Presidente del gremio de administradoras y el timonel de AFP Capital discreparon, a ratos con dureza, con el jefe de estudios de la Subsecretaría de Previsión Social. Bravo, en tanto, pinchó sus conflictos de interés.
Las más de dos horas de debate ayer en el séptimo piso del edificio del grupo colombiano Sura, dueño de AFP Capital, se dieron con un permanente intento de evitar la tensión. Pero las diferencias entre los asistentes fluyeron inevitablemente.
Cuatro eran los panelistas: David Bravo, presidente de la comisión que lleva su apellido para evaluar cambios al sistema de pensiones; Rodrigo Pérez Mackenna, timonel de la Asociación de AFP; Gonzalo Cid, jefe de la división de estudios de la Subsecretaría de Previsión Social; y Andrés Castro, presidente de AFP Capital.
El debate, organizado por Sura y la Asociación Interamericana de Periodistas de Economía y Finanzas (Aipef), permitió recordar parte del catastrófico diagnóstico de la comisión que dirigió Bravo sobre el futuro de las pensiones en Chile si no se toman medidas ahora.
El número más clarificador es que la tasa de reemplazo para 2025 y 2035, sin subsidio estatal, será de 15%; es decir, que la pensión cubrirá solo 15 de cada 100 pesos que el jubilado recibía como sueldo antes de retirarse. A eso se suma que la tasa de reemplazo en la media será de tan solo el 40%.
La discusión de fondo poco a poco fue apareciendo y se concentró en si la solución debe darse principalmente con aportes del Estado a través del Pilar Solidario creado en 2008 o si se requiere una reforma mayor al sistema de pensiones para garantizar pensiones dignas a todos.
En la misma línea, la conversación ahondó en la necesidad de que cualquiera sea el camino que tome el Gobierno –que va a conformar un consejo de ministros que evalúe las propuestas de la comisión y saque iniciativas concretas– será clave que el sistema de pensiones salga fortalecido en su legitimidad ante la población, pues tres cuartas partes del país cree que solo se soluciona si se arranca el modelo de AFP de cuajo.
¿Quién se hace cargo?
Rodrigo Pérez marcó la cancha para las AFP. Primero, aseguró que el chileno es un sistema mixto, con capitalización individual –cotización y acumulación de ahorros por parte de cada afiliado– y al mismo tiempo con solidaridad a través de dos modalidades: Aporte Previsional Solidario y Pensión Básica Solidaria (PBS).
El primero es un complemento que da el Estado a los afiliados del sistema que se pensionan y su dinero no alcanza a un mínimo de $ 250 mil; la PBS, en tanto, es un pensión de 85 mil pesos que se paga a quienes no cotizaron o acumularon mínimos montos que no les permiten llegar a jubilaciones mínimas.
Su visión coincide con la de Bravo y discrepa con la de la mitad de los comisionados –que no tuvieron representante en el panel de ayer, cosa que hizo ver Bravo–, que creen que el sistema de pensiones actual es subsidiado por el Estado al no hacerse cargo de asegurar tasas de reemplazo suficientes, pero no es mixto. La mirada de los que respaldan el sistema actual apunta a que, como ya es mixto el sistema, no es necesario intervenir la acumulación individual de ahorros y más bien deben ser suplementadas las pensiones de quienes tengan menos ingresos. El rol subsidiario del Estado versus el garantista.
Perez se encargó también de dar mayor claridad sobre la posición de las AFP frente al informe de Bravo y confirmó lo previsto: reconocen que las pensiones son bajas, pero lo adjudican a la baja densidad de cotizaciones de los afiliados –muchos meses sin cotizar durante los años de actividad laboral–, además de la falta de actualización de edad de jubilación para enfrentar la mayor expectativa de vida. Para solucionar el problema proponen apoyar la propuesta A de los 12 comisionados, incluido Bravo.
Esto implica que apoyan la idea de que el Estado aporte más dinero al Pilar Solidario, elevar gradualmente la tasa de cotización –hoy en 10%–, hacer cotizar a los independientes, fortalecer a la Dirección del Trabajo para fiscalizar el pago de cotizaciones en las empresas y hacer un esfuerzo mayor en educación previsional.
De las propuestas de la comisión que afectan a las AFP, Pérez rechazó todo. Entre ellas, la idea de eliminar la forma de pensión que gestionan las AFP, los retiros programados, dejando como única alternativa a las rentas vitalicias que manejan las aseguradoras. “Lo encontramos un problema grave, la industria y técnicos han propuesto soluciones intermedias”, lo apoyó Andrés Castro.
