Suprema argentina confirma la orden de detención de Cristina Fernández… pero la expresidenta tiene fuero

La Corte Suprema de Justicia argentina confirmó este jueves la orden de detención dispuesta por el juez federal Claudio Bonadio contra la expresidenta Cristina Fernández de Kichner, por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a una mutua judía en 1994.

Sin embargo, la resolución no se hará efectiva dado que la exmandataria tiene fuero, y se ve complejo que el desafuero pueda prosperar, debido a la posición histórica del peronismo tradicional en el Congreso de solo quitar los fueros cuando hay una sentencia firme. Para retirarle el fuero, es necesario el voto de dos tercios de los legisladores.

Bonadio, que ya encabeza otras causas contra Fernández, pidió detener, entre otros, a la expresidenta al considerar que puede entorpecer el caso.

También solicitó su arresto tras procesarla en la conocida como «causa de los cuadernos», en la que se investiga una presunta red de sobornos entre poderosos empresarios y ex altos cargos del kirchnerismo.

En su resolución de hoy, la Corte Suprema de Justicia rechazó por unanimidad con la firma de sus cinco integrantes el recurso de queja presentado por la actual senadora contra la orden de arresto . Ya la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Corrección Federal había confirmado el procesamiento con prisión preventiva de la viuda del también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), y fue por eso que ella presentó un recurso extraordinario a la Corte.

El Supremo también rechazó hoy un recurso de queja presentado por el ex jefe de Inteligencia Oscar Parrilli, otro de los procesados en el expediente.

La causa AMIA

Fernández, jefa de Estado entre 2007 y 2015, y varios miembros de su Gobierno y otros colaboradores están procesados por presunto encubrimiento agravado, mediante un pacto con Irán, de los ciudadanos de ese país acusados del ataque a una mutua judía en 1994, que dejó 85 muertos y sigue impune.

El expediente judicial fue abierto por la denuncia que el fiscal Alberto Nisman realizó en enero de 2015 contra el anterior Gobierno, cuatro días antes de aparecer muerto, con un tiro en la cabeza, en condiciones que aún se investigan en los tribunales y que apuntan a que el procurador fue asesinado.

Nisman aseguraba que un pacto suscrito entre Argentina e Irán en 2013 para investigar conjuntamente el atentado buscaba realmente encubrir a los imputados como sospechosos del ataque, entre ellos el expresidente iraní Alí Akbar Rafsanjani y el excanciller Alí Akbar Velayatí, para favorecer el intercambio comercial bilateral.

El atentado contra la AMIA, que la comunidad judía atribuye a Irán y al grupo chií Hizbulá, fue el segundo contra judíos de Argentina, después de que 29 personas murieran en 1992 al explotar una bomba frente a la embajada israelí, también sin esclarecer.