La falta de explicitación de la estrategia económica le da alas a la sospecha que se ha instalado en algunos grupos partidarios del Gobierno y del movimiento social, de que la “catástrofe económica” que se anuncia apunta simplemente a parar la reforma laboral (en particular, la titularidad sindical y el no reemplazo) e, incluso, retrotraer aspectos claves de la reforma tributaria (bajo la denominación de arreglos técnicos) y del compromiso de gratuidad educacional. De confirmarse estas percepciones, estarían en peligro las bases fundamentales del acuerdo político que sustenta el actual Gobierno.
El viernes 10 de julio se reunió el gabinete para evaluar la situación del país y la marcha del Gobierno. El discurso dado a conocer profundizó en la causa de los problemas enfrentados, identificando cuatro dificultades principales: la complejidad de las reformas, la desaceleración de la economía, la falta de preparación de la administración estatal para procesar, simultáneamente, varios cambios estructurales y las dificultades políticas surgidas que han acentuado la desconfianza ciudadana.
Fuera de la evaluación crítica quedó lo que probablemente ha sido el principal problema de la actual administración: los déficits de la conducción política que culminó en la salida, en mayo, de los jefes del equipo político y el equipo económico. Esta dificultad se tradujo en falta de diálogo y en un cierto autoritarismo en la relación con la coalición de Gobierno y en un escaso esfuerzo por defender y explicar el sentido y contenido de las reformas a la población, lo que dejó el campo abierto a la oposición para poner en cuestión las reformas. Sin negar, ni mucho menos, que el Estado chileno presenta variadas deficiencias y falta de modernización, parece excesivo cargar las culpas a una falta de preparación de la administración estatal sin analizar los problemas que tuvo el diseño ministerial inicial.
La falta de claridad en el diagnóstico ha abierto un amplio campo para que la oposición se dé un festín con el desempeño de la Administración en los primeros 16 meses. Se ha construido así un presunto “amplio consenso” de que no solo se ha perdido año y medio sino que, además, se ha retrocedido. Ese es, evidentemente, el primer paso para retrotraer el avance reformista.
Fue sin duda importante que la Presidenta haya afirmado que la orientación básica de la nueva fase del Gobierno debe ser “realismo sin renuncias”. Ello, sin embargo, resulta insuficiente.
No existe todavía un concepto de la estrategia económica que debe impulsar el equipo económico gubernamental. Parece observarse una actitud desesperada, «adecuar todo a los menores recursos fiscales que tendrá el Gobierno».
¿Qué tiene que ver esa constación con definir una política para enfrentar los problemas estructurales que enfrentamos y arrastramos desde hace algunos años (alta dependencia del cobre, estancamiento congénito de la productividad, mala preparación de recursos humanos, desarrollo de infraestructura detenida y altos precios de energía) y que hoy se expresan en que la crisis china amenaza con golpearnos fuertemente?
El problema es que el PIB potencial está cayendo ya desde hace algunos años. Mantener el nivel actual de ahorros o resistir un incremento del endeudamiento no ayuda en absoluto a ampliar nuestra capacidad productiva y el desarrollo de la competitividad. La austeridad nos permitirá reducir el déficit fiscal el próximo año, a costa de un deterioro adicional del PIB potencial, pues enfrentamos un sector privado que no se decide a invertir.
En parte, porque la situación internacional no es auspiciosa; en parte, porque se ha encarecido la inversión, producto de la caída del tipo de cambio; y en parte, porque el sector privado no observa en el Gobierno la decisión de impulsar una dinámica anticíclica (más allá de los problemas de las expectativas).
El Gobierno no ha explicado por qué no puede aceptar en el 2016 un déficit fiscal equivalente al actual. Existen recursos en los diversos fondos; el bajo nivel de la deuda pública (mínimo en cualquier comparación internacional) permite un mayor endeudamiento y el costo del crédito está muy bajo. Al mismo tiempo, el haber estado creciendo desde el 2013 bajo el PIB potencial genera holguras significativas, lo que aleja cualquier peligro de exceso de demanda interna. La inflación actual tiene un claro origen en la devaluación del peso. Esta es otra expresión de los problemas estructurales: baja el ritmo de crecimiento chino y el precio del cobre cae y con ello el valor de las exportaciones.
