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Crédito: Archivo
Parlamentarios de oposición -Yasna Provoste, Guido Girardi y Carlos Montes- pidieron a la Contraloría “revisar” el proceso de asignación de un millonario fondo (US$ 193 millones) para la implementación del Instituto de Tecnologías Limpias (ITL) en Antofagasta. De acuerdo con la presentación el proceso estuvo plagado de irregularidades y no responde al ‘espíritu’ con que fue creada la idea.
Los senadores Guido Girardi, presidente de la Comisión Desafíos del Futuro, Yasna Provoste, integrante de la Comisión de Minería y Energía, y Carlos Montes, de la Comisión de Educación, entregaron este lunes una presentación en la Contraloría General de la República para solicitar que se realice una completa investigación del proceso y resultado de la asignación del Instituto de Tecnologías Limpias (ITL) de la Corfo a un consorcio de universidades estadounidense, el mayor fondo (US$ 193 millones) para la innovación y desarrollo de las energías renovables y del hidrógeno de nuestro país.
El escrito, que también cuenta con las firmas de los diputados Luis Rocafull y Raúl Soto (jefes de las bancadas PS y PPD), Juan Luis Castro (PS) y Gabriel Silber (DC), solicita el pronunciamiento del ente fiscalizador, “sobre la legalidad del procedimiento de adjudicación de la licitación para la conformación del Instituto Chileno de Tecnologías Limpias, por eventuales contravenciones al principio de juridicidad, de imparcialidad, de economía y de probidad en el ejercicio de la potestad para gestionar los fondos del Contrato Salar de Atacama, entre la Corfo y SQM Atacama como, asimismo, por las evidentes irregularidades en el proceso de licitación”.
Al respecto el senador Girardi recordó que “la presidenta Bachelet junto a Eduardo Bitran, vicepresidente de Corfo, a partir de las regalías del Litio, generaron un fondo de US$ 192 millones -el más importante que se ha creado en el país- para fortalecer el ecosistema de ciencia y viabilizar las oportunidades únicas que tiene Chile en materia de energías renovable y generación de hidrógeno verde, el combustible del futuro”.
Girardi dijo que “en la actual administración Corfo llamó a concurso donde se presentó la Corporación Alta Ley, que incluye a las universidades chilenas más importantes y tradicionales, y un consorcio norteamericano -Associated Universities Inc (AUI) junto a las universidades del Desarrollo (UDD) y San Sebastián (USS) que tienen fuertes vínculos con el Gobierno”.
Y agregó que “en un proceso oscuro e irregular -que puede tener connotaciones de delito se asignó estos recursos a AUI, pese a que la mejor evaluación de la Agencia Internacional la obtuvo Alta Ley. La Corfo creó otra instancia evaluadora con funcionarios propios -jefes de gabinetes, fiscales, asesores- que no son expertos en la materia, pero que le dieron mayor puntaje a AUI. Y finalmente el Consejo de ministros y el vicepresidente Terrazas le asignaron los recursos a AUI”.
El senador añadió que “pretendían dar a conocer el resultado el 24 de diciembre, como se dice entre Pascua y Año Nuevo, para que pocos se enteraran. Pedimos que se suspendiera e invitamos a Pablo Terrazas, vicepresidente de Corfo a explicar la situación a la Comisión Desafíos del Futuro el lunes 4 de enero a las 15.00 horas, pero durante esa mañana realizaron la asignación”.
Para el legislador PPD, este es un gran daño para Chile porque se destruye la oportunidad que sean nuestras universidades, territorios y regiones las que puedan desarrollar estas tecnologías”.
Según Girardi “las concesiones del litio son de toda la sociedad chilena. No fue un acto voluntario de las empresas entregar estos recursos que se han canalizado a través de un ente público tiene una función país (…) por eso estimamos que debían ser visadas por la Contraloría, lo que no se hizo”.
Y finalizó señalando que “ya hay un consenso transversal que estamos ante un fraude que le hace mucho daño a Chile. El señor Terrazas debe dejar de seguir engañando y mintiendo”.
Por su parte, el senador Carlos Montes señaló que “el Gobierno anterior estableció las bases con la lógica de beneficiar el desarrollo productivo, o sea, generar otras maneras de producir en Chile, otras áreas de conocimientos ligado al desarrollo científico”.
Agregó que “las bases que finalmente se presentaron no entienden esto y creen que el tema era puramente científico y no también productivo. Están mal planteadas, no responden al espíritu ni a lo que se diseñó inicialmente”.
Para el parlamentario socialista “la manera que se lleva adelante se presta para dudas y sospechas. Por eso hemos presentado un conjunto aspectos irregulares que no responden a la lógica de una licitación pública, amplia y abierta”.
Y finalizó señalando “que hay consenso en el mundo científico, minero, académico -y hasta en las editoriales de El Mercurio y La Tercera- que, por las irregularidades, el inconveniente enfoque y la sospecha de que hay un interés particular por sobre el interés país, este proceso debe revisarse y hacerse de nuevo.
En tanto, la senadora Provoste dijo que “le solicitamos al contralor (Jorge) Bermúdez que se haga un examen completo de la legalidad respecto de la licitación y hemos adjuntado una serie de irregularidades que en el transcurso de esta etapa llevó adelante la Corfo”.
Y agregó que “aquí primaron más los conflictos de intereses que el interés superior del país, lo que llevó a los titulares del Consejo de ministros -Hacienda, Economía y al vicepresidente Corfo- a tener que inhabilitarse, pero dejaron en su representación a subalternos que siguieron las mismas instrucciones de privilegiar intereses que son evidentes”.
La senadora afirmó que “se modificó el objeto de este contrato que dio origen a la licitación, y que dice relación con la cláusula decimoquinta del contrato original que permite la extensión de la concesión entre el Estado de Chile y SQM, en donde claramente -en nuestra opinión- es una modificación que altera severa y gravemente el proceso de licitación”.
Revisa las declaraciones de la senadora acá:
El jefe de bancada de diputados socialistas, Luis Rocafull señaló que, junto con respaldar la solicitud a la Contraloría, solicitarán a la Mesa de la Cámara de Diputados y Diputadas, una Comisión Investigadora, para aclarar la licitación, que calificó como «un poco turbia».
El legislador PS agregó que “todo esto, nos parece preocupante, porque estamos hablando de un tema que impacta en el desarrollo científico, productivo y económico de Chile. De manera que se hace necesario mayor rigurosidad y transparencia. Por ello, Junto con respaldar el planteamiento de los senadores Girardi y Provoste, como Bancada Socialista solicitaremos una Comisión Investigadora en la Cámara”.
