Eliminar los Fondos A y E, extender la licitación de afiliados a una parte de los antiguos y permitir AFP sin fines de lucro, destacan entre las novedades. El documento, además, puso en números la cruda cara de la pobreza en Chile.
El casi perfecto empate entre los 24 integrantes de la Comisión Bravo, que presentó ayer sus propuestas a la Presidenta Michelle Bachelet, ha concentrado los titulares de los medios en los últimos meses.
Sin embargo, el informe revelado el lunes –que ahora será analizado, sin plazos de por medio, por un comité de Ministros– demostró que son numerosas las propuestas que, si bien no captan unanimidad, al menos obtienen una mayoría de votos. Y entre dichas propuestas, llamadas específicas, varias de ellas sacarían roncha entre las AFP, los ciudadanos y hasta las Fuerzas Armadas. Del Gobierno dependerá que al menos aquellas avancen rápidamente.
Cuadro general
El informe de la Comisión Bravo se extiende en diagnósticos. Presenta, además, tres grupos de propuestas (A, B y C). La primera es la que apoyaron doce integrantes, entre ellos el presidente David Bravo, y que no toca en forma relevante a las AFP y solo se enfoca en que el Estado aumente sus aportes al pilar solidario, que subsidia a los más pobres del sistema de pensiones.
La propuesta B, que recibió 11 votos, corrige parcialmente el sistema, al instalar un fondo solidario que recauda parte de las nuevas cotizaciones que se agregarían al sistema (4% de cargo del empleador y el Estado) y los destina a elevar las actuales y futuras pensiones, concentrado en los más desposeídos pero asignándoles aportes adicionales a todos. La C, que eliminaba las AFP y creaba el sistema de reparto que es mayoritario en Europa, tuvo un solo voto.
Las propuestas con mayoría
Pero, adicionalmente, el informe presenta un total de 58 propuestas “específicas”, que fueron aprobadas por al menos 13 consejeros y, por ende, cuentan con mayoría simple.
El costo de estas 58 medidas, en principio, alcanzaría los US$ 1.000 millones, un 0,4% del PIB. La consecuencia de tomar solo estas medidas permitiría elevar pensiones y tasas de reemplazo, la que subiría en 13,5 puntos porcentuales en el caso de los hombres y 29 puntos porcentuales en mujeres. Algunas de ellas, si se concretaran, serían de polémica discusión.
Tres de ellas (9, 10 y 11) apuntan a elevar las cotizaciones. Se agregaría un 4% del sueldo, que lo pagaría el empleador y que se distribuiría por cuatro años para no encarecer drásticamente el mercado laboral, yendo además a un fondo solidario.
En tanto, la propuesta 58 sacaría ronchas en el mundo militar, pues les tocaría el bolsillo a las Fuerzas Armadas, las cuales hoy disponen de un abultado pozo de las ventas de Codelco. “Sin perjuicio del mandato de la Comisión (…) la comisión estima que las Fuerzas Armadas, PDI, Carabineros, Gendarmería y asimilados, deberían tener en general, igual trato de incorporación y cotizaciones que el resto de los trabajadores, debiendo atenerse a las características específicas de su ocupación”.
Menos sueldo en el ABC1, edad de jubilación y fin del fondo A
La propuesta 13, en tanto, le pegaría al sueldo líquido de los empleados que más ganan en Chile, aunque con un tope de casi $3 millones bruto mensuales. La idea apunta a elevar el tope imponible de cotización, que hoy llega a UF 73,2 (poco más de $ 1,8 millón) a UF 109,8 (unos $ 2,8 millones). Hoy, quien gana más de UF 73 mensual, solo cotiza el 10% de ese monto, yendo completo a su bolsillo todo lo que gane por sobre ese nivel. Si se pusiera en marcha esta propuesta, tendría que cotizar el 10% de su sueldo, incluso si llega hasta los $ 2,8 millones.
También se propone igualar la edad de jubilación entre hombres y mujeres en un período de 10 años, aunque incluyendo solo a las personas que hayan nacido desde 1970 en adelante. Esto incluiría incentivar el retiro más tarde y exigir la cotización previsional hasta el día en que el trabajador, aunque esté jubilado, siga activo laboralmente.
Por otro lado, la comisión plantea la idea de eliminar dos de los tres multifondos, en particular los extremos. Así, dejaría de existir el Fondo A, el más riesgoso con hasta el 80% invertido en acciones y el E, que solamente puede apostar a esos activos el 5% de los ahorros que administra.
