La secretaria de Estado anunció que el jueves también pedirían a la Fiscalía que investigue al respecto “para ver si es que algún funcionario a título personal y en forma delictual» ha traspasado información por el IPS. Paralelamente al interior de ese organismo también se está desarrollando un sumario para dilucidar lo sucedido.
La caja de Pandora en que se ha convertido el caso La Polar pareciera aún no haber llegado a su fin. Hace unos días, salió a la luz pública que además del cruce de datos que la empresa del retail habría realizado entre sus clientes y la base de datos de Fonasa, también lo habría hecho con el Instituto de Previsión Social (ISP).
Así lo denunció en Estrategia una ex empleada de crédito y cobranza de la cuestionada empresa que develó que entre 2004 y 2005 la compañía compró una parte de la base de datos al Instituto de Normalización Previsional (INP, hoy Instituto de Previsión Social, IPS).
Ambos temas han causado preocupación en el gobierno y diversos organismos. Este miércoles la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei junto al subsecretario de Previsión Social, Augusto Iglesias; y el director del Instituto de Previsión Social (IPS), Juan Bennett, solicitaron la intervención del Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que aclare la situación.
La ministra, señaló que el jueves también pedirían a la Fiscalía que investigue al respecto “para ver si es que algún funcionario a título personal y en forma delictual ha traspasado esos datos por el IPS. Ni en el pasado ninguno de sus directorios ni ahora ha traspasado base da datos alguna”, recalcó. Paralelamente al interior del ISP también se está desarrollando un sumario para dilucidar lo sucedido.
Medidas similares se han llevado a cabo en Fonasa. El Director Nacional de Fonasa, Mikel Uriarte, señaló que una vez tomado conocimiento de la información publicada por El Mostrador, basado en una fotocopia de un email, «en forma inmediata instruimos un sumario interno, el mismo día 8 de julio».
Agregó que dicha investigación «se encuentra en una etapa muy incipiente, pero existe otro proceso de investigación administrativa, en otra institución de salud distinta de Fonasa que sí tiene acceso a información básica y que está en manos del Consejo de Defensa del Estado, por presunta sustracción de equipos y bases de datos».
Además se tomó contacto con los fiscales a cargo del caso, de la Fiscalía de Alta Complejidad.
Uriarte recalcó que “Fonasa ha tomado todas las medidas necesarias para resguardar la integridad y confidencialidad de los titulares de los datos personales que se requieren para la operación de las funciones propias del organismo”.
Según explicó Matthei ambos casos arrojan que hay un tema de seguridad con los datos preocupante. Por ello, señaló “tengo parada una licitación en estos momentos porque hace tres meses atrás decidimos entre todos que no teníamos una seguridad suficiente de quien iba a tener acceso a esos datos, por lo que decidimos parar esa licitación. Se formó un comité y estamos trabajando con todas las instituciones que dependen del ministerio del Trabajo para ver cómo se manejan las bases de datos, quien tiene acceso, cuales son las claves, como se cambian, como queda registrado en el servidor”, entre otros puntos.
Ambos fueron enfáticos en que no existen convenios o contratos con privados de traspaso de información.
Por su parte desde el Consejo para la Transparencia también han tomado cartas en el asunto. Su presidente, Raúl Urrutia, explicó que envió un oficio a Fonasa y al ISP “para que nos informe en virtud de si se habría enviado o entregado información relacionada con la base de datos que poseen”.
