Comité de Buenas Prácticas cierra investigación por CGE y caso queda 100% en manos de la SVS

Ya ha pasado más de un año desde que el grupo español Gas Natural Fenosa lanzó la Oferta Pública de Acciones (OPA) por el grupo energético CGE y las dudas por posible uso de información privilegiada en los días y meses previos aún no se aclaran.

Desde marzo de 2014 y hasta días previos al anuncio de la OPA, se repitieron numerosas transacciones de diferentes inversionistas y empresarios que potencialmente podrían haber accedido antes a la noticia. De hecho, El Mostrador Mercados reveló en enero de 2015 un informe de la unidad de auditoría de la Bolsa de Comercio de Santiago (BCS), donde se identificaba a distintos inversionistas que adquirieron acciones de CGE, incluido el socio de LarrainVial, Leonidas Vial Echeverría, cuyo entorno aseguró que se trató solo de cambios de libro.

El informe de la Bolsa llegó a manos del Comité de Buenas Prácticas que preside Lisandro Serrano, entidad que inició una investigación del caso, la que acaba de concluir, sin resultados concretos que clarifiquen lo ocurrido.

Por ello, el Comité derivó el miércoles pasado una carta a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), entidad que lidera Carlos Pavez, con los antecedentes recabados. El trabajo del Comité concluyó sin determinar responsabilidades, aunque con información aportada por corredoras de Bolsa.

El integrante del Comité, Jorge Jaramillo, informó a este medio que se les solicitó antecedentes a distintas corredoras de Bolsa, entre ellas Banchile (la que lideró la gestión de la OPA), pero esto no bastó para determinar si hubo o no información privilegiada.

Por ello, Jaramillo reconoce que la única que está en condiciones de determinar responsabilidades es la SVS.

“El caso queda definitivamente en manos de la SVS, por parte nuestra no vamos a seguir investigando”, explica Jaramillo. Sin embargo, el abogado reconoce que “hay elementos para investigar”, por lo que “amerita revisarlo”.

Hasta el cierre de esta edición la SVS no había confirmado la recepción de la carta y, como es común en estos casos, la autoridad no se refiere a investigaciones abiertas.

Eso sí, el propio Pavez señaló –en una entrevista a El Mercurio de enero pasado– que “si me pregunta si hay acá elementos que nos puedan estar mostrando que hay infracciones a la norma de información privilegiada, yo creo que sí”.

Su comentario lo hizo a propósito de consultas de dicho medio respecto del posible uso de información privilegiada en la compra de acciones de CGE, del ingreso de Prudential a la AFP Habitat y la venta del grupo de salud Cruz Blanca a la española Bupa Sanitas, en fechas previas al anuncio de cambios en su propiedad.

Aunque en ese momento Pavez indicó que tenían avances en las distintas investigaciones, lo cierto es que la dificultad para confirmar uso de información privilegiada es alta. El propio superintendente se ha quejado en reiteradas oportunidades que, sin atribuciones más intrusivas para indagar correos o llamadas al interior de las corredoras de Bolsa, las posibilidades de confirmar irregularidades en estos casos son bajas.

Según explica Jaramillo, el trabajo del Comité se acotó a indagar el rol de las corredoras de Bolsa que intermediaron la compra y venta de acciones de CGE, pues no pueden requerir antecedentes a inversionistas.

“Hicimos una investigación para ver si había indicios de corredores de Bolsa que hubieran usado información privilegiada y con las facultades que tenemos no tuvimos evidencias de eso, pero nos pareció que los antecedentes ameritaban hacer una explicación más amplia respecto de otras personas. No tenemos nada más que hacer y ahora está en manos de la SVS”, apuntó.

La SVS, a diferencia del Comité, puede citar a declarar a cualquier persona, incluyendo a los ex controladores de CGE, los grupos Marín, Pérez Cruz y Almería. “Quisimos agotar la pega que podíamos hacer, pero en este tipo de cosas es modesto lo que podemos indagar. La gran dificultad de estos casos es establecer el nexo entre la fuente y el que hace la operación. Incluso, hasta la facultades de la SVS son limitadas”, explica Jaramillo.

Un abogado cercano a la operación original manifiesta que ellos están convencidos de que se filtró información, comenzando unos dos meses antes de que se anunciara la operación –y que tienen cierta información que apuntaría a donde ocurrió–, pero critican que al cierre de esta nota nunca los haya contactado ningún regulador.

Los que compraron

La superintendencia tiene algunos antecedentes para abordar la indagatoria. Según el informe que preparó la unidad de auditoría de la Bolsa de Comercio, existieron compras de acciones desde enero de 2014.

La fecha es relevante, pues –según lo publicado por algunos medios– las negociaciones entre los controladores de CGE y Gas Natural Fenosa, comenzaron en marzo de 2014, mientras que el anuncio de la OPA se conoció recién el 11 de octubre del mismo año y la confirmación de las conversaciones ocurrió el 6 de octubre, dos días después que El Mercurio revelara la intención de Gas Fenosa de ingresar a la firma chilena.

Previo a esas fechas, el precio de la acción de CGE venía disparándose. Entre el 17 de julio de 2014 y el anuncio de la OPA, el papel creció 54%, pese a que el IPSA subió solo 3% en el mismo lapso. Aún más, la semana previa al anuncio, la acción trepó 10,65%.

El informe de la unidad de auditoría de la Bolsa reveló que hubo compra sospechosa de acciones por parte de tres clientes de corredoras relacionados a CGE, tres a corredores de Bolsa y otros 56 clientes sin vinculación aparente.

El nombre más llamativo fue el de Leonidas Vial Echeverría, socio de LarraínVial. El entorno del empresario, sancionado por la SVS por su rol en el caso Cascada, explicó en su momento que las transacciones solo obedecieron a cambios de libro y no a compra de acciones propiamente tal.

De igual modo adquirió papeles –intermediada por BCI, Bice y CorpBanca– la familia Pérez Cruz entre febrero y marzo de 2014, por un total de 488 mil papeles y $ 1.283 millones (US$ 2,1 millones), las que luego vendió en la OPA y le generaron una ganancia de $ 1.085 millones.

También aparece adquiriendo acciones entre enero y mayo de 2014 Eduardo Morandé Montt, quien fue gerente general de CGE hasta abril de 2015 y hoy es director de la compañía. Morandé invirtió $ 387 millones y al vender en la OPA ganó $ 317 millones. Según el informe de la Bolsa, el ejecutivo informó 55 de estas operaciones y dejó tres sin la entrega de dichos antecedentes a la SVS.

Asimismo, compraron acciones un director –en ese momento– de CGE vinculado a la familia Pérez Cruz y un ex socio del subgerente corporativo de la empresa, que ganó $ 48 millones con las operaciones.

Aparece en el informe, igualmente, una sociedad vinculada a la corredora del grupo Penta –cuyos dueños, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, están formalizados por delitos tributarios a propósito de aportes irregulares a la política–, el ex gerente de operaciones de la corredora Cruz del Sur, Alejandro Parraguez, además de un cliente de BTG y otro de Consorcio.