Eso sí, el propio informe plantea inconvenientes a esa idea. “Esta propuesta considera que en el actual sistema de multifondos los afiliados están en condiciones de adoptar decisiones complejas, lo cual contrasta con la evidencia de baja educación previsional y financiera. Por lo tanto, parece excesivo en términos de las decisiones que amerita contar con cinco fondos. Una reducción a tres supondría una redefinición de las composiciones de riesgo-retorno así como de los esquemas de Default”, consigna el documento.
Las AFP en la cornisa
Aunque estas propuestas “específicas” no afectan mayormente el sistema de capitalización individual en su totalidad, sí muestran ideas que pondrían los pelos de punta a las administradoras privadas.
Por un lado, se propone autorizar la operación de entidades administradoras de fondos pero sin fines de lucro, es decir, que no retiren utilidades, tan solo cobren un sueldo por la administración de los dineros.
También se plantea que las comisiones de intermediación de las inversiones, que hoy costean los afiliados, sean asumidas plenamente por las AFP.
Sin embargo, la propuesta que más alteraría a las firmas que son representadas por Rodrigo Pérez Mackenna, presidente de las AFP, es la siguiente: que las licitaciones de cartera de afiliados incluyan no solamente a los nuevos afiliados que se incorporen al sistema, sino aparte los que ya están en otras AFP.
Aunque esta idea ha sido planteada antes y se aplica en otros países, la propia Superintendenta de Pensiones en el primer Gobierno de Bachelet –y que continuó con Piñera–, Solange Berstein, la consideró una idea prematura, pues –a su juicio– debían esperarse los resultados de la reforma previsional de 2008, la que permitió implementar dichos concursos.
Lo cierto es que el propio informe de Bravo confirma que las esperanzas de Berstein eran infundadas. “Existe evidencia de baja competencia en precio entre las AFP, existiendo solo un 20% de cotizantes afiliados actualmente en las AFP que ganaron la licitación introducida por la reforma de 2008 y por lo tanto, un 80% sigue pagando comisiones mucho más elevadas”, se señala en la parte inicial del informe.
El drama social del país
En el diagnóstico previo a la presentación de las propuestas específicas de la comisión, las que contarán con más de 12 votos a favor, se analiza el efecto positivo de la reforma previsional de 2008.
Las cifras son reveladoras de la precariedad en que vive un porcentaje importante del país. Según los números de la comisión, de no haberse implementado el sistema de pensiones solidarias en 2008, la tasa de pobreza habría llegado a 9,6% para personas de 65 años y más (7,5%, de acuerdo a Casen de 2011). Esto permitió –agrega– que cayera la pobreza nacional en 0,7 puntos porcentuales (es decir, sin la reforma la pobreza nacional no alcanzaria 14,4% sino 15,1%).
¿Y por qué las pensiones solidarias hicieron bajar la pobreza? La respuesta es cruda. El informe indica que, si bien a partir del 1 de julio de 2015 la Pensión Básica Solidaria (PBS), llegó a $ 89.764 mensuales, esta cifra representa un 40% del ingreso mínimo y, más aún, supera marginalmente la línea de pobreza urbana, de UF 3,2. Esto significa que cualquier jubilado o jubilada de nuestro país, al recibir menos poco de $ 90 mil al mes, supera el límite de la pobreza que se marca en $ 80.808. En simple: quien gana en el Chile desarrollado de 2015 al menos $ 81 mil mensuales, no es pobre.
El pilar solidario que impulsó la reforma de 2008 lo completa el aporte solidario, donde el Estado le agrega $ 20 mil o $ 30 mil a jubilaciones que no lleguen a los $ 290 mil.
La situación de los adultos mayores es difícil de imaginar. Esto, porque –según el informe– a marzo de 2010, había 800 mil pensionados favorecidos por el SPS (Sistema Previsional Solidario), cifra que supera el 1,3 millón de chilenos(as) a marzo de 2015. Y solo se trata de los adultos mayores.
Con esto, el SPS cubre el 57% de la población adulta nacional –es decir, 6 de cada 10 tienen que ser subsidiados total o parcialmente por el Estado–.
Las cifras pueden sorprender a quienes no conocen el Chile profundo y que gustan de vociferar el éxito económico del país en el mundo. El SPS requiere que para acceder sus subsidios la persona pertenezca al 60% más pobre de Chile y en ese grupo el ingreso per cápita es de $ 171 mil mensual. La joya de América Latina está sentada en el umbral del desarrollo gracias a que el ingreso per cápita bordea los US$ 20.000 anuales, esto es, una cifra que supera largamente el millón de pesos mensuales, casi seis veces más que el per cápita de los adultos mayores.
La propuesta específica, que logró el apoyo de al menos trece integrantes, es aumentar de 60% al 80% la cobertura del SPS.
