 2% fuera a un fondo común–, y en el del ex Presidente Piñera, la distribución era de un 3/3. Esperemos que, al ingresar el proyecto al Congreso, La Moneda despeje estos puntos y otros más específicos, como si serán los propios independientes los que deberán financiar su 6%.
Pero más allá de lo importante que el tema es para la población –de eso no hay duda, aunque algunos han tratado de convencernos de lo contrario–, ¿por qué es tan importante para el Gobierno el proyecto? Porque, desde el triunfo del Rechazo, La Moneda se quedó sin relato. Boric tiene la oportunidad de recuperar la agenda y conectar con la ciudadanía en un tema sensible, además de promover un debate en que la derecha se verá obligada a alinearse con intereses como las AFP y ciertos sectores empresariales, como ya lo hizo en los intentos de Bachelet y Piñera.
Después de ocho meses muy cuesta arriba y la derrota en el plebiscito –el propio Gobierno asoció los procesos–, Boric tiene una oportunidad, quizás la última, para empezar a remontar antes de iniciar su segundo año de gestión, en cuatro meses más. Además de habilidad política y capacidad de negociación y diálogo, La Moneda deberá afinar bien su estrategia comunicacional. Al menos, en los primeros días, la puesta en escena ha sido acertada, partiendo por utilizar a Marcel como supravocero. Veremos.