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Crédito: Poder Judicial
Se entrego el título profesional a los familiares de los detenidos desaparecidos Germán Rodolfo Moreno Fuenzalida y Cecilia Gabriela Castro Salvadores, y a los ejecutados políticos Juan Ramón Soto Cerda y Patricio Munita Castillo, quienes obtuvieron el grado de licenciado póstumo en ciencias jurídicas otorgado en marzo de 2018 por la Universidad de Chile.
La Corte Suprema otorgó cinco títulos póstumos de abogado a familiares de víctimas de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet y que forman parte de la Comisión de Verdad y Reconciliación, mejor conocida como Rettig.
El título profesional se entregó a los familiares de los detenidos desaparecidos Germán Rodolfo Moreno Fuenzalida y Cecilia Gabriela Castro Salvadores, así como a los ejecutado políticos Juan Ramón Soto Cerda y Patricio Munita Castillo, quienes obtuvieron el grado de licenciado póstumo en ciencias jurídicas otorgado en marzo de 2018 por la Universidad de Chile. Además, Marcos Orlando Letelier del Sole, quién también fue un ejecutado político de la dictadura, obtuvo el grado de licenciado en dicha casa de estudios en 1958.
La ceremonia se realizó luego de que en enero pasado el Pleno del máximo tribunal acogiera en expediente una solicitud conjunta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y del Colegio de Abogados, encabezada por la Comisión de Derechos Humanos de la Orden, en primera instancia bajo el impulso de la actual presidenta del PS, Paulina Vodanovic, y ahora de su actual presidenta, Macarena Carvallo.
La moción -aprobada de forma unánime por el Consejo General de la orden- se fundamentó en que el Estado de Chile está obligado jurídicamente, en virtud de tratados internacionales, a la promoción, protección y reparación a las víctimas de graves violaciones a sus DD.HH.
Tras esto, Carvallo sostuvo que «estos actos de reparación y reconocimiento son necesarios para, en parte, aliviar el dolor que significó para las familias la pérdida de un ser querido y para no olvidar que el respeto de los derechos humanos es un valor esencial en nuestra sociedad».
Por su parte, el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, apuntó que «es una ceremonia especial y trascendente».
«Porque no solo estamos acá para entregarle el título de abogado y abogada a quienes lamentablemente no pueden estar presentes, prestar el juramento y ejercer la profesión que hoy oficialmente se les reconoce, lo hacemos como forma de reparación que, siendo simbólica, constituye un paso concreto para cumplir en forma cabal ese propósito para las personas directamente afectadas, sus familiares y la sociedad en su conjunto», sentenció.
