Opinión
Créditos: Agencia Uno (referencial)
“Pérdida de memoria; incapacidad de recordar eventos, hechos e información previa durante un período de tiempo”. Esta definición de amnesia, parece reflejar a cabalidad el fenómeno colectivo que está experimentando nuestra sociedad. Es como si, de pronto, hubiéramos olvidado todo o, lo que es peor, como que nuestra clase política se hubiera propuesto hacernos creer que todo lo que ocurrió en estos últimos años no existió. ¿Pandemia? ¿Estallido social? ¿Qué fue eso? No lo recuerdo.
Lo cierto es que, en tiempo récord, el Congreso despachó una reforma constitucional casi idéntica al texto ingresado. No consideraron prácticamente ninguna de las indicaciones –propuestas por quienes no fueron incluidos en la negociación de los 99 días–, salvo la de cambiar la fecha de las elecciones de los consejeros constitucionales, la que coincidía con el Día de la Madre… algo de lo que ninguno de los negociadores se había percatado; por supuesto, eso es demasiado terrenal para ellos.
En tiempo récord, también, los partidos políticos designaron a los integrantes de las dos estructuras que les pondrán los límites a los cincuenta consejeros (más un par de representantes de los PP.OO.) electos de manera libre, democrática y con voto obligatorio, que trabajarán sobre un texto previamente escrito y que no podrán salirse de los bordes definidos por los negociadores.
Y por supuesto que no hubo sorpresa en los designados. Un experto o árbitro es un abogado de Santiago, académico de una universidad tradicional, exministro, exsubsecretario y cercano a algún think tank, como la Fundación Jaime Guzmán. Es, además, militante o simpatizante de un partido, no importa si grande o pequeño. No calificaron para expertos los independientes, las personas de regiones, del mundo social y, menos, de un pueblo originario, como los mapuches.
También nuestra clase política dio muestras de sus habilidades matemáticas. En un cuoteo perfecto, se repartieron, entre oficialismo y oposición, mitad y mitad, los cupos. Los expertos, doce y doce, incluidos un miembro del Partido Republicano –que no participaron del acuerdo, porque no quieren cambiar la actual Constitución– y un ex PDG –que no quisieron firmar el texto–. Veintiuno de los veinticuatro son abogados y profesores en la Universidad Católica, Universidad de Chile o Universidad Diego Portales. Una exministra de Bachelet, y el gran ganador de todos, Sebastián Piñera, que logró instalar –entre ambas estructuras– a sus exministros Larraín, Ribera y Ossa, además de dos exsubsecretarios (Pavez y Martorell), en lo que podemos llamar como la venganza o el regreso del piñerismo. Los grandes perdedores fueron los Demócratas y Amarillos, que no se quedaron con ningún designado. Una paradoja, considerando que habían participado del Acuerdo por Chile, pese a ser simplemente partidos en formación. La ingratitud de la clase política…
En el Comité de Admisibilidad –los “árbitros– las cosas no fueron distintas. Los catorce son abogados y se repartieron siete y siete para cada uno, incluyendo el desagravio a Claudio Grossman –¿una señal del PPD para el acomodo del Gobierno que se espera en marzo?– y tres integrantes vinculados a la Fundación Jaime Guzmán, autor de la Constitución de 1980.
Es la amnesia de la elite política chilena o, bien, que el país parece haber cambiado en 180° en muy poco tiempo. Así como, hace menos de tres años, la Convención elegía a una mayoría de independientes, castigando y “despreciando” a los partidos, el acuerdo por la segunda parte del proceso constituyente estará conducido, esta vez, por los partidos y sus designados. Y claro que tendrán peso, son 38 vs. los 50 electos. Afuera quedaron los independientes, la sociedad civil y, por supuesto, los representantes de los PP.OO. y las regiones; total siempre ha sido igual. El péndulo ahora parece inclinarse por la elite para prehornear la Constitución y resguardar sus bordes. Es la historia cíclica de la política chilena. El péndulo al que estamos condenados como sociedad.
