Ex director de Cascada: «No todo lo que se registra en actas ocurrió ni todo lo que ocurrió se registra»

Alejandro Ferreiro, ex superintendente de Valores y Seguros (SVS) y ex ministro de Economía, tuvo el rol más polémico en una de las sociedades cascadas que controlan SQM y cuyo accionista controlador es Julio Ponce Lerou.

En la formulación de cargos que hizo la SVS en septiembre pasado, el titular de dicha entidad, Fernando Coloma, no sólo acusó el esquema de operaciones bursátiles que Ponce habría liderado junto a sus cercanos, sino que también develó cuestionables prácticas al interior de dichas empresas que afectaron el interés de la sociedades y de los accionistas minoritarios, como falta de información o derechamente ocultamiento y una pasiva participación de los integrantes de las mesas de gobierno corporativo.

Casi como una isla, Ferreiro aparece como el único director que cuestionó al menos la forma en que operaba el gerente general de Norte Grande, Aldo Motta, exigiéndole la aprobación de políticas de inversión para que no todas las transacciones fueran decididas por el ejecutivo hoy acusado por la SVS.

Y aunque la SVS desliza algunos cuestionamientos a la forma en que los directorios de las Cascadas Pampa Calichera, Oro Blanco, Potasio y también Norte Grande funcionaban, al no pedir fórmulas de fijación de precios para las colocaciones de acciones o no analizar las fórmulas de endeudamiento o la lógica económica de algunas operaciones, Ferreiro parece ser uno de los directores que asumió las responsabilidades del rol.

Sin embargo, Ferreiro tiene distancia con que se les exija tanto en el ámbito de control dentro de las empresas a los directores y es poco optimista respecto del efecto de las regulaciones para conocer lo que realmente ocurre en los directorios de las compañías.

Así lo hizo ver el martes en el seminario “Luces y sombras del Gobierno Corporativo en Chile”, organizado por la Universidad del Desarrollo. En su presentación, titulada “Luces y sombras del gobierno corporativo en Chile: mirada crítica a prácticas de gobierno de Sociedades Anónimas”, Ferreiro reconoció que ha habido un aprendizaje de quienes desempeñan esta función, no sólo a partir de nuevas regulaciones, sino por casos como Fasa y La Polar que han permitido “encarnar” la responsabilidad que tienen en lo que pasa en la empresa.

“Durante mucho tiempo se estimaba en los hechos, no en el derecho, porque las normas no han cambiado, no había una evidencia práctica de los riesgos legales de directores. El directorio era una tarea grata en general, razonablemente bien remunerada, con un grado de responsabilidad concreto que no se manifestaba de un modo desafiante para los directores”, dijo Ferreiro.

Concedió que eso ha cambiado porque adquirió real relevancia a partir del caso Fasa y, esencialmente, por el caso La Polar. “Hasta antes de eso el deber de cuidado de ley de Sociedades Anónimas estaba relativamente olvidado, presente en la ley, inaplicado en la práctica. Estamos aprendiendo, los directores, que hay un deber de informarse y ya no sólo un derecho de informarse”, acotó.

Sin embargo, advirtió que la labor más vinculada a los negocios se está perdiendo en pos de cumplir las exigencias de control desde el mundo regulatorio. “Si uno se pasea por los directorios y pregunta a los que han estado en estos cuánto tiempo dedica al día al cumplimiento de la regulación, verificará que se está actuando de acuerdo a lo que exigen las normas, especialmente lo que exige la SVS respecto al tiempo dedicado al análisis del negocio, sobre todo a la mirada prospectiva de los negocios, vamos a ver un desbalance preocupante, porque el directorio tiene que crear valor, y ese es el gobierno corporativo, es la creación de valor sustentable y creo yo que podemos caer, dada la hipersensibilidad en los temas regulatorios, a una distracción de la función de creación de valor, de mirada estratégica, que al directorio también le corresponde”, reclamó.

