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La organización con sede en Londres lanzó una campaña para pedir que se incrimine «con urgencia» a los integrantes de Carabineros que ya fueron identificados como los responsables de que Campillai, de 36 años, perdiese la vista, pero también el olfato y el gusto.
Nueve meses después de que Fabiola Campillai quedase ciega tras ser alcanzada por una bomba lacrimógena en el rostro durante las protestas en Chile, Amnistía Internacional (AI) denunció este miércoles que aún no hay ningún policía imputado por ello y pidió una investigación «exhaustiva e imparcial».
La organización con sede en Londres lanzó una campaña para pedir que se incrimine «con urgencia» a los agentes que ya fueron identificados como los responsables de que Campillai, de 36 años, perdiese la vista, pero también el olfato y el gusto.
«Nos preocupa la lentitud con la que avanza este caso. No entendemos como la Fiscalía no formaliza a los Carabineros (policía militarizada) que se sabe que participaron en los hechos», manifestó a Efe la directora de AI en Chile, Ana Piquer.
La noche del pasado 26 de noviembre, Campillai se dirigía a su trabajo cuando alcanzada en el rostro por una bomba lacrimógena en San Bernardo, un barrio del sur de Santiago, donde estaba teniendo lugar una protesta en el marco de las revueltas que habían estallado hacía poco en Chile.
Según el relato de su hermana, que la acompañaba cuando recibió el impacto, los agentes de Carabineros no les prestaron auxilio e incluso dispararon un segundo artefacto.
Tras un sumario interno, dos funcionarios fueron dados de baja el 14 de agosto por no ayudar a la víctima, pero el cuerpo policial no reconoció ni uso excesivo de la fuerza ni incumplimiento de protocolos por parte de los agentes que estuvieron en el lugar de los hechos.
«Queremos que se lleve a la justicia no solo a quien disparó, sino también que se investigue a toda la línea de mando», agregó la activista.
El pasado 18 de octubre estalló en Chile la ola de protestas más graves desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que se mantienen suspendidas por la pandemia, y que causaron una treintena de muertos y miles de heridos, además de episodios de violencia extrema con saqueos e incendios.
Los casos de Campillai y Gustavo Gatica, el otro joven que quedó ciego, dieron la vuelta al mundo y provocaron encendidas críticas de ONU y la propia AI, que denunciaron el elevado número de mutilados oculares durante la dispersión de las protestas y acusaron a las fuerzas de seguridad de graves violaciones a los derechos humanos.
Según el independiente Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), 460 personas resultaron con lesiones oculares, de las cuales 35 sufrieron pérdida total de uno de los ojos y dos quedaron ciegas.
Para Piquer, es «injustificable» que la mayoría de las investigaciones por presuntas violaciones a los derechos humanos apenas registren avances y que las autoridades no pueden poner como excusa la pandemia.
El caso que sí ha registrado algún progresos es el del joven Gatica, tras la detención el pasado viernes de un exteniente coronel de Carabineros acusado de ser el autor de los fatales disparos pese a que no existió riesgo para su integridad.
«Nos preocupa que se genere una suerte de manto de impunidad», añadió.
