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Crédito: ATON
“Si queremos avanzar en una mayor legitimidad de nuestra Convención Constitucional es necesario permitir el derecho a sufragio de cientos de miles de ciudadanos chilenos que están fuera de nuestras fronteras”, afirmó el parlamentario PS.
El diputado del Partido Socialista, Leonardo Soto se refirió al proyecto que impulsa, el que busca asegurar la participación de chilenos en el exterior en la próxima Convención Constitucional.
“Si queremos avanzar en una mayor legitimidad de nuestra Convención Constitucional es necesario permitir el derecho a sufragio de cientos de miles de ciudadanos chilenos que están fuera de nuestras fronteras”, afirmó.
La iniciativa, que contó con el respaldo de los integrantes de la Comisión de Constitución, los diputados Matías Walker, René Saffirio, Marco Ilabaca, Hugo Gutiérrez y Pamela Jiles, además de los parlamentarios Miguel Crispi, Diego Ibáñez y Pablo Vidal, busca entre otras cosas que los chilenos en el extranjero puedan votar para las elecciones del 11 de abril como si estuvieran en territorio nacional.
A juicio del diputado Soto, “negar el derecho a voto de este grupo de ciudadanos no cuenta con ninguna justificación y constituye un acto de discriminación, que vulnera el ejercicio de un derecho democrático esencial. Es inexplicable que hayan tenido participación en el plebiscito nacional y que hoy se encuentren excluidos de la posibilidad de elegir representantes en la Convención que redactará la nueva Constitución”.
“Los chilenos que están temporal o por largo tiempo en el exterior son ciudadanos chilenos y tienen demandas y aspiraciones propias de su situación. Lamentablemente, se les cierra la puerta y sus sueños van a quedar completamente fuera de este importante hito como país, como es la nueva Constitución”, aseguró el parlamentario.
El parlamentario advirtió, además, que debido a que no existe ningún impedimento de acuerdo a la Constitución que les niegue el derecho a sufragio en una elección popular, como lo será la de convencionales constituyentes, “eventualmente podría este debate terminar en Tribunales de Justicia nacionales como internacionales, por lo que el proyecto pretende hacerse cargo de esta situación y evitar la posible judicialización”.
En esa línea, Soto llamó al Gobierno a «no restarse de este proceso, por el contrario, que se haga partícipe y de discusión inmediata a la iniciativa y ponga término a esta exclusión inaceptable. Es momento de reaccionar».
