Opinión
La semana pasada (20 de noviembre), conmemoramos el Día Internacional de la Memoria Trans. Este es un día en el que se busca promover el respeto y trabajo de prevención de la discriminación y violencia hacia la comunidad LGBTIQA+. En nuestro país, siguen ocurriendo casos como el asesinato de Ignacia Palma, mujer trans de 26 años, quien fue hallada en su vivienda con graves quemaduras y que posteriormente murió en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. Los crímenes de odio hacia las personas trans son una situación crítica que afecta la seguridad de nuestra sociedad, pero que se acentúan e interactúan cuando viven otras desigualdades, como vivir en situación de pobreza o en lugares distantes de las capitales de nuestro país.
Los crímenes de odio a las diversidades sexogenéricas son una situación intolerable en la sociedad actual. Sin embargo, siguen siendo invisibilizados ante las estadísticas que se exponen a las autoridades y la población general sobre seguridad. A pesar de los avances en el ámbito de los derechos básicos LGBTIQA+ en la última década, sigue existiendo un profundo vacío tanto en la educación cívica como en el respeto hacia esta población en todos los espacios.
La semana pasada (20 de noviembre), conmemoramos el Día Internacional de la Memoria Trans. Este es un día en el que se busca promover el respeto y trabajo de prevención de la discriminación y violencia hacia la comunidad LGBTIQA+. En nuestro país, siguen ocurriendo casos como el asesinato de Ignacia Palma, mujer trans de 26 años, quien fue hallada en su vivienda con graves quemaduras y que posteriormente murió en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso.
Los crímenes de odio hacia las personas trans son una situación crítica que afecta la seguridad de nuestra sociedad, pero que se acentúan e interactúan cuando viven otras desigualdades, como vivir en situación de pobreza o en lugares distantes de las capitales de nuestro país.
En el marco de esta conmemoración, hacemos memoria y nos parece válido preguntarnos por qué la prevención de crímenes de odio y discriminación no son parte de la agenda pública de seguridad. Esas mismas voces políticas vociferantes contra la delincuencia (que incluso se autoproclaman sheriffs o veladores de la seguridad del país), omiten estos datos, pareciera que no les preocupa la seguridad de todas las personas. No nos gustaría pensar que, en su comprensión de la seguridad, no cabe un interés real por la seguridad de todas, todos y todes; no nos gustaría pensar que solo sean frases de marketing político.
A su vez, en este marco de seguridad pública, es vital comprender que en espacios de formación y convivencia, como las escuelas o universidades, se tiene una doble responsabilidad: 1) deben ser capaces de construir comunidades y asegurar espacios educativos libres de discursos de odio y violencia; 2) establecer políticas y planes en sus proyectos educativos, que formen valores, compromisos éticos y habilidades para el respeto a la diversidad de nuestra sociedad. No hablamos de cumplir, sino de asegurar el respeto a la dignidad de todas las personas.
Por lo anterior, nos parece importante plantear que la seguridad se debe articular con la cohesión social y el buen vivir; es una condición necesaria en la agenda de seguridad pública. Para asegurar el bienestar de nuestras comunidades y territorios, se requiere incorporar una mirada interseccional en la seguridad. De lo contrario, lo que de verdad se omite es la violencia ejercida desde el machismo, el racismo y la transfobia.