Pero también el ex director de Norte Grande cuestionó el rol de los medios, asegurando que exacerban los casos, sin aludir a ningún caso en particular, pero sabiendo que en estos días el de las Cascadas está en la mesa.

“(Hay) una hipervisibilidad de los conflictos de gobierno corporativo y el uso frecuente de los medios de comunicación, de una manera no siempre rigurosa, de palabras como escándalo, abuso, perjuicios a los minoritarios; es cierto, muchas veces ocurre, pero creo yo que hay una exacerbación mediática en muchas de estas materias que les genera a los directores, además de los riesgos asociados a responsabilidad, un riesgo reputacional que no es controvertible luego de que eventualmente algunos de estos cargos hayan sido dejados sin efecto; en consecuencia, hay hoy una mayor exposición de los directores frente a la comunidad, a todos los medios de comunicación, y un mayor riesgo reputacional asociado a sus actuaciones u omisiones en la gestión de sus negocios”, sostuvo.

La visión del abogado de Ponce

El ex SVS no fue el único crítico de los medios. Francisco Pfeffer, quien en el evento presentó el libro de Juan Esteban Puga, “La Sociedad Anónima. Y otras Sociedades por Acciones en el Derecho chileno y comparado”, advirtió sobre la liviandad con que, a su parecer, se prejuzga a directores en escándalos económicos.

“… Afirmaciones que, como comentaba Alejandro (Ferreiro), aparecen frecuentemente en diarios cuando, de tiempo en tiempo, aparecen entre comillas escándalos asociados a administración de compañías; simplemente a veces terminan no siendo más que eso, pero que no se traducen en nada concreto. Pero ello conlleva gran cantidad de desprestigio a las instituciones y personas que están detrás de esas instituciones”, dijo el abogado que hoy forma parte del equipo de Julio Ponce Lerou y que en el pasado asesoró a la SVS en el caso Chispas.

Ferreiro también abordó las exigencias de la norma 341, que exige a las empresas informar si cumplen ciertas medidas de buen gobierno corporativo y, si no lo hacen, que señalen las causas como una forma de mostrar al mercado los esfuerzos de cada compañía para tener un buen gobierno corporativo. Ferreiro valoró la norma, pero puso cuestionamientos de fondo.

“Creo que es un avance importante y debiera estar en el lado de los activos o de las luces; sin embargo, el riesgo de aquello es que caigamos en una discusión meramente formal de qué significa tener buen gobierno corporativo. El sesgo sería, entonces, una mera formalidad, el checklist, cuando en rigor el gobierno corporativo es una cuestión de conductas, de realidades, que no siempre se proyectan bien a través de un acta, no siempre se proyectan bien a través de declaraciones meramente formales. Si nos olvidamos que la transformación es cultural y no meramente en el cumplimiento de una lista, probablemente no vamos a avanzar en gobiernos corporativos, a pesar de que podamos presumir que lo estamos haciendo bien”, apuntó.

La zona gris de las actas

Más adelante sería particularmente crudo con el uso de las actas de los directorios como referencia para conocer el actuar de los directores, situación paradójica, pues fueron estos documentos, en el caso de Norte Grande, los que permitieron a la SVS descubrir que sólo él hizo críticas a la gestión de Motta.

“Nada nunca va a reemplazar a la convicción de los directores respecto de cambiar el tono, la manera concreta en que se debate y toman decisiones, y eso desafortunadamente me parece en esencia inescrutable para terceros… Gran paradoja, se trata de evaluar lo que en rigor es esencialmente oculto, el funcionamiento del directorio. Las actas son un reflejo muy imperfecto de lo que allí ocurre. Ni todo lo que ocurre se registra ni todo lo que se registra ocurre”, fue su frase sorpresiva para algunos en la sala.

También fue crítico del rol de los directorios, asegurando que existe resistencia a que sean evaluados y que no se les capacita al entrar a una compañía. Y apuntó también contra el cambio legal que permitió que sean elegidos como directores independientes profesionales que entran a la mesa con votos del controlador.

