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Cadenas de comida rápida de EEUU gastan millones para rechazar ley que busca aumentar sueldos de sus trabajadores MUNDO Créditos: Agencia Uno (Referencia)

Cadenas de comida rápida de EEUU gastan millones para rechazar ley que busca aumentar sueldos de sus trabajadores

Las marcas Chipotle, Starbucks, Chick-fil-A, McDonald ‘s, In-N-Out Burger y el propietario de Yum! y KFC donaron US $1 millón, cada una, a la coalición Save Local Restaurants, la cual se opone a la legislación.


El próximo año los ciudadanos del Estado de California, Estados Unidos, votarán en un referéndum que busca revocar la nueva ley estatal llamada FAST, que establece condiciones laborales y salarios mínimos de hasta US $22 para los trabajadores de comida rápida.

Sin embargo, grupos empresariales, propietarios de franquicias y muchos restaurantes pequeños han criticado la ley gastando millones de dólares para evitar que ésta se apruebe. Por ejemplo, las marcas Chipotle, Starbucks, Chick-fil-A, McDonald ‘s, In-N-Out Burger y el propietario de Yum! y KFC donaron US $1 millón, cada una, a la coalición Save Local Restaurants, la cual se opone a la legislación.

Cabe señalar que la ley fue firmada el año pasado por el gobernador del Estado más grande del país, Gavin Newsom, y debía entrar en vigencia el 1 de enero. A pesar de ello, durante esta semana el secretario de Estado de California anunció que la petición para detener la iniciativa había reunido suficientes firmas como para ser votada en las elecciones generales de estado 2024.

Los defensores y críticos de la medida señalaron que esta ley podría transformar la industria de la comida rápida en California y servir como referente para otras partes del país, ya que es la primera política de su tipo en Estados Unidos. Además argumentan que podría servir como modelo innovador para superar los obstáculos que impiden que los trabajadores de la industria se sindicalicen.

Cabe señalar que esto se llevaría a cabo por medio de la autorización de la formación de un consejo de comida rápida compuesto por representantes laborales, de empleadores y del gobierno, los cuales tenían por objetivo supervisar los estándares laborales de los trabajadores del área en materia de salarios, protección de la salud y de la seguridad, políticas de tiempo libre, e incluso soluciones contra las represalias a los trabajadores en los restaurantes de comida rápida con más de 100 ubicaciones a nivel nacional.

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