Hacienda niega aumento de recursos a organismos estatales que han jugado rol clave en fiscalización de casos SMU y Cascadas

Fernando Coloma ya hizo historia como superintendente de Valores y Seguros (SVS), y cuando deje su cargo en marzo de 2013 —si la próxima o el próximo Presidente no lo ratifica—, será recordado como el regulador que, finalmente, formuló cargos contra Julio Ponce y las operaciones con las sociedades Cascadas.

Su devastador informe implicó a los actores más poderosos del sistema financiero chileno en el caso.

La herencia que deja Raphael Bergoeing como titular de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), es el paso a un sistema de supervisión de las empresas de retailers y el cambio de normativa que puso fin a las alzas de comisiones sin consultar a los clientes, lo que gatilló una dura pelea con la banca.

La SBIF también tiene en sus manos la crisis del grupo Saieh. Los problemas de SMU salpicaron a CorpBanca, y Bergoeing decidió hacer “un cambio normativo” que apunta a hacer más precisa y exigente la norma que hoy limita la entrega de créditos o el financiamiento de bancos a empresas relacionados al controlador del mismo. Ello a raíz de las revelaciones de este medio respecto a que Saieh triangulaba fondos desde el banco a SMU a través de FIPs.

Ambos reguladores, junto a los dos directores del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Juan Antonio Peribonio, primero, y Juan Luis Ossa, después, dejarán la marca de una labor fiscalizadora que ha superado lo que la propia Concertación pudo imaginarse.

Sin embargo, en su año de cierre, el gobierno del Presidente Piñera muestra mezquindad en las platas destinadas a financiar las superintendencias claves para regular el mercado financiero.

Fuentes de mercado, que prefieren mantener la reserva del caso, aseguran que la SVS y la SBIF verán incrementos mínimos en sus recursos para el próximo año, lo que es cuestionado por diversos agentes, dado que en los últimos años la investigación de casos de irregularidades en el sistema y la inclusión de nuevas áreas de vigilancia hacen necesario elevar el presupuesto de personal.

Para 2014, según las partidas de presupuesto divulgadas por la Dirección de Presupuestos esta semana, consideran un alza de 5 % en los gastos de la SBIF y de 4,8 % en la SVS, cifras superiores al 3,9 en que aumentará el gasto total del presupuesto. Sin embargo, fuentes de gobierno afirman que, en la práctica, no habrá grandes cambios a nivel de la planta de estas instituciones.

En el caso de la SBIF, la entidad habría solicitado aumentar en unos 22 los funcionarios de planta para el próximo año, considerando diversas labores adicionales que deberán desarrollar. En particular, la ampliación del perímetro regulatorio de la entidad que dirige Bergoeing. Esto, pues le obligará a fiscalizar a las empresas de retail en una modalidad mucho más intensiva que la que seguían hasta ahora y que tiene muchas más semejanzas con la forma de seguir a los bancos.

En los hechos, para la SBIF, el Ministerio de Hacienda no habría autorizado el aumento de su planta, que a marzo de 2013, según una presentación de Bergoeing en esa fecha, llegaba a 214 personas y que, según él mismo señalaba, llegaría a 231 a fin de año. Hoy la cifra bordearía los 220 funcionarios.

Para la SVS, no está planificado el desarrollo de nuevas áreas en 2014, luego que en 2012 la entidad tuviera un incremento de funcionarios dada la creación de tres áreas nuevas, entre ellas, la de fiscalización a las auditoras. Medidas íntimamente ligadas al impacto del ‘caso La Polar’, que reveló las dificultades logísticas que existen en la SVS para seguir el trabajo que realizan estas empresas vigilando el cumplimiento de la normativa en las empresas inscritas en la SVS.

Parte de las críticas a la Superintendencia con motivo del ‘caso La Polar’ apuntó justamente a la falta de seguimiento a la información financiera que entregaba dicha compañía, que había falseado por años sus estados de resultados. Coloma dijo, en ese momento, que a la SVS le resultaba imposible revisar toda la información que entregan las empresas.

Fuentes de gobierno explican que no es anormal que las distintas reparticiones públicas pidan más recursos y que no vean satisfechas sus expectativas, porque, al igual que la economía, las necesidades son muchas y los recursos escasos.

Respecto de las cifras del presupuesto 2014, los números pueden tener matices. Por un lado, el presupuesto inicial aprobado para un año varía en su ejecución en el mismo ejercicio y además, el cálculo para el próximo año y la ejecución del actual tiene distorsiones por la variación en el tipo de cambio. De hecho, en la citada presentación del jefe de la SBIF, se revelaba que el gasto en personal en 2011 había caído un 4 % y los gastos en bienes de consumo otro 9 %; las dos son las principales áreas de gastos del regulador.

El caso de SBIF es especial. A diferencia de la SVS, sus gastos no los cubre el Estado, pues se financian con dineros aportados por los bancos, sus propios fiscalizados. La ley ordena que estas entidades aporten anualmente un porcentaje de sus utilidades al Fisco, la superintendencia recauda los dineros y los transfiere a Hacienda. Luego, el gobierno traspasa una parte de los dineros a la referida entidad y el saldo queda en manos del Estado.

Tradicionalmente, el Fisco se reserva dos tercios de los dineros aportados por los bancos. Para 2014 de los $ 42.815 millones que se proyecta aportan los bancos, un 67 % quedará en el Tesoro y, el saldo, irá a la SBIF.

En los últimos cinco años, el Estado ha aumentado su erario en $ 176 mil millones (unos US$ 350 millones) gracias a los aportes de los bancos y, de hecho, la industria ha cuestionado estos aportes que califican como un “impuesto” al sector. Cuando se haga efectiva la supervisión del retail, estas empresas también deberán aportar, aunque mucho menos que los bancos.

La SVS, en tanto, se financia con recursos que aporta directamente el Fisco y sus gastos superan levemente a los de la SBIF, aunque los regulados de esta última entidad superan largamente los de la Superintendencia de Bancos.

Ninguna superintendencia quiso hacer comentarios sobre el tema.