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Por unanimidad fue aprobado el proyecto de ley que establece la obligación de todas las autoridades eclesiásticas de denunciar ante la Justicia cualquier caso de abuso sexual. Ahora el proyecto será despachado al Senado, quien hoy eliminaron los privilegios procesales que tenían las autoridades eclesiásticas.
Con 128 votos fue aprobado por la Cámara de Diputados un proyecto de ley que establece la obligación de todas las autoridades eclesiásticas de denunciar ante la Justicia cualquier ilícito contra menores o adultos vulnerables, tras los casos de abusos sexuales ocultados en el seno de la Iglesia católica chilena.
La iniciativa fue presentada en mayo de 2018 por el diputado por la región de O’Higgins, Raúl Soto, quien celebró la aprobación unánime y lo calificó como “el primer paso para terminar con la cultura del encubrimiento y los cómplices pasivos”.
Este proyecto busca ampliar el espectro de personas que están obligadas a denunciar delitos cuando se refieran a hechos ilícitos «cometidos en contra de niños, niñas o adolescentes y/o adultos que por sus condiciones físicas o mentales requieren de especial protección».
Particularmente, «las autoridades eclesiásticas de cualquier confesión religiosa, sea de derecho público o derecho privado, y, en general, los obispos, pastores, ministros de culto, diáconos, sacerdotes, religiosas u otras personas que conforme a las reglas de cada denominación religiosa detenten algún grado de autoridad sobre una congregación o grupo de personas en razón de la práctica de alguna creencia».
La determinación de la Cámara Baja tendrá que ser ahora ratificada en el Senado en el segundo trámite legislativo antes de que sea mandado al Ejecutivo para su promulgación como ley.
Pero al parecer, en el Senado no tendrá problemas ya que hoy también aprobaron modificar el Código de Procedimiento Civil para eliminar privilegios procesales en favor de autoridades eclesiásticas.
La propuesta, iniciada en moción parlamentaria, establece que arzobispos, obispos, vicarios generales, provisores, vicarios y pro vicarios capitulares y los párrocos dentro del territorio bajo su jurisdicción, deberán testificar ante un tribunal.
“Pero queremos seguir colaborando para evitar que las altas autoridades políticas, militares y por cierto también eclesiásticas tengan este tipo de privilegios a la hora de declarar”, aseguró el senador Alfonso De Urresti, miembro de la comisión y vicepresidente del Senado.
