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Siguen los coletazos por los Pandora Papers: Juzgado de Garantía admite querella y abre proceso contra el Presidente Sebastián Piñera PAÍS Crédito: ATON

Siguen los coletazos por los Pandora Papers: Juzgado de Garantía admite querella y abre proceso contra el Presidente Sebastián Piñera

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La resolución sobre la acción penal  fue notificada esta mañana, 8 de octubre, y se fundamenta en las revelaciones de los «Pandora Papers». El delito que se imputa al Primer Mandatario es el de negociación incompatible.


El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ordenó abrir un proceso penal en contra del Presidente Sebastián Piñera, luego de admitir a trámite una querella del abogado Luis Mariano Rendón.

La resolución sobre la acción penal  fue notificada esta mañana, 8 de octubre, y se fundamenta en las revelaciones de los «Pandora Papers». El delito que se imputa al Primer Mandatario es el de negociación incompatible.

Al conocer la resolución el abogado Rendón señaló que «resulta fundamental que los hechos conocidos, y especialmente el condicionamiento de un pago a los hijos del Presidente a que este omitiese ejercer sus atribuciones respecto del resguardo del patrimonio ambiental del país, sea investigado a fondo, lo que nunca ha ocurrido».

«Es importante también que en este nuevo proceso exista querellante, pues lamentablemente ha quedado demostrado que una investigación de oficio de Fiscalía no da las garantías necesarias. En demasiados casos el ente persecutor ha funcionado como parte de un gran esquema de impunidad para el poder político y económico de este país», agregó.

El fin de semana, los medios Ciper y LaBot -en el capítulo chileno de los Pandora Papers- revelaron que Piñera tiene entre sus negocios offshore la compraventa en Islas Vírgenes Británicas (BVI) del proyecto minero Dominga, una operación que involucró al empresario y uno de sus históricos amigos, Carlos Alberto «Choclo» Délano.

Una parte de la transacción se selló con un acta firmada en Chile por 14 millones de dólares y otra en las Islas Vírgenes Británicas por 138 millones de dólares, de acuerdo al ICIJ. En el paraíso fiscal se firmó un contrato que establecía un pago en tres cuotas y, para cumplirse la última, no tenía que haber cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina y su puerto.

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