Autoridad sancionó con un total de $ 55 millones a Provida, Habitat, Cuprum, Capital y Modelo. Frente a las defensas, la autoridad advirtió que fue por su fiscalización que se detectaron las irregularidades y no por controles internos «como debería ser».
Millonarios recursos debieron destinar cinco AFP para reponer a sus afiliados los dineros que estos perdieron –o dejaron de ganar– a causa del no cumplimiento de los plazos comprometidos para transferir los ahorros entre los distintos fondos solicitados por sus clientes.
Según las resoluciones sancionatorias de fecha 11 de septiembre de 2015 publicadas por la Superintendencia de Pensiones, las AFP Provida, Habitat, Cuprum, Capital y Modelo recibieron multas por un total de UF 2.200, unos $ 55 millones.
Adicionalmente, las administradoras debieron compensar en $ 1.068 millones (US$ 1,58 millón de hoy) a sus afiliados por las pérdidas de rentabilidad que les generaron las demoras o anticipación de los traspasos.
El caso ocurrió en abril de 2013 y fue descubierto gracias a una fiscalización iniciada el 27 de junio del mismo año, cuando la superintendencia envió oficios ordinarios a las distintas AFP, pidiéndoles los antecedentes relativos a cambios de fondos de pensiones suscritos por sus trabajadores afiliados, para el período comprendido entre 1 y 15 de abril de ese año.
La sorpresa fue mayúscula cuando verificó el nivel de incumplimiento develado en el proceso. Dos meses después, el 21 de agosto, la superintendencia ofició nuevamente a las gestoras, haciéndoles ver el incumplimiento en los plazos de traspaso de los fondos a partir de las solicitudes hechas por sus afiliados. Entre las cinco sancionadas, el número de clientes afectados llegó a 10.209 personas. El sistema de pensiones tiene 9,4 millones de afiliados, es decir, el caso afectó a una porción inferior al 0,01% del sistema.
Las AFP se defendieron con distintos argumentos de índole administrativa, vinculados a sus distintas formas de gestionar las solicitudes, aunque todas informaron que asumirían el costo financiero de compensar a los afiliados por la pérdida de rentabilidad generada.
Las resoluciones sancionatorias develaron los vacíos del sistema que exponen a los fondos de los afiliados a variaciones en la rentabilidad a causa de problemas o negligencias en el funcionamiento de las administradoras para el traspaso de los referidos fondos en el momento que corresponde.
Todo esto, en medio de las volatilidades que afectan a los mercados. Concretamente, la superintendencia reconoció ante las AFP que, si no hubiera fiscalizado, no se habrían detectado los errores, pues los sistemas internos de las administradoras no los detectaron. Las AFP refrendaron su disposición a compensar, pero la autoridad les recordó que eso no es más que cumplir la ley.
Provida, la más multada
AFP Provida –el mayor actor del mercado y ligado a Metlife– presentó el mayor incumplimiento, pues el 3 de abril de 2013 tuvo solicitudes de traspaso por $ 49.013 millones –las que se debieron transferir el 9 de ese mes– y solo fueron transferidos $ 26.999 millones. Así, relata la superintendencia, quedaron pendientes de transferir a los fondos D y E, un total de $ 22.014 millones.
La autoridad le reprochó que el retraso se dio pese a que los montos netos de los cambios involucrados en ambos tipos de fondos no excedían el límite del 5% de variación patrimonial establecido al efecto, diferencia que en el caso del Fondo E ascendía a $ 21.956 millones.
Según el relato de la autoridad en su resolución sancionatoria, hubo incumplimiento a las solicitudes de traspaso hechas entre el 3 de abril y el 5 de abril, cuyos cambios debieron concretarse el 10 y 11 de ese mes.
También detectó que, en el caso de solicitudes hechas en esas fechas, aunque no relacionadas al Fondo E, no se materializaron entre el 9 y el 11 de abril de ese año como correspondía. Además, confirmó que hubo solicitudes efectuadas entre el 6 y 11 de abril de ese año para distintos fondos y que no se concretaron entre el 12 y el 17 de abril del mismo mes, como correspondía.
Provida se defendió asegurando –en respuesta del 28 de agosto de 2013– que la causa del retraso fue un procedimiento implementado para la aceptación de las solicitudes recibidas a través de su sitio web, el que contempla el cierre de transacciones diarias de cambios y distribuciones de fondos a las 21 horas. Esto, aseguró Provida, le permitía contar con la “ventana de proceso” necesaria para garantizar que todos sus procesos ‘batch’ concluyeran antes de la apertura de sus oficinas al día siguiente.
Por eso –agregó–, las suscripciones efectuadas quedaron operativas al día siguiente, al tiempo que las fechas de suscripción y las de materialización de las mismas se corrieron.
La Super le reprendió que dicho procedimiento era ilegal y le dio diez días para determinar el total de operaciones de cambio de fondo que, como resultado de dichos incumplimientos, no fue materializado en los plazos establecidos. Esto, “con el propósito que estableciera y financiara dentro del mismo plazo, las eventuales pérdidas de rentabilidad que hubieren afectado cada una de las operaciones involucradas”.
Dicho proceso derivó en que Provida detectara 3.123 afiliados afectados, calculando la compensación por pérdida de rentabilidad en los fondos referidos en $ 134 millones y $ 336 millones, los que fueron cancelados el 18 de febrero y el 14 de marzo de 2014.
En informes posteriores, además, Provida reveló compensaciones por $ 22,26 millones adicionales para otros 153 afiliados que, al 14 de marzo de 2014, habían sido traspasados a otras AFP, los que fueron regularizados entre marzo y junio de 2014.