Visión liberal absoluta

En su momento, Puga presentó la visión más heterodoxa de todas. Aseguró que la Ley de Sociedades Anónimas se ha ido incrementando en el sentido equivocado y que la copia que se ha hecho de lo que ocurre afuera llega tarde.

En su opinión, la experiencia histórica internacional demuestra que existe muy poca eficacia de la legislación chilena para evitar escándalos y que, por el contrario, existen ejemplos lapidarios como La Polar y el caso Cascadas, que demuestran lo poco que ha servido la ley de Sociedades Anónimas.

“Nunca habíamos tenido casos como La Polar, que era la única sociedad chilena que no tenía dueño. Ahora estamos viendo el caso Cascadas y todos los mecanismos de gobiernos corporativos que se crearon para evitarlo fallaron. En el caso La Polar se descubrió por un simple consumidor que presentó una demanda en un juzgado de policial local y, en el caso de las Cascadas, tampoco fue una situación del regulador de descubrir este fraude, sino merced a que accionistas minoritarios hicieron ruido y ha generado el impacto conocido. No fueron los mecanismos de control”, recalcó.

Puga es crítico de las nuevas regulaciones, incluyendo la obligatoriedad de clasificaciones de riesgo y de auditorías. “Yo que soy abogado de quiebra… no hay quiebra importante en que haya estado que no haya tenido un informe de auditoría que dijera que todo estaba perfecto… En el caso de las clasificadoras de riesgo, me ha tocado ver que antes del conflicto la clasificadora le daba AAA y después corrió a bajarle la clasificación”, dijo.

Sobre el rol de los directores fue tajante, asegurando que en el caso La Polar su directorio “estaba conformado por gente de primer nivel” y que, pese a ello, “nadie de los que estaba allí fue capaz de darse cuenta de lo que estaba ocurriendo”.

“La pregunta es si es eficaz este ladrillo de legislación que estamos generando para los gobiernos corporativos. Yo tengo mis serias dudas”, afirmó, asegurando que cuando no existía este tipo de regulaciones la Bolsa funcionaba sobre la base de la reputación y eso impedía que fueran aceptadas en el club de la Bolsa personas cuestionables éticamente.

Por eso, dijo, la SVS en Chile siempre llega tarde y no es sólo en Chile, pues en España el regulador nunca detectó las irregularidades, pese a que “era un escándalo de una hediondez que se percibía desde hace mucho tiempo”.

Sin embargo, su revelación más cruda fue sobre el caso Cascadas. “Era un tema que se hablaba a nivel de corredores de Bolsa hace mucho tiempo. Los corredores decían: nosotros tenemos una instrucción de vender acción a diez, ofrecerla a cinco, pero una corredora tenía que comprar a diez. Se hablaba que había algo extraño, pero la SVS no intervino y no supo hasta que los minoritarios hicieron ruido”, dijo.

Por eso, el abogado no tuvo pelos en la lengua para liberar de culpas a los directores con una dura revelación: “Los directores no son capaces de verdad de saber lo que está ocurriendo en una compañía, salvo que tuvieran una suerte de ejército de asesores parecido a los que tienen agencias para controlar todos los aspectos y, mientras más grandes las compañías, más difícil es hacerlo. Aun cuando un director sea 24/7 es muy difícil que conozca de verdad lo que está ocurriendo, puede que vea algunos síntomas”, apuntó.

En su opinión, esto revela que a los directores no se les debe exigir más que apoyar la gestión de la compañía. “No puede ser que una persona que está metida en la gestión a su vez se le pida que se convierta en juez y controlador de esa gestión, porque habitualmente la función de los directores es que se casen con el proyecto que les vende el gerente o CEO para adelante, y van a tratar habitualmente de defender esa decisión. Pedirles a esas mismas personas que se conviertan en controladores, es dividirlos en dos. O se convierte en el convidado de piedra de directores que critica todo o se convierte en un asesor que aporte ideas para mejorar”, concluyó.