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Crédito: Agencia Uno
De acuerdo al documento de 90 páginas, esta acusación se sustenta en que en el año 2016, cuando fue dejado en libertad, se le concedió el permiso pese a que el informe de Gendarmería señalaba en ese entonces que el sujeto «solo reconoce el daño a sí mismo, no incluye en nada a sus víctimas o lo que socialmente pudo haber provocado».
El diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, entregó los detalles de la acusación contra la jueza de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso, por dejar en libertad, junto a otros magistrados, a Hugo Bustamante, imputado en la actualidad por la violación, homicidio e inhumación ilegal de la joven Ámbar Cornejo, la que será presentada esta jornada.
De acuerdo al documento de 90 páginas, esta acusación se sustenta en que en el año 2016, cuando fue dejado en libertad, se le concedió el permiso pese a que el informe de Gendarmería señalaba en ese entonces que el sujeto «solo reconoce el daño a sí mismo, no incluye en nada a sus víctimas o lo que socialmente pudo haber provocado».
En conversación con Emol, el diputado Longton aseguró la jueza Donoso no respetó la norma que permitía tomar esta decisión y lo hizo «deliberadamente» de «forma torcida».
«Tenemos un decreto de Ley, que es el 312, que establece los requisitos para acceder a la libertad condicional, pero ese decreto de ley tiene como elemento central en su artículo 1, tanto el antiguo como el nuevo (en 2019 fue modificado), que la persona tiene que estar rehabilitada, lista para ser reinsertada, incluso en el decreto ante de la modificación de la ley habla de ‘corregido'», explicó.
«Entre otras cosas hay requisitos objetivos: que es el tiempo en prisión, la buena conducta previa, haber participado en algún oficio (ese en el antiguo) y eso son elementos objetivos que no son difíciles de cumplir y que es un check list», agregó.
De acuerdo al parlamentario, «en el caso de Bustamente y en el caso de otros 528 reos que en 2016 tenían un informe que era negativo, pero salieron en libertad, Gendarmería a través del área técnica, de psicólogos y trabajadores sociales, decían que estas personas no estaban capacitadas para salir en libertad, producto de que no estaban rehabilitados. Es decir, en pocas palabras, seguían siendo un peligro para la sociedad. Por lo tanto, ese es un elemento esencial y es básico tomarlo en consideración de efectos de poder liberar o no a una persona».
Debido a esto, «nosotros decimos que hay una aplicación torcida de la Ley, que hay un criterio que es arbitrario, porque la jueza deliberadamente y reiteradamente y conscientemente omite informes de Gendarmería, teniendo la obligación de considerarlos». «Y es más -apuntó Longton- nosotros citamos fallos de la Corte Suprema de esa época en que dice que el informe de Gendarmería es un elemento esencial, porque el decreto Ley tiene que aplicarse en su integridad».
Cuando Longton dice nosotros, se refiere a los otros 19 legisladores que respaldarán el libelo que será presentado esta jornada, entre los que están representantes de la oposición como Fernando Meza (Ind), Daniel Verdessi (DC), Alejandra Sepúlveda (FRVS) e Iván Flores (DC).
Uno de los argumentos que expondrán en el libelo es que la jueza Donoso tomó la misma decisión de Hugo Bustamante en otros casos. Es decir, acusan que tuvo esta conducta de forma reiterada. «Esta conducta -de supuestamente no considerar el informe de Gendarmería- no es solo en el caso de Bustamente, sino que también tenemos casos recientes, como el de Viviana Montenegro», finalizó el diputado.