Recién el 26 de mayo de 2015, Provida fue notificada de la apertura del expediente de investigación, donde le fueron formulados cargos por las irregularidades mencionadas.
El 9 de junio pasado, la AFP de Metlife se defendió aduciendo que ella realizaba el cierre de transacciones diarias de cambios y distribución de fondos en su sitio web a las 21 horas.
También la AFP informó de las medidas que estaba tomando para superar las dificultades y los planes para compensar a sus clientes, lo que significó un impacto financiero total de $ 493 millones. E indicó, asimismo, que había adecuado sus sistemas para que todas las solicitudes de cambio o distribución de fondos que se hagan en el sitio web hasta las 24 horas de un día hábil, efectivamente se materialicen al cuarto día hábil siguiente.
El 9 de agosto pasado, la AFP pidió en la etapa de prueba –donde presentó los comprobantes de las compensaciones y los cambios ordenados en sus sistemas– que se le liberara de cargos o que se le multara por el mínimo.
Sin embargo, la superintendencia le refutó duramente, advirtiéndole que las compensaciones están definidas en la ley –por ende, no morigera la conducta de la gestora– y que las irregularidades solo fueron constatadas gracias a la labor de fiscalización, no por procesos internos de las AFP.
“Debe tenerse presente que la obligación de las administradoras de compensar el perjuicio que sus acciones pudieran generar a los Fondos de Pensiones tiene su fuente en la ley, por lo que es distinta e independiente de las facultades sancionatorias que la ley estableció a esta superintendencia como posibles de aplicar a sus regulados, en el ejercicio de sus funciones”.
Por ello, la superintendencia resolvió el 11 de septiembre pasado, además de las compensaciones, multar a la administradora con UF 600 ($ 15,10 millones de hoy).
Las otras AFP
En el caso de la administradora ligada a la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), la superintendencia detectó incumplimientos tanto por retrasarse como por adelantarse en los plazos de traspaso y vinculados a todos los tipos de multifondos.
Para el periodo de solicitudes ligadas al Fondo E, hechas entre el 9 y 10 de abril de 2013, la autoridad detectó un exceso neto de $ 5.550 millones. Para otros cambios ligados también con el Fondo E, por la concreción de traspaso entre el 11 y el 16 de abril, se verificó un retraso en transferencias por $ 44.261 millones.
Habitat se defendió aduciendo “incidencias ocurridas en los procesos de validación operacional del total de traspasos diarios relacionados a cambios de fondos”. Agregó que los problemas habían sido solucionados y se compensó a los clientes.
La Superintendencia, al igual que con Provida, le recriminó la gravedad del incumplimiento.
“(…) Mayor gravedad revisten tales circunstancias, toda vez que estas fueron detectadas como consecuencia de la función fiscalizadora de esta Superintendencia y no por mecanismos y procedimiento de control propios de esa administradora, como es esperable, más aún en un aspecto tan propio y sensible del giro que por ley le ha sido conferido”, afirmó la autoridad.
Además de tener que compensar con $ 318 millones a los 3.629 afectados, Habitat también fue sancionada con una multa de $ 15,10 millones.
En el caso de AFP Cuprum, del grupo Principal, la superintendencia también detectó irregularidades en los traspasos de abril. Sin embargo, a diferencia de las otras administradoras, el 2 de diciembre de 2013, Cuprum refutó las acusaciones, asegurando que en parte de los casos denunciados las operaciones revisadas “no excedieron el límite de variación patrimonial establecidos en la normativa vigente” y solo reconoció errores en un total de 95 casos, los que luego aumentaron a 103.
No obstante, recordó la superintendencia, Cuprum debió realizar nuevos arqueos y dos meses y medio después, el 14 de febrero de 2014, reconoció la existencia de 1.444 casos de personas cuyos traspasos se hicieron en fechas distintas a las que habían solicitado los afiliados. En total, Cuprum debió compensar con $ 159 millones.
Cuprum, en sus descargos de 10 de junio pasado, indicó que realizó un completo análisis del proceso de solicitudes de cambio y distribución de fondos involucradas en el proceso de exclusión de patrimonio realizado entre el 9 y 16 de abril de 2013.
Junto con ello, aseguró que tomó medidas correctivas y preventivas y que desde entonces no se han detectado nuevos casos.
Entre los cambios, incluyó un proceso llamado “simulación, previo a la acreditación, para replicar con exactitud el proceso de acreditación, evitando así cualquier inconveniente, validando adicionalmente cómo quedará efectuado finalmente el proceso, entre otras medidas.
Nada de esto bastó, aunque la autoridad la multó solo con UF 400, unos $ 10 millones.
Con AFP Capital, del grupo colombiano Sura, la superintendencia detectó, en el mismo mes de abril de 2013, transferencias retrasadas por $ 14 mil millones, vinculadas al Fondo E, entre otras irregularidades por traspasos de fondos.
En sus descargos, la administradora explicó los procesos para dichos traspasos, que buscan prevenir no violar los límites legales, pero todas sus explicaciones fueron refutadas por la autoridad, que las calificó como incumplimientos normativos.
Finalmente, se le multó, al igual que Cuprum, con UF 400. Esto se suma a los $ 83,6 millones que debió traspasar a los fondos de los afiliados para compensar las pérdidas de rentabilidad generadas por los retrasos.
La última sancionada fue AFP Modelo, ligada a Andrés Navarro, que debió compensar a 326 afiliados afectados, transfiriéndoles un total de $ 13,4 millones. La multa fue por UF 200 (poco más de $ 5 millones).
Las AFP multadas pueden presentar recursos de reposición ante la superintendencia y recursos de reclamación ante la Corte de Apelaciones.