La falta de explicitación de la estrategia económica le da alas a la sospecha que se ha instalado en algunos grupos partidarios del Gobierno y del movimiento social, de que la “catástrofe económica” que se anuncia apunta simplemente a parar la reforma laboral (en particular, la titularidad sindical y el no reemplazo) e incluso retrotraer aspectos claves de la reforma tributaria (bajo la denominación de arreglos técnicos) y del compromiso de gratuidad educacional. De confirmarse estas percepciones, estarían en peligro las bases fundamentales de acuerdo político que sustenta el actual Gobierno.
Al mismo tiempo, se pierde de vista que los problemas del Gobierno y de la coalición son, en primer lugar, de naturaleza política. La apreciación ciudadana de la Presidenta, del Gobierno y de las reformas es muy negativa. Ese es el problema que es necesario resolver. Nadie ha explicado de qué forma alcanzar un equilibrio estructural de las finanzas públicas en el año 2018 va a resolver esos problemas políticos fundamentales. No se observa todavía un diseño político claro. La exposición del ministro Máximo Pacheco en ‘Tolerancia Cero’ fue un paso importante, pero centrada en exceso en el empresariado, como si el resto de los grupos sociales y agentes económicos no fueran relevantes.
La hoja de ruta que se defina debe especificar lo que la estrategia política requiere de la política económica. Es indispensable una estrategia de defensa de las reformas. Hay señales positivas, los ministros están hablando con los partidos (no basta, sin embargo, que pretenda solo explicar sus puntos de vista, hace falta una real deliberación). No puede ser que la oposición siga desprestigiando las reformas y su avance y el Gobierno no salga a defenderlas (una excepción interesante fue la intervención de Óscar Landerretche en Radio Duna, consignada por El Mostrador).
La reforma educacional no se defiende sola, es necesario un debate a fondo con la oposición y un acercamiento con los estudiantes y los profesores y una ofensiva respecto de los padres y apoderados. Es preocupante olvidarse de la reforma previsional; eso aleja del Gobierno y de la Nueva Mayoría a una parte muy importante de la ciudadanía que la está pasando mal hoy, de otros que creen que muy pronto, cuando jubilen, la pasarán peor y que son votos cruciales en las elecciones que vienen. En tal sentido, parece indispensable exigir que la Comisión Presidencial de reforma de la previsión saque una buena propuesta para el próximo período y, mientras tanto, empuje una AFP estatal con un nombre más atractivo.
Los requerimientos financieros en este campo son menores. Se hace indispensable una campaña de emergencia en salud, que se proponga una reducción dramática de las listas de espera y se creen las medidas para cumplir con el programa de inversiones definido. Este ministerio no puede servir para asegurar equilibrios de ningún tipo; tendría que estar encabezado por un gestor(a) de primer orden y un equipo de lo mejor para dar un golpe en este campo. Así se hace política y se aborda la crisis de credibilidad del Gobierno.
A veces se tiene la sensación de que se dan golpes de ciego. Es el caso de la Comisión de Productividad. No resulta claro que suma este grupo de destacados profesionales a la ya amplia estructura pública preocupada por la productividad. Tampoco resulta claro por qué aparece sin un proceso previo de consultas y tratativas con los principales actores en este campo, asociaciones empresariales, sindicatos y el mundo de la academia que viene trabajando estos temas. En la comisión, se ve poca gente con especialización en economía del desarrollo, de la innovación, de la capacitación y, menos aún, vinculados a la Pyme y a los problemas del desarrollo productivo. Lo más preocupantes es, sin embargo, que siendo el tema del estancamiento de la productividad un problema central, en los preámbulos del debate presupuestario no aparece la decisión de realizar esfuerzos sustantivos y especiales en este campo. Más bien parece que, más allá de la comisión, se propone un poco más de lo mismo.
La aparición de Velasco en la Moneda revive el fantasma de que el presente Gobierno aplique la misma estrategia que aplicó este personero cuando era ministro de Hacienda. En lo esencial, Velasco impuso en los años 2006 y 2007 una política que priorizó el ahorro público y que llegó en esos años a cifras cercanas al 8% del PIB. Esa cifra equivalía al monto total del gasto e inversión en educación y salud. La consecuencia de no haber priorizado la salud y la educación respecto de un objetivo de ahorro tan agresivo, fue que en educación se fueron acumulando los problemas que explotaron en las movilizaciones estudiantiles de los años 2011 y 2012. En salud, por su parte, aumentó en forma brutal la compra de servicios al sector privado, con el consiguiente aumento explosivo de la deuda en salud, y de los tiempos de espera de los pacientes (deben esperar hasta 720 días). Todo esto conformó parte de la trayectoria que terminó en la derrota electoral del 2010.
Eugenio Rivera
Fundación Chile 21
