Tamara Agnic dijo ayer que nunca supo que la firma buscaba reducir impuestos por $ 80.000 millones cuando pidió fusionar AFP Cuprum con Argentum. Su versión es débil y el conflicto crece, pues Metlife busca un beneficio tributario muy superior con AFP Provida.
La superintendenta de Pensiones, Tamara Agnic vive un momento complejo. Desde que asumió en el cargo, en julio del año pasado, no había tenido un conflicto de la magnitud del que surgió en las últimas semanas, después que se supiera que autorizó la fusión de la AFP Argentum con Cuprum, ambas del grupo asegurador Principal, operación que sólo buscaba un menor pago de impuestos.
Ayer, La Tercera publicó una entrevista en la cual Agnic se defiende ante los cuestionamientos por su rol en el caso. Aseguró que no podía rechazar la solicitud de la firma estadounidense y que el procedimiento cumplió la ley a cabalidad.
Agregó que Argentum no es «una AFP de papel” y recalcó que jamás supo que el objetivo de la operación era obtener un beneficio tributario: “(…) no puedes invocar una reestructuración societaria para obtener unos beneficios tributarios. Por supuesto, si ese hubiese sido el objetivo declarado, bajo ningún punto de vista lo hubiésemos autorizado”, aseguró la superintendenta al ser consultada si sabía que Principal planeaba rebajar impuestos futuros.
Diversas fuentes del sector coinciden en que Agnic se equivocó y no dijo la verdad. Esto, agregan las fuentes consultadas, porque el único motivo por el cual Principal creó Argentum fue para fusionarla con Cuprum y justamente aprovechar el beneficio tributario.
En términos simples: cuando una compañía adquiere otra se puede producir una diferencia entre el valor libro de la compañía y el precio que pagó por quedarse con ella. La diferencia genera un ‘goodwill tributario’, es decir, un saldo a favor de la firma compradora que se puede descontar de impuestos por un período de diez años.
Ese beneficio, con la reforma tributaria aprobada en 2014, no podrá utilizarse nunca más, pues se prohíben las reorganizaciones que tengan como objetivo único el tributario. Pero como la medida comenzó a regir desde el 1 de enero de 2015, todas las solicitudes de fusión que ingresaran antes de esa fecha son legales.
Esa fue la fórmula de Principal. El 29 de diciembre de 2014, al límite del cierre del año pasado, ingresó la solicitud de fusión a la entidad dirigida por Agnic. El proceso había comenzado en septiembre de ese año, con la presentación de los antecedentes el 11 de septiembre por parte de Principal Institutional Chile S.A. (PIC) para absorber a Cuprum. El 25 de aquel mes, la Superintendencia ofició a Principal indicándole que, para que fuera legal, debían fusionarse dos AFP.
Principal siguió las instrucciones y el 14 de noviembre de ese año presentó a la autoridad la solicitud para transformar PIC en AFP Argentum. El 19 de diciembre la Superintendencia autorizó la existencia de la AFP y, una semana después, Principal pidió la autorización para fusionar Argentum con Cuprum.
El grupo estadounidense sólo buscaba obtener el «goodwill» de $ 80.000 millones, los que serían descontados como impuestos durante 10 años, dependiendo del nivel de ganancias obtenido por la compañía.
La superintendenta justificó el beneficio de la creación de la AFP Argentum –cuyo nombre duró pocos días, pues el 2 de enero de 2015 Principal lo eliminó y mantuvo Cuprum, con lo que confirmó el objetivo tributario– asegurando que el plan de negocios permitió dar beneficios a los afiliados, como comisiones o sucursales.
En un artículo publicado el viernes de la semana pasada, el mismo diario indicaba que altas fuentes de Principal reconocieron bajo confidencialidad el objetivo tributario. Sin embargo, la superintendenta niega haberlo sabido.
