PAÍS
Han pasado cuatro meses desde que la ex alcaldesa de Antofagasta fuera descubierta como prófuga en Países Bajos y con ello puesta a disposición del tribunal de Róterdam. Mañana a las 5:30 de la mañana comenzará la audiencia para el proceso de extradición pedido por el Estado Chileno para el cumplimiento de la pena de 5 años y un día de cárcel efectiva por fraude al fisco. Su defensa alegará, frente al Tribunal de Países Bajos, que su defendida ha sido víctima de persecución política y que por eso huyó del país. Para ello se centrará en lo desproporcionada de la sentencia y en una seguidilla de intercambios verbales públicos -registrados por la prensa- entre ella y representantes de Renovación Nacional que demostrarían la necesidad de asilo.
A puertas cerradas, sin transmisión en línea y sin prensa comenzará mañana a las 5:30, hora chilena, el proceso de extradición de la ex alcaldesa de Antofagasta Karen Rojo Venegas, condenada a 5 años y un día por fraude al fisco. La decisión de privacidad corresponde al Tribunal de Países Bajos, esto implica que solo estarán presentes los abogados holandeses de Rojo, la fiscalía de Países Bajos en representación del Estado de Chile y la inculpada.
El Tribunal europeo ya recibió (a fines de marzo cuando se pidió la extradición), por parte de la fiscalía de Antofagasta, encabezada por el fiscal Cristián Aguilar Arabela, el fallo y los antecedentes de la causa, que comprueban principalmente que se trata de un delito grave cuya pena es superior a un año, además de la Ley en virtud de la que fue condenada, entre otros elementos fundamentales. Esto para buscar que la solicitud de extradición sea aceptada.
Esta instancia, a su vez, es vital para la defensa, pues es la oportunidad para argumentar y demostrar que Karen Rojo ha sido víctima de persecución política y que por ello debe ser aceptada como refugiada en ese país.
El principal argumento de Rojo para sustentar su argumento es la Convención de Ginebra (1951). Esto porque señala que la calidad de refugiado puede ser solicitada por cualquier persona que tenga temores fundados de ser perseguida por determinados motivos: opinión política, religiosa, por su pertenencia a una minoría étnica o a un grupo social. En todos los casos, el individuo debe poder demostrar un riesgo real, presente e individual de ser sometido a actos de especial gravedad. La persecución se define como una grave violación de los derechos fundamentales del individuo. Sin embargo, la privación de libertad de un individuo como resultado de una condena penal por parte de un tribunal nacional puede a veces satisfacer esta condición, pero sólo si la pena privativa de libertad parece desproporcionada, teniendo en cuenta los hechos del caso.
En esta instancia la ex alcaldesa ha contado con el apoyo de su hermana abogada, la magistrada de Copiapó, Lorena Rojo Venegas. Según fuentes cercanas a la ex edil, ella ha servido de puente y de guía para que los abogados holandeses realicen la recolección de argumentos en Chile y puedan construir su alegato. De esta manera, la defensa ha contado con colaboradores en Antofagasta para recabar documentos, testimonios, posibles testigos y realizar un completo registro de prensa, “también han buscado nexos entre testigos y el gobierno (entonces de Sebastián Piñera), incluso relación de autoridades políticas con denuncias de compras por Covid”, cuenta una fuente en la II Región.
Un profesional y ex colaborador de la alcaldía añade que “esperan demostrar que todo fue manejado ‘desde arriba’ para sacar a Rojo de la carrera senatorial. Para sostener aquello se apoyarán en encuestas que indicaban que ella era favorita. Y buscarán demostrar la relación entre personajes de RN relacionados con testigos principales durante el juicio de malversación de fondos públicos, en especial de ex funcionarios municipales de sus dos mandatos”.
Además de la persecución política, la defensa se centraría en argumentar que la pena es muy alta para un monto relativamente bajo de defraude fiscal: alrededor de 23 millones de pesos y que esto se relaciona precisamente por movimientos políticos en su contra. «Consideran que se trata de una pena desproporcionada comparada con otros casos mediáticos, como los de las boletas ideológicamente falsas o el caso Caval, donde las penas fueron más leves comparadas a las de la ex alcaldesa», añade la fuente.
