El enturbiado cruce entre política y negocios que tiene secuestrada la tramitación de la Ley de Pesca. Críticos del proceso dicen que los cambios los aprueban entre gallos y medianoche.
El miércoles el debate en el Congreso sobre la Ley de Pesca terminó a las 5 de la mañana y duró 16 horas. Entre las varias medidas que aprobaron los diputados en la sesión de trasnoche estuvo la más controversial: eliminar cualquier tipo de licitación y bajar el royalty.
Ayer la sesión fue más corta y la Comisión de Hacienda logró aprobar más de la mitad de las materias que se deben debatir y se comprometió a despachar el proyecto antes del próximo martes para que pueda ser votada en sala y de ahí pasar al Senado. Si así sucede, el voto tendrá lugar un día antes que el ministro de Economía, Pablo Longueira, cumpla un año al frente de la cartera heredada del economista Juan Andrés Fontaine.
Fontaine, el mismo que no aceptó pasar a minería para abrirle un cupo al presidenciable UDI, y el mismo que en mayo pasado reconoció que recibió presiones para que no se licitaran cuotas de pesca en Chile.
Longueira estará en medio del que es probablemente su más difícil desafío desde que asumió la cartera, con pescadores artesanales volcados en las calles.
Fontaine tenía el encargo del Presidente Piñera de proponer una nueva Ley de Pesca en que un 50% de las cuotas quedaban abiertas para licitarlas. La idea era permitir la entrada de nuevos actores al negocio y que el Estado pudiera recuperar parte de las rentas del sector pesquero, que genera casi US$ 2.000 millones al año. Esa misión está ahora en manos de Longueira.
El actual proyecto de ley ha abierto una fogosa discusión y ha puesto en la mesa la influencia de las grandes empresas en las decisiones políticas y la concentración de las actividades económicas. Todo, en medio de un país que ha cambiado y que parece no aceptar los acuerdos que no incluyan la opinión de sus ciudadanos de a pie.
La industria no sólo mueve miles de millones de dólares al año, sino que está concentrada en pocas manos. Siete familias para ser más exactos: los Angelini, los Sarquis, cuya pesquera Itata se fusionó con El Golfo, del grupo Yaconi Santa Cruz; Jorge Fernández y Francisco Cifuentes, dueños de Camanchaca, que se fusionó con Bío Bío de la familia Stengel; y Roberto Izquierdo Menéndez, propietario de Alimar. Entre todos concentran más del 80% de las cuotas de jurel.
Cuando asumió Longueira, tenía las instrucciones de Piñera de avanzar con el proyecto de Fontaine, pero Longueira hizo exactamente lo contrario. Con el argumento de que la iniciativa legal no contaría con los votos necesarios, Longueira logró que una mesa de trabajo de la pesca acordara en tiempo récord mantener las cosas como están.
Pero el consenso duró poco. Divisiones en la pesca artesanal hicieron tambalear el acuerdo antes que llegara al Congreso. Además, entraron al ruedo economistas del ala concertacionista, liderados por Eduardo Engel y el hoy precandidato presidencial y ex ministro de Hacienda, Andrés Velasco, quienes publicaron una carta en El Mercurio con otros 15 economistas (entre ellos los ex ministros Eduardo Bitrán, Marcelo Tokman y Hugo Lavados), reclamando por la negativa del Gobierno a licitar el 50% de las cuotas.
Longueira presentó su proyecto retomando la idea de licitar, hasta un 15% de las cuotas, bajo ciertas condiciones que aseguraren la sustentabilidad de los recursos.
En ese tiempo la crítica de la industria era feroz. El propio Fontaine diría en mayo de este año recordando su experiencia, no sólo que estaba de acuerdo con la idea de Piñera, sino que había recibido “presiones” para cambiar el proyecto.
La industria, a través de Asipes y Sonapesca, ha criticado desde el comienzo la idea de licitar las cuotas pesqueras, asegurando que afectaría a la industria chilena abrir la posibilidad de que entren actores extranjeros y porque la idea podría derivar en la destrucción de los recursos y un grave impacto a la actividad local.
Los pescadores artesanales han expresado el rechazo al proyecto por distintos motivos, siendo centrales la idea del Gobierno de dar concesiones indefinidas a los industriales, y su negativa a cumplir la promesa de Presidente Piñera de licitar un 50% de las cuotas pesqueras.
Esta semana la iniciativa del ministro de Economía fue rechazada con votos de su propia coalición —la UDI en masa— y un par de votos de la Concertación: Cristián Campos (PPD) y Clemira Pacheco (PS), curiosamente de comunas de la VIII, como Talcahuano y Coronel, hoy movilizadas.
Pacheco defiende su votación asegurando que la experiencia muestra que las licitaciones de cuotas pesqueras pueden provocar sobreexplotación y afectar al sector pesquero y advierte que detrás de las actuales operaciones hay puestos de trabajo que se deben cuidar.
Afirma que las condiciones que pone el proyecto en cuestión no garantizan que la licitación de cuotas vaya a ser adecuada y que no sea manipulada en tiempos de elecciones, por lo que prefiere que no haya.