Un ex superintendente de Pensiones afirma que la versión de Agnic es insostenible y que los propios requirentes le señalan a la autoridad con claridad el objetivo de la operación. Según Agnic, se trataba de una reorganización societaria pero no de una planificación tributaria.
La operación estaría siendo investigada por el Servicio de Impuestos Internos (SII). De acuerdo a fuentes cercanas al Gobierno, la superintendenta de Pensiones sí informó al SII, aunque existen divergencias sobre si traspasó los antecedentes cuando se hizo público el conflicto en las últimas semanas o desde el inicio del proceso, hace ya seis meses.
El intercambio con Barraza
Las dudas también las instaló el ex subsecretario de Previsión Social, Marcos Barraza, quien le envió un oficio a Agnic el pasado 8 de mayo, tres días después que The Clinic publicara un artículo sobre el caso.
“Conforme a las responsabilidades que recaen en esa Superintendencia (…) en orden a calificar el prospecto de una nueva Administradora de Fondos de Pensiones en cuanto a la conveniencia de su establecimiento, solicito a Ud. tenga a bien informar a la brevedad los antecedentes que tuvo a la vista para otorgar la calificación requerida”, reza el documento.
Junto con ello, Barraza (quien tres días después pasó a ser designado ministro de Desarrollo Social), pedía un informe sobre el procedimiento de creación de la AFP Argentum, incluyendo la fusión y los “antecedentes técnicos, jurídicos y tributarios tenidos a la vista al momento de calificar el prospecto presentado”.
La respuesta de Agnic, ocurrida el 26 de mayo pasado, insistió en la legalidad del procedimiento y agregó una solapada defensa de la petición de Principal Chile Ltda. al requerir transformarse en AFP Argentum, con anterioridad a la fusión con Cuprum. La superintendenta indicó que dicha acción la había tomado el grupo estadunidense “con el fin de cumplir con la norma y en el ejercicio de sus derechos de propiedad y a desarrollar libremente una actividad económica…”.
La cita de la Agnic no era casual. Una ex autoridad del sector advierte que ella no puede rechazar una solicitud como la de Principal, pues si se hizo antes del 1 de enero de 2015, es legal. Desde ese punto de vista, la actuación de la superintendenta no tiene cuestionamientos.
La crítica apunta al hecho de que intenta desconocer que el grupo buscaba un mero objetivo tributario y que, para lograr esto, se desarrolla un proceso formal de creación de una AFP, incluyendo la presentación de prospectos de negocios que son una réplica de la AFP a absorber y que, además, no traen ningún beneficio aparejado adicional a lo que en este caso Cuprum podría ofrecer a los afiliados. De hecho, ayer se cumplieron seis meses desde la autorización de la fusión y Cuprum no ha realizado ningún anuncio vinculado a comisiones, como deslizó Agnic que habría sido considerado en la fusión.
Metlife y la sociedad espejo
La confirmación del error de Agnic está en una segunda operación, aun más grande que la ‘fórmula Principal’. El 29 de diciembre de 2014 (nuevamente en la víspera de Año Nuevo), el grupo asegurador estadounidense Metlife pidió a la superintendencia su autorización para fusionar su reciente adquisición, AFP Provida, con su relacionada Metlife Chile Acquisition Co. S.A.
La autorización todavía no es entregada, pero el proceso está en marcha y –según fuentes conocedoras del proceso– estaría cerca de concluir, pero la polémica desatada por el caso Principal-Argentum-Cuprum habría provocado la postergación de la decisión de la Superintendencia, hoy en el ojo de huracán.
A diferencia del caso de Argentum, Acquisition Co. no es una AFP y, al menos hasta ahora, no ha sido reconocida como tal por Agnic. De hecho, según revela el acta de una junta extraordinaria de accionistas de Provida del pasado 30 de abril, la Superintendencia envió oficios relativos a la fusión el 23, 25 y 27 de febrero de este año, realizando observaciones a la junta de diciembre y los estados financieros de Acquisition Co. y Provida, que sirvieron de base para la fusión.
