Autoridades endurecen la mano: Gobierno anuncia suma urgencia para proyecto que pena con cárcel casos de colusión

El papel de las autoridades se comienza a notar y ya toman medidas contra el nuevo escándalo de colusión que afecta al país.

Esta mañana el Servicio Nacional del Consumidor confirmó que tanto la CMPC y la sueca SCA -ex Pisa- que fijaron precios y se repartieron cuotas de mercado durante más de una década, fueron oficiadas para que entreguen toda la información disponible, con tal de buscar medidas reparatorias a los consumidores.

En ese sentido, el director de la institución, Ernesto Muñoz, declaró que «lo que se le cobró de más al consumidor debe ser devuelto a través de un mecanismo que sea fácil que sea eficiente y que por cierto va a tomar en consideración la perspectiva comparada de cómo se resuelven estos casos».

“Tenemos antecedentes claves de esta colusión lo que se debe traducir en compensaciones y devolver lo que se le cobró de más a los consumidores”, agregó Muñoz. Ante estos hechos, la autoridad explicó que algunos de los mecanismos pueden ser descuentos vinculados al perjuicio o devolución de dinero a los afectados, durante estos 10 años donde hubo colusión de precios, tal como lo confirmó la Fiscalía Nacional Económica.

Ante el ilícito, que fue autodenunciado por La Papelera, el ministro de Economía Luis Felipe Céspedes anunció  además que el Gobierno decidió poner suma urgencia al proyecto de ley que endurece multas y pena de cárcel a los casos de colusión.

Céspedes señaló que «establecer mayores multas y sanciones de cárcel es fundamental para asegurar un adecuado funcionamiento de nuestros mercados y ciertamente una mayor protección de los consumidores».

Por último, en el plano penal, el fiscal jefe de Puente Alto, Cristián Galdames, será el encargado de investigar posibles delitos en torno a esta práctica, como la alteración fraudulenta de precios.