Entre los que llaman la atención están firmas de uno de los miembros de Consorcio y Watt’s, empresa controlada por Fernando Larraín y donde Pablo Echeverría, presidente de Moneda, es accionista relevante.
Siglo Outsourcing entró al ruedo en el caso Penta luego de que en enero Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín –socios del holding financiero– dieran cuenta de un mecanismo irregular para efectuar el pago de bonos y remuneraciones a sus ejecutivos, por medio de forwards premeditados que reducirían su carga impositiva, teniendo como contraparte a la mencionada empresa y otras como CB, ligada al grupo Cruzat.
Sus declaraciones abrieron la puerta para que el Ministerio Público pusiera la lupa sobre la empresa de Roberto Carrasco, dueño de Siglo. En enero pidió a la Bridec de la PDI que requisara boletas de honorarios recibidas por Asesorías VSA –controladora de Siglo Outsourcing–, facturas de entre 2010 y 2014 y balances generales, así como su libro mayor de los años 2012, 2013 y 2014.
Los resultados llegaron en marzo de este año, arrojando algunas sorpresas. Entre estas, la relación comercial entre Moneda Asset Management y Siglo a través de Asesorías VSA. Pero sus clientes son numerosos y las características de dichos contratos, en efecto, llamaron la atención de la PDI.
“Al efectuar un análisis de la documentación obtenida, se pudo observar que dentro de las facturas emitidas por la empresa Asesorías VSA Ltda., se encuentran varias dirigidas a empresas del Grupo Penta, así también otras que llaman la atención por sus montos y fechas en que se emiten, coincidiendo en algunos casos con empresas que han sido revisadas y/o mencionadas en la presente investigación”, fue el juicio que se armó la PDI.
En concreto, las compañías a las que se hace alusión son algunas de alto renombre en la industria chilena. Watt’s, Bci, Universidad San Sebastián y las sociedades personales de Eduardo Fernández León, socio de Consorcio, son algunas de las que más llaman la atención y que se suman a Moneda Asset Management y otras firmas de menor alcance.
Algunas de estas firmas están estrechamente relacionadas a nivel de sus ejecutivos. Watt’s, por ejemplo, tiene en su directorio a Fernando Larraín Peña, Leonidas Vial Echeverría, Fernando Larraín Cruzat –todos socios de LarrainVial– y a Pablo Echeverría, quien a su vez es socio de Moneda Asset Management. Tanto LarrainVial como Moneda tienen –o han tenido– relaciones comerciales con Consorcio, de la cual Eduardo Fernández León es socio. Las sociedades investigadas que figuran en la carpeta de la Fiscalía relacionadas a este último son Desarrollo Inmobiliario FFV S.A., fundada por Fernández León y Leonidas Vial, además de las sociedades vinculadas FFV Inversiones S.A., FFV Proyectos S.A. y FFV Servicios S.A.
Las boletas incautadas y que llamaron la atención de la PDI son por asesorías profesionales o financieras. Hoy están en manos de la Fiscalía, la que –según sostienen fuentes informadas– no ha solicitado nuevas diligencias sobre la materia por el momento, pero que sí debiera indagar sobre la legalidad de tales documentos.
A juicio de una parte interesada en la causa, “(la opinión de la PDI) debiese ser un elemento en cualquier investigación razonable para que se ordenen diligencias para indagar la veracidad de esos servicios. Pero lo que está haciendo la Fiscalía está bajo llaves”.
A juicio de personeros cercanos al Ministerio Público, esas boletas son parte de la carpeta, pero no se ha profundizado mucho en ellas, dado que la Fiscalía está en una carrera contra el tiempo y se está concentrando en las aristas de mayor envergadura, de las tantas que componen el caso Penta y SQM. Sin embargo, aún no se ha tomado la decisión respecto de continuar indagando sobre dichos documentos, pese a que efectivamente sostienen que las boletas levantan sospechas, considerando el juicio que se armó la PDI.
¿Qué dicen los involucrados?
Este medio intentó tomar contacto con las distintas empresas salpicadas en la incautación de la Bridec. Ni una quiso dar una versión oficial sobre la materia, pero sí sostuvieron informalmente que Siglo Outsourcing les daba distintos servicios de contabilidad y sistemas de pagos de remuneraciones.
En el entorno de Bci, por ejemplo, explicaron que “entre en 2012 y 2103, Bci contrató a varias firmas para obtener opiniones de IFRS, siendo Siglo Outsourcing una de ellas”, pero la relación termina allí, pues “no existen contratos forward que Siglo Outsourcing haya solicitado a Bci, ya que no cuenta con condiciones generales firmadas con el banco”.
Desde el entorno de Roberto Carrasco enfatizan que el resultado de la incautación de la policía se explica por las actividades que realizaba Siglo, una compañía con “más de 500 clientes”, aseguran. En esa línea, las empresas mencionadas eran clientes de la sociedad de Carrasco, quien en su declaración ante la Fiscalía sostuvo que se trata de una compañía con más de 1.300 empleados y agregó que “más de 6.000 personas dependen de nosotros, sus bonos se pagan como corresponden dentro de la ley”. “Ellos son clientes”, sostienen, agregando que las únicas operaciones cuestionadas son las cinco operaciones forwards relacionadas con Penta y sus sociedades.
Un ex ejecutivo de Siglo Outsourcing sostiene que esta compañía era la cara visible que facturaba a los clientes y subcontrataba a VSA, en la cual trabajan personas que se encargaban de pagar las remuneraciones en dichas empresas. “Los clientes eran de verdad”, enfatiza.
VSA se hacía cargo de distintas materias relativas al pago de remuneraciones, como la asignación de colaciones, uso de las cajas y mutuales, cómo se organizaban los contratos con respecto, por ejemplo, a personas con renta variable, entre otros. “Esos servicios se prestaban (…). No hay que confundirse con servicios que realmente se prestaban. El trabajo que allí se realizaba es real y esas empresas eran clientes de VSA. Y lo más probable es que los servicios por las boletas que allí figuran hayan sido reales”, asegura.
Cabe recordar que tanto Roberto Carrasco como su hermano Marcos y Verónica Soto (quien hasta 2013 figuraba como socia de VSA) fueron objeto de querellas por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII). Esto, para que se les investigue como presuntos autores de delito tributario “por la rebaja indebida de la renta líquida imponible de las compañías, al registrar como gasto en la contabilidad boletas de honorarios y facturas no afectas o exentas de IVA falsas de sociedades pertenecientes a sus ejecutivos para ocultar el pago de bonos o remuneraciones, y por realizar operaciones de forwards antedatadas destinadas a generar pérdidas ficticias”.
