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Concejales de La Florida recurren a Contraloría para que declare ilegal Consulta Ciudadana convocada por el alcalde Carter

por 13 agosto, 2020

Concejales de La Florida recurren a Contraloría para que declare ilegal Consulta Ciudadana convocada por el alcalde Carter

Crédito: Pantallazo

El alcalde de La Florida llamó a sus vecinos para que voten, el próximo 15 y 16 de agosto, el nuevo destino de los $6 mil millones que estaban asignados a la construcción del edificio consistorial. Los 6 mil millones se repartirán en dos partes: la mitad para ayuda social para familias afectadas por la crisis del COVID-19, y la otra mitad en seguridad pública, con instalación de cámaras de seguridad en 2 mil pasajes. Al respecto, los que buscan que no se lleva a cabo la consulta dicen que Carter "“no puede, porque así lo manda la ley electoral, organizar a semanas del plebiscito nacional esta consulta y menos tampoco a meses de la elección comunal donde él es incumbente”.
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Para el próximo 15 y 16 de agosto quedó programada una Consulta Ciudadana realizada por el alcalde de la Municipalidad de La Florida, Rodolfo Carter, para que sus vecinos voten el nuevo destino de los $6 mil millones que estaban asignados a la construcción del edificio consistorial.

"Ante la crisis, hay que ayudar a quienes sufren. Por ello presentaré ante Concejo Municipal la suspensión de la construcción de nuestro nuevo edificio, y así usar esos fondos en seguridad y ayuda social. También haremos consulta comunal para saber opinión de nuestros vecinos", dijo el 28 de julio el alcalde Carter en su cuenta de Twitter.

Los 6 mil millones se repartirán en dos partes: la mitad para ayuda social para familias afectadas por la crisis del COVID-19, y la otra mitad en seguridad pública, con instalación de cámaras de seguridad en 2 mil pasajes.

Sin embargo, esta consulta corre riesgo de realizarse porque un grupo de concejales y dirigentes de la comuna solicitaron a la Contraloría General de la República que declare ilegal esta decisióntomada por el alcalde Carter, ya que ha incurrido en "insalvables ilegalidades" al crear un plebiscito “sui generis” que ha denominado “consulta ciudadana”.

Según detallan, "esta convocatoria al padrón de La Florida para concurrir a votar, sin respetar las formas jurídicas, busca validar la decisión del alcalde Rodolfo Carter de gastar 6 mil millones de pesos originalmente destinados a la construcción del edificio municipal, en cámaras de vigilancia y en otros gastos. Actualmente los servicios municipales se encuentran dispersos en la comuna en casas arrendadas, dado que el alcalde vendió los antiguos terrenos municipales de La Florida, con la promesa de construir un edificio nuevo".

Al respecto, el abogado patrocinante, Héctor Valladares asegura que la acusación responde a que el alcalde “no puede, porque así lo manda la ley electoral, organizar a semanas del plebiscito nacional esta consulta y menos tampoco a meses de la elección comunal donde él es incumbente”.

La presentación de los suscritos apunta a que esta convocatoria a votación popular, utilizando el padrón de la comuna de La Florida, debe encuadrarse en las figuras de consulta popular regulados en la Constitución y las leyes específicas que ordenan el ámbito de acción de los órganos municipales, por lo que el alcalde Carter “no puede hacer una convocatoria al padrón de votantes de La Florida para pronunciarse sobre una materia propia de los plebiscitos comunales, sin sujetarse a las reglas que regulan estrictamente esta materia”.

En tanto, el concejal Claudio Arredondo aseguró que “la consulta que impulsa el alcalde Carter tiene varios tonos grises en su implementación. Primero, de dónde saca La Plata y quién está pagando la publicidad que él hace; él está proponiendo un paquete social de seis mil millones de pesos y la plata que se autorizó para la construcción del edificio son de $7.200 millones. Entonces hay una diferencia, ¿en qué se va a destinar? ¿Cómo se va gastar? ¿por qué no está considerada? (...) Gastar 3 mil millones de pesos en cámaras de seguridad yo creo que es un despropósito, la comuna no es una caja pagadora de intereses políticos particulares del alcalde. Al no hacer el edificio, va a condenar a la comuna a pagar $1200 millones al año en arriendo. Las dependencias municipales están desperdigadas en este momento. No se hace una buena atención, por lo tanto la gente no tiene un buen servicio municipal".

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