También ambos refutaron que se extienda la licitación de afiliados a los antiguos. Desde 2010 se licita el grupo de afiliados que entrará por dos años al sistema y se los adjudica la AFP que ofrezca la comisión más baja. La propuesta de la comisión Bravo es que dicha licitación bianual se haga no solo sobre los nuevos sino incluyendo progresivamente a un mayor grupo de afiliados que ya están en otras AFP actuales. Además, rechazó la idea de una AFP estatal.
A propósito de este rechazo de las AFP a las medidas propuestas, Bravo habló duro y aludió a los intereses en juego de ellas.
“Hay varias propuestas de Rodrigo donde la Asociación de AFP ha manifestado postura, como en la AFP estatal o retiro programado o licitación de cartera. Son medidas que si se implementan van a generar efecto en las AFP. Puede ser. No es relevante para la discusión. Creo que hay que discutir, no digo que en el juicio de ustedes solo hay un tema de interés, pero es bueno reconocer cuáles son los actores más beneficiados y perjudicados por las distintas medidas. Entiendo la postura sobre el retiro programado porque básicamente es menor administración de recursos por parte de las AFP. Entiendo el problema de que un ente estatal entre a funcionar, con las mismas reglas, porque en la práctica puede significar que los afiliados se muevan a una AFP estatal. También que puede haber problemas en relación con incorporar afiliados que pueden hacer la diferencia en términos de poner inversión para bajar los costos. Habría que mirar en su propio mérito y sería bueno que, además de actores directamente involucrados, las AFP en este caso, pudieran incorporarse otros actores de otro tipo, como académicos, porque hay intereses que de manera clara podrían verse afectados. Quiero dejar eso claro”, expresó en la parte final de su participación, poniendo de relieve en el debate el interés mercantil de la industria.
A propósito de los costos de las AFP, Pérez Mackenna aseguró también que las gestoras cobran comisiones más bajas que en el promedio de la OCDE, lo cual fue respondido sin tapujos por Cid al final del evento. “No sigamos diciendo que tenemos las comisiones más bajas, porque eso es gracias al 45 bis, que lo que hace es que todo lo que invierto afuera o en fondos mutuos le extraigo el costo que significa eso al fondo de la persona individual y no uso el fondo que todos pensábamos. (Su corrección) es una medida sobre la comisión de intermediación de la comisión Bravo, que hay que explicitarla”, refutó el funcionario de Gobierno, mientras Castro y Pérez se miraban con cara de extrañeza.
Cid, asimismo, apuntó a que la comisión que informan las AFP no es la efectiva, pues –según explicó– debería incorporarse en el costo del servicio de las administradoras el descuento que hace a los fondos de pensiones para pagar comisiones por inversiones fuera del país. Si ello ocurriera, dijo Cid, la comisión superaría el promedio OCDE.
Otro round de Pérez con Cid fue en el tema de la edad de jubilación. Advirtió que Chile es uno de los tres países de la OCDE que tiene como edad de jubilación para las mujeres los 60 años, pues en el resto es superior. “Eso está provocando impactos enormes en las pensiones de las mujeres”, precisó el presidente de las AFP, agregando que, si se equilibraran las edades, podría aumentarse en 50% la pensión de las mujeres.
Sin embargo, Cid advirtió que los mismos informes de la OCDE revelan que en realidad, en la práctica, las mujeres se retiran en Chile a los 65 años y los hombres a los 70.
Sostenibilidad
Además de pagar buenas pensiones, coincidieron los panelistas, el sistema debe ser sostenible en el tiempo. Pérez Mackena instaló con mayor fuerza el tema, llamando a no “ideologizarlo”.
“Creo que es importante que guardemos las ideologías en un cajón y nos preocupemos de hacer una reforma que sea técnicamente impecable, como fue la de 2008, y en ese sentido creo que legitimidad tiene que ver con pensiones, pensar que cambiar un sistema por otro es la solución… Si ese otro sistema que pensamos plantear va a generar problemas de sostenibilidad importante y vamos a terminar como en Grecia, de rodillas ante el mundo, por el problema de las pensiones, el problema de legitimidad lo vamos a tener multiplicado quizás cuántas veces. Por tanto, el verdadero objetivo, para resolver el tema de legitimidad, es cómo aumentamos las pensiones en forma sostenible. Para eso sugiero que guardemos las ideologías en un cajón y veamos cuál es la mejor forma de lograr ese objetivo”, lanzó.