También alegarían que las condiciones carcelarias en Chile no serían las adecuadas para su clienta. Para ello presentarían un cuadro e informe de precariedad de las prisiones chilenas.
El origen de esta persecución se encontraría en las desavenencias políticas principalmente con Renovación Nacional. Para ello se estarían apoyando con artículos de prensa, entrevistas y testimonios centrados en el conflicto, por el cupo senatorial, entre Karen Rojo y la actual senadora Paulina Núñez.
Ambas políticas nacieron y crecieron en Antofagasta, pero se conocieron en el primer gobierno de Sebastián Piñera. En 2012 Núñez era secretaria regional ministerial de Gobierno (seremi de Segegob) cuando Rojo fue nombrada seremi de Salud.
En acciones de fiscalización sanitaria y rodeada de prensa local, la ex alcaldesa se hizo famosa. En esos tiempos Rojo era cercana a RN, pero salió electa en la alcaldía como independiente, y tuvo un acercamiento a la Nueva Mayoría apoyando a Alejandro Guillier cuando se sintió poco cotizada por RN. Sin embargo, terminó en la bancada de alcaldes UDI y siendo una potencial carta senatorial del gremialismo.
Durante esa época las declaraciones cruzadas hicieron temer un conflicto nacional entre los partidos.
Por ejemplo, Rojo pidió que Cristián Monckeberg “no use su ministerio para hacer la campaña de su esposa”. Dijo que “es el ministro que más visitas hace y el que menos avances presenta”.
La entonces diputada, en tanto, solía recordarle a la edil sus problemas judiciales: “(Rojo) ha pasado más en tribunales que en la municipalidad. Está formalizada por fraude al fisco, abandono de deberes y malversación de fondos públicos. No le reconozco ninguna superioridad moral, y menos que me venga a emplazar”. Al respecto, la alcaldesa de Antofagasta, en declaraciones a Diario Antofagasta afirmó que “es evidente que la diputada se ve muy nerviosa y con temor porque se acercan las elecciones senatoriales. Por eso recurre a criticar a autoridades que hacemos la pega y tenemos el cariño de la gente”. En la misma publicación, añadió que “se ha dedicado a tratar de perjudicar a cualquiera que la haga sombra sin importar que sean personeros de su misma alianza como la UDI, incluso sepultó la carrera de uno de ellos. Está acostumbrada a derrocar autoridades a cualquier costo. Ese es el estilo de su política ambiciosa que no mide consecuencias y donde no le importa el precio, lo único que le importa es matar la imagen política de sus competidores y la mía”.
Luego de que Karen Rojo fuera suspendida de su cargo, durante la investigación, los concejales de la comuna eligieron a su sucesor: el candidato gremialista Gonzalo Santolaya, sin embargo, fue derrotado luego de que los representantes de RN se alinearan con la opción opositora para votar por el radical Ignacio Pozo que asumió como alcalde interino.
Todo partió cuando la entonces alcaldesa de Antofagasta, decidió hacer un sondeo sobre sus posibilidades de ser reelecta en las elecciones municipales de 2016. Para ello contrató al asesor político y comunicacional, José Miguel Izquierdo, con el fin mejorar su posicionamiento ante la opinión pública y abrirse camino en las urnas.
Para financiarlo, Rojo simuló un contrato con la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta (CMDS), por un total de $23.722.428. El monto fue pagado con fondos del área de Educación y Salud, por lo que en consecuencia y al detectar la irregularidad, el Ministerio Público la acusó fraude. Además, la ex autoridad tomó caudales de la Corporación Cultural de la comuna, precisamente, ($23.145.123), por conceptos de movilización, que fueron pasados como supuestos honorarios para el asesor por servicios que jamás se realizaron.