Otros puntos de conflicto son la entrega en forma indefinida de derechos de pesca, al igual que un artículo, aprobado en la comisión y que Longueira amenazó con vetar si sigue avanzado, el cual define los recursos pesqueros como propiedad del Estado.
Según los economistas ‘progresistas’, la licitación del 15% de las cuotas propuesta por Longueira y que fue rechazada, tiene una aplicabilidad engorrosa e impediría que se concrete.
Todo este embrollo además, abrió un flanco de dudas sobre la ‘libertad’ con que funciona el mundo político.
Velasco critica la intención del Gobierno de no promover la licitación y la apertura a la competencia y también el que haya sido rechazado lo poco que pretendía licitarse.
“Lo central es que no pueden en esta ley consolidarse monopolios para siempre, de modo que algunos pocos sin pagar un peso a nadie puedan explotar los recursos de los chilenos. Es decir, no porque por años hemos permitido la explotación sobre la base de cuotas históricas eso tiene que seguir así, hay que corregirlo y como está no lo corrige. Tiene que haber licitaciones, de modo que en vez de asignar a dedo a alguien derechos, éstos queden en manos de quien le transfiera más al Fisco. Así, entran nuevas empresas, sangre nueva, más competencia. Hoy día como está el porcentaje (de licitación) es cero, ya el proyecto venía con porcentaje acotado y una mecanismo engorroso para hacer la licitación y eso se cayó”, dijo.
Un alto directivo de la industria pesquera advierte que es un error licitar. Asegura que generará sobreexplotación de los recursos, permitirá a empresas extranjeras —chinas o noruegas— explotar el recurso chileno, pese a que no hay reciprocidad en sus países de origen y porque, en lo fundamental, puede ser dañino licitar cuotas en una industria que lleva años operando.
Niega que sean 7 las familias que controlan el negocio e insiste que son 35, pero que si hay concentración en la industria, hay que discutir en serio. “Dígame en qué otro sector hay 35 empresas, la banca, las eléctricas, cualquier sector, tienen pocos actores. Además, tenemos uno de los niveles de rentabilidad más baja, inferior al 5% y pagamos un royalty de casi 6% del valor económico de los recursos pesqueros, cuando en otras industrias ese pago es de 2% o 3%”, señala el directivo.
En la industria —cuyo lobby ha estado de la mano de empresas como Azerta, ligada a Cristina Bitar y el ex subsecretario de Pesca de la Concertación, Felipe Sandoval (DC)— afirman que el promotor principal detrás de la idea de licitar es la noruega Lota Protein, que hasta hace un año era asesorada por Imaginacción ligada al ex ministro del Interior Enrique Correa.
Desde el otro lado, acusan el vínculo histórico de los industriales con los políticos. Observan, críticos del proyecto, que los parlamentarios UDI tienen nexos directos con las grandes pesqueras, algo alimentado por la presencia como asesora de Longueira de Mónica Ríos, esposa del economista Jorge Quiroz, histórico asesor de las pesqueras.
La DC también aparece vinculada con los grandes. Conocida es la relación de la familia Zaldívar —que hace diez años aprobó la última ley de pesca—, con los Angelini, el principal actor de la pesca industrial.
El joven analista de la falange, Jorge Navarrete, lo hizo ver en una cruda columna de septiembre de 2011. “La industria pesquera cuenta con importantes vínculos con la clase política en general, la Concertación en particular y, muy específicamente, con el Partido Demócrata Cristiano. En ausencia de una exigente ley sobre financiamiento de las campañas políticas y gastos electorales, las contribuciones económicas que la industria hizo en la última elección y cómo ellas podrían influir en el comportamiento de nuestros parlamentarios seguirán siendo un rumor y un motivo de sospecha”, expresó en ese momento.
Velasco suscribe las dudas. “Aquí hay una mala práctica adicional y es que no hay transparencia alguna. Uno intuye que podría haber conflicto de interés, pero no es posible argumentarlo porque no hay transparencia en materia de lobby, las personas involucradas te hablan de un lobby feroz de los industriales, pero como el lobby es secreto, las autoridades no muestran su agenda, no sabemos con quién se reúnen ni qué se les pide”, señala.
Velasco ahonda en el tema. “Uno no sabe, pero es razonable preguntarse por qué será que todas las bancadas apoyan la postura de la industria. Históricamente la comisión de Pesca ha tenido una votación renuente a la apertura a la competencia y más receptiva a la opinión de la industria”, enfatiza.
Los grandes industriales piden “seriedad” frente al tema y que si alguien tiene denuncias que las lleve a tribunales. “Jamás hemos financiado una campaña de un parlamentario”, afirman.
Los intereses son cruzados, pero el debate no es tema en los diarios. Todos miran para el lado. Mientras, Longueira sigue intentando superar el impasse y sumar a su tarjeta, un proyecto más que lo confirme como un hábil negociador. La industria espera que se respete lo que consideran derechos adquiridos y la pesca artesanal, dividida en bloques no siempre convergentes, sigue en la calle, pidiendo ser escuchada.