Gonzalo Cid no tardó en responder: “La verdad es que el problema de la legitimidad es algo que los periodistas podrán ver en los datos. Estoy muy de acuerdo en quitar ideologías y dogmatismos y efectivamente este sistema no es nuevo, se generó en 1981 y estamos en 2015. Hoy tenemos informes de expertos que dicen que la mediana de la pensión es hasta 37 mil pesos; si seguimos así llegamos a 2025-2035 con tasas de reemplazo de 15% y efectivamente es el horizonte que da, con tasas de rentabilidad que van a la baja… en esta comisión no se propuso volver a modelos tipo el griego y, por tanto, tampoco creemos que las campañas más bien tipo terroríficas vayan a ayudar sino que lo que estamos hablando es que hay que efectivamente hacer autocrítica, escuchar a la gente. No es menor que 72% de chilenos señalen que cambio total del sistema de pensiones es la única forma de dar legitimidad”, se explayó.
Castro, en tanto, cuestionó directamente la propuesta B que lideró Andras Uthoff en la comisión, advirtiendo que no da sostenibilidad y tampoco legitimidad, recordando, de paso, que Bravo no está con dicha idea. “(Respecto de la opción B) es importantísimo lo que se acaba de decir, se plantea como solución de legitimidad, pero al mismo tiempo –y entiendo que David no fue de esa opción ni de la mayoría de los técnicos que tienen la experiencia local– cuando uno ve sostenibilidad financiera y práctica, por una cuestión muy evidente, al final esa es la discusión de fondo, entiendo y comparto plenamente que el tema de legitimidad es muy importante, pero tenemos que discutir respecto de cuáles aspectos van a dar legitimidad al sistema, que sea también sostenible, porque plantear que mejora las pensiones la opción B y eso la hace legítima, no es verdad”, afirmó.
Pérez había ya atacado la bases de la propuesta B, que destaca en lo central la idea de agregar 4 puntos porcentuales adicionales de cotización a los afiliados al sistema –de cargo de empleador y el Estado–, dejando la mitad de ellos en un sistema paralelo de reparto que permita elevar inmediatamente las pensiones de quienes proyectan tasas de reemplazo marginales.
“No es una buena idea destinar 4% al pilar de reparto, tiene los problemas del reparto y es regresivo”, dijo Pérez, apuntando a la experiencia de Grecia y advirtiendo que en esos casos se exigen mínimos requisitos de cotización, lo que finalmente deriva en que quienes tienen menores lagunas previsionales terminan sin recibir el beneficio y su dinero es usado para complementar la pensión de otros cotizantes que tienen mayores ingresos y mayor consistencia en sus cotizaciones y, por ende, cumplen requisito para recibir apoyo del sistema de reparto.
Castro respaldó la visión, apuntando al sistema de pensiones uruguayo, donde las tasas de reemplazo llegan al 60%, pero cobrando el equivalente al 30% del sueldo. “Nosotros con 30% habríamos hecho, no sé… habrían sido importantes las tasas (de reemplazo)”, dijo Castro en confidente sonrisa con Pérez.
Cid respondió en el cierre, coincidiendo en que el sistema debe pagar buenas pensiones y ser sostenible en el tiempo, pero disparando duro a las AFP, pues recordó que, de los 1,85 millón de jubilados en el país, 1,35 millones recibe aportes del Estado por el Pilar Solidario. “Si el Estado se hace cargo del 1,85 MM vamos a subir las pensiones, eso es evidente, pero quien está absorbiendo el 100% de las cotizaciones es un sistema previsional que está radicado en manos privadas y que hoy la evidencia de la comisión Bravo indica que las pensiones –no es una percepción ciudadana, es una evidencia concreta– son extremadamente bajas y que para el futuro, las proyecciones, hechas de manera seria por un conjunto de académicos, expertos, nacionales e internacionales, nos muestran que si seguimos, al 2035 esto va a ser peor. Ese es el desafío que este Gobierno enfrenta y debemos ser partícipes y buscar lo que coincidimos con las AFP –que es tener un sistema que tenga buenas pensiones–, pero buenas pensiones no pueden ser pensiones bajo salario mínimo o que no tengan ninguna relación con últimos ingresos, y sostenibilidad en el tiempo no puede ser tampoco, para los privados, que de todo se haga cargo el Estado, porque eso tampoco es sostenible en el tiempo”, sostuvo Cid.