Aun más, en la misma junta el presidente de Provida, Víctor Hassi, indicó que la propia Superintendencia de Pensiones les pidió que se reconociera en forma expresa que el otorgamiento de la autorización de existencia de Acquisition Co. como AFP constituye también una condición para que surta efectos la fusión, al igual que la autorización misma de esta.
Cuando Agnic emita la resolución que valida la existencia de la AFP Acquisition Co. el temblor será terremoto. Una alta fuente advierte que, dado que la compra de Provida por parte de Metlife fue de un tamaño muy superior a la de Cuprum por Principal, el ‘goodwill tributario’ fácilmente duplicará el del primero.
Y, dado que el beneficio tributario para Principal es de $ 80.000 millones (unos US$ 130 millones), el que obtendrá Metlife bordearía al menos los US$ 260 millones. Así, la superintendenta se verá enfrentada a la crítica de haber visado administrativamente la creación de dos AFP que, a la vuelta de la esquina, dejaron de existir, pero que en el camino le quitarán al Estado la posibilidad de recaudar casi US$ 400 millones.
Agnic ha insistido en que no tiene ninguna atribución para velar por la recaudación de impuestos, labor que le corresponde al SII. Su argumento, aseguran las fuentes consultadas, es indudable.
Sin embargo, una fuente cercana a Provida reconoce que el único destino de las gestiones iniciadas ante la superintendenta fue la obtención de ‘goodwill tributario’ y que la presentación de prospectos de negocios tanto por parte de Metlife como de Principal corresponden a sociedades espejo de la AFP con la que se va a fusionar. Agnic se equivocó al no reconocerlo, advierten.
Lo cierto es que el revuelto ambiente por casos de financiamiento ilegal de políticos que involucra al Gobierno y la oposición, hace aparecer como inaceptables este tipo de beneficios para las grandes empresas.
El Estado benefactor
Sin embargo, advierte la fuente, el beneficio tributario no solo es legal, es parte del precio al que compró tanto Principal como Metlife.
“Cuando se valorizó la compañía, se hizo sabiendo que ese impuesto lo puedes recuperar y obviamente tratas de hacerlo, porque la responsabilidad de la empresa es con sus accionistas. Es decir, en el precio de pago estaba incorporada la recuperación de ese impuesto. La superintendenta sabía que no estaba evaluando una nueva AFP, porque en Chile no hay espacio para una nueva AFP. Es un espejo para fusionar y eso se hace porque la ley no permite que cualquier sociedad se fusione con una AFP adquirida”, explica.
De esta forma, los US$ 1.500 millones que pagó Principal por Cuprum tenían incorporados, en la planificación de los estadounidenses, al menos US$ 130 millones que luego el Estado se los devuelve para ser descontados por 10 años.
Mientras que, en el caso de Metlife, esta pagó el 1 de octubre de 2013 –según los estados financieros de Metlife Acquisition Co.– US$ 1.900 millones por el 91% de Provida y, de esa cifra, al menos US$ 160 millones –que la estadounidense pagó a BBVA– el Estado los devolverá vía impuestos durante una década.
Nada de esto es ilegal, reiteran las fuentes que conocen detalladamente el sector y que analizaron el caso con este medio, con la reserva de sus nombres. La superintendenta no tenía alternativa más que aprobar la AFP espejo en ambos casos. Pero no debió negar que sabía del objetivo tributario de ambas operaciones.
Eso sí, una ex autoridad advierte que la decisión que tomó Agnic de aprobar este tipo de operaciones, sabiendo que implicaban un perjuicio para el Estado y no significaban ningún beneficio concreto para los afiliados, podría ser cuestionable desde el punto de vista del derecho administrativo, pues no apuntaría al bien común, sino sólo a un bien particular, en este caso, el de Principal y Metlife.