Tras el juicio en el Tribunal Oral en lo Penal de Antofagasta, Karen Rojo fue condenada a 5 años y un día de prisión efectiva. La defensa apeló al fallo ante la Corte Suprema. Pandemia de por medio, la resolución final no llegó hasta el 23 de marzo de 2022. Ese día sonaron las alarmas cuando Karen Rojo no fuera habida tras el fallo de la Corte Suprema que desestimó el recurso de nulidad presentado por su defensa y por lo cual se ratificó su condena por la defraudación al fisco por más de 23 millones de pesos en el llamado Caso Main. Mientras esto sucedía, ella volaba rumbo a Amsterdam en Países Bajos. Pudo salir del país porque no contaba con medida cautelar ni arraigo nacional alguno, lo que significó un sumario, ordenado por el fiscal nacional Jorge Abbott, en contra del fiscal de Antofagasta, Alberto Ayala.
Desde ese momento se activó la búsqueda por Interpol, luego se solicitó la extradición. Y en abril se encontraron pistas que indicaban que Rojo se había registrado en un centro de acogida para solicitantes de asilo en Teo Apel a 200 km de Amsterdam. Allí la química farmacéutica adujo persecución política en su contra. Finalmente fue detenida el 13 de julio, puesta a disposición de los Tribunales de Róterdam e internada en la cárcel de mujeres de Utrecht. Ese capítulo podría terminar mañana.
Según el profesor de Derecho de Asilo y Juez Asesor de la Corte Nacional del Derecho de Asilo de Francia, Pierre François Laval, que tiene un régimen similar al de Países Bajos, la posibilidad de que la petición de refugio sea acogida no es tan fácil. “Hay muchas situaciones en las que la persecución puede caracterizarse como base para la concesión del estatuto de refugiado. Ser condenado injustamente o a una pena desproporcionada con respecto a los hechos del caso, o ser juzgado por un tribunal que no era independiente e imparcial, o que no respetó otras garantías procesales, como el debido proceso o los derechos de la defensa, puede equivaler a una persecución. Sin embargo, nadie puede quejarse, en el marco de una solicitud de asilo, de la aplicación ordinaria del derecho penal, en el caso, por ejemplo, de que el juez haya constatado un delito de fraude fiscal, en el marco de un procedimiento judicial adecuado. Esta hipótesis entra en la aplicación del derecho común y sus sanciones, y no en la que concierne el asilo político. Un delincuente o criminal no puede escapar a la justicia de su país invocando el asilo, a menos que pueda demostrar que el proceso penal en contra de él se basa en motivos «políticos» en el sentido más amplio”, explica.
Sobre el argumento de la defensa de una pena desproporcionada señala: «yo hablaría simplemente de una mayor severidad; justificada a través de una ley por lo demás. En el estado actual de la información disponible, parece difícil considerar que la condena impuesta a la señora Rojo sea en sí misma “desproporcionada”; a la luz de la legislación que concierne los castigos actualmente vigentes en materia de fraude fiscal; y que la condena haya estado necesariamente motivada por consideraciones políticas. me permitiría recordarle que en noviembre de 2018 se publicó y entró en vigencia, en su país, la Ley N° 21.121, que constituye una verdadera reforma a las normas en torno al tema de la anticorrupción, modificando varios artículos del Código Penal, y eso fue posteriormente a la creación de una comisión (Engel), especialmente establecida para ese efecto. Esa reforma tipifica y sanciona los delitos de corrupción entre particulares y de administración pública desleal. Más precisamente, en el caso de las penas corporales, estas se aumentaron en la mayoría de los casos, pasando por ejemplo de un límite máximo de reclusión menor en grado medio (es decir, de 541 días a 3 años) a un límite máximo de reclusión menor en su grado máximo (de 3 años y un día a 5 años)».
En las próximas hora tendremos algunas definiciones. Una vez finalizada la audiencia el Tribunal debe informar si considera admisible el pedido de extradición por parte del Estado chileno y que el Tribunal fije un plazo para comunicar su fallo. Se estima que este plazo será de dos semanas aproximadamente. También es posible que el Tribunal de Países Bajos solicite a las partes más información sobre el caso y de ser así, la tramitación del proceso continuaría. Igualmente si la justicia de Países Bajos acogiera el requerimiento de asilo político, el juicio podría extenderse hasta un año.
