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Recalcan que la prueba Simce «no ha demostrado tener efectos positivos sobre la calidad y la equidad. Muy por el contrario, sus consecuencias negativas en términos pedagógicos, de condiciones de trabajo de los docentes y de segregación han sido ampliamente documentadas por la investigación de los últimos 10 años».
Un grupo de parlamentarios y organizaciones académicas y civiles emitieron una declaración conjunta en la que manifestaron su desacuerdo con el anuncio del Ministerio de Educación de realizar la prueba Simce a fines de este año, la que se realizará con fines de diagnóstico.
En la declaración, señalan que «un supuesto básico para una evaluación válida y justa es que exista garantía de que los evaluados han tenido acceso a aquello que se va a evaluar. Esto actualmente no ocurre, por lo que no es técnicamente sostenible que, en las condiciones del presente año, su aplicación resulte en alguna utilidad».
«Estamos en un contexto en que tanto los expertos académicos como representantes de los docentes han dicho que la prioridad debe ser la contención y el bienestar psicológico y emocional, así como la flexibilidad para ajustar y contextualizar el currículum. Una medida como mantener el Simce va en contra de todas estas directrices», agregan.
Recalcan que la prueba Simce «no ha demostrado tener efectos positivos sobre la calidad y la equidad. Muy por el contrario, sus consecuencias negativas en términos pedagógicos, de condiciones de trabajo de los docentes y de segregación han sido ampliamente documentadas por la investigación de los últimos 10 años».
Además, sostienen que la realización del Simce en tiempos de pandemia «resulta insensible y vuelve a reflejar la necesidad de que los gestores de política conozcan la realidad de las escuelas y empaticen con ella. El retorno a clases presenciales deberá ser un periodo de reencuentro, contención emocional, reconstrucción de seguridades y relaciones. En términos educacionales, de recuperación y nivelación».
Los firmantes recordaron que el Simce tiene un costo de 18 mil millones de pesos, y en ese sentido emplazaron al Gobierno a «redestinar dichos recursos a objetivos que tengan mayor urgencia y utilidad para mejorar efectivamente la educación de nuestro país».
Finalmente, «queremos recordar que se ha solicitado en distintas oportunidades al Ministerio de Educación, y frente a diversas medidas que resultan cuestionables, a abrir espacios de diálogo para recibir los aportes y opiniones de organizaciones, especialistas, académicos y comunidades escolares a través de una mesa amplia que entregue propuestas para enfrentar la pandemia del COVID-19. Lamentamos profundamente la negativa que se ha dado a esta idea, por lo que invitamos a los distintos actores sociales del sector a auto convocarnos y formar una instancia amplia que pueda entregar propuestas concretas al Ministerio de Educación, opinión pública y ciudadanía».
