Inmobiliarias
La acción legal fue impulsada desde la inmobiliaria por las malas prácticas incurridas por la constructora entre los años 2019 y 2020. Por su parte, la constrictora asegura que ellos demandaron primero porque los tiempos se atrasaron por no contar con las condiciones necesarias y que la obra se entrego 100% terminada,[ACTUALIZADA].
Enfrentados por denuncias de estafas mutuas se encuentra una inmobiliaria y una constructora en tribunales.
Una querella por estafa interpuso la inmobiliaria Pablo Urzúa SPA, en contra el empresario Smiljan Ilic Álvarez, en su calidad de representante legal de la Constructora Pucará.
Según detallan los demandantes, entre los años 2019 y 2020 habría dejado sin terminar la construcción de locales comerciales para un Strip Center para luego “abandonar la empresa, para no ser perseguido legalmente”.
Cristian Silva Cisternas, representante legal de la inmobiliaria Pablo Urzua, relata que en el año 2019 confiaron a Pucará SPA la construcción de 13 locales comerciales, por recomendaciones de cercanos y un precio conveniente ya que el trabajo era aproximadamente un 30% más económico que el resto de los presupuestos solicitados.
Sin embargo, aseguran que hubo una serie de incumplimientos, lentitud en metas propuestas y finalmente el abandono de la obra, le que significó una pérdida millonaria sin recibir ninguna respuesta.
“Empezamos a trabajar y de inmediato él recibió varios millones de anticipo. Pasado los tres o cuatro meses comencé a notar que los tiempos de ejecución de las obras estaban muy atrasados. Siempre tenía muy buen trato, y las explicaciones eran creíbles, pero era todo mentira. Aducía a la falta de materiales, falta de maestros calificados, cuando no había material los maestros se iban y cuando estaban los maestros no había material. Me di cuenta que tenía un desorden financiero importante”, afirma Silva.
Silva denuncia además que luego de investigaciones se encontraron con otros casos similares al menos, otras tres empresas en trabajos de mala calidad e inconclusos.
Sin embargo, su contraparte sostiene que ellos fueron los realmente estafados. Según Pedro Toledo, abogado de Ilic, no existe prueba de esos casos e indica que “este es el típico caso del mandante con muy poca experiencia en construcción que asigna tal cantidad de dinero y se da cuenta que la construcción es mucho más compleja de lo que él originalmente pensó”.
Así, señala que se contrató a Pucará para ejecutar un proyecto que parecía listo, pero que al iniciar su ejecución se fueron encontrando diferentes falencias que afectaban gravemente el proyecto.
Además, expresa que nunca se abandonó el proyecto, como se señala. Incluso, asevera que ellos fueron los que interpusieron una primera demanda -siete meses antes- debido al incumplimiento de contrato y pago de indemnización de perjuicios materiales en contra de Pablo Urzúa SpA.
Según la demanda en contra de la constructora de Silva Cisternas, el primer problema de la obra se presentó que «el proyecto contaba con una restricción municipal que impedía comenzar con la demolición de la casa existente, ya que el proyecto no comprendía estacionamientos propios como lo exigía la Municipalidad», lo que originó el primer retraso.
Además, «el suelo en el cual iba a ser emplazado el strip center era un estrato muy blando y las fundaciones originalmente pensadas eran insuficientes para proporcionar un adecuado soporte en una obra de esta magnitud».
Fueron varias modificaciones constructivas las que hubo que realizar en el proceso. «No es sino al final, una vez terminado el proyecto, que la Inmobiliaria se negó a pagar el saldo restante del precio, haciendo imposible la liquidación final de la obra y se genera el conflicto», dice la demanda.
«Era un proyecto mal elaborado, se le encargó a mi representada la ejecución de las obras, y ésta, al darse cuenta de los problemas graves del mismo, propuso soluciones que, siendo aceptadas y pagadas por la Inmobiliaria durante el desarrollo de la obra, pero al ser liquidadas al final de esta dieron como resultado un diferencial en favor de Pucará que Inmobiliaria Pablo Urzua no quiere pagar», continua.
No obstante, el representante legal de la inmobiliaria relata que la constructora opera llevando a juicios arbitrales a mandantes a fin de distorsionar la verdad.
Actualmente, la querella está siendo tramitada ante el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago. Según afirman los afectados, en otras entidades la constructora habría utilizado el mismo modus operandi de recibir el dinero y no ejecutar la obra encomendada.
“Cuando tratamos de conseguir explicaciones y soluciones por parte de la constructora, nos dimos cuenta que la Constructora Pucará había abandonado sus oficinas. Esto confirmaría las quejas de ex trabajadores quienes reclamaban que no les estaban pagando sus sueldos ni leyes sociales y que en las oficinas de la Constructora Pucará no había nadie y ya no existía”, agrega Silva.
En contraposición, Toledo refuta que esas afirmaciones son falsas. Por eso esperan que se declare que Inmobiliaria Pablo Urzúa SpA, incumplió sus obligaciones del contrato celebrado el 5 de octubre de 2018 y se condene a cumplirlo con sus anexos y modificaciones.
