Columna de opinión
«A septiembre de este año, solo se ha ejecutado 20,3% de la inversión en salud, muy por debajo del 37,1% registrado para el mismo período del año anterior. La baja capacidad de ejecución del presupuesto en inversión no solo nos hace cuestionarnos por qué el Gobierno sigue negándose a la posibilidad de concesionar los hospitales (lo cual se reafirmó categóricamente durante la discusión presupuestaria)».
Este año, el ingreso de la Ley de Presupuestos coincidió con la interpelación de la ministra de Salud. En esta última, la ministra Castillo dio a conocer una versión actualizada del Plan Nacional de Inversiones 2014-2018. El millonario plan de inversiones cambiaba una vez más, lo cual no fue precisamente por falta de recursos de parte de Hacienda, como muchos reclamaron, sino que por evidentes problemas de gestión que impidieron la ejecución eficiente de un millonario presupuesto otorgado para 2015.
Para reafirmar este punto, hagamos un poco de historia: el Presupuesto del Minsal para 2015 (completo) aumentó en un monto cercano a los $685 mil millones de pesos. Solo para inversión en infraestructura hubo un incremento de $245 mil millones (35% del aumento total).
Con este incremento, el presupuesto para inversión prácticamente ¡se duplicó! respecto a 2014, alcanzando un monto total cercano a los US$1.000 millones. Estos US$1.000 millones buscaban financiar un cuarto del famoso “20-20-20”, el cual hace referencia a la promesa inicial de contar al término de este gobierno con 20 hospitales construidos, 20 en construcción y 20 en estudio o licitación.
Cuando la entonces ministra Molina dio a conocer dicho plan, se transparentó la inexplicable renuncia del Gobierno a las concesiones en materia de inversión en salud, renunciando con ello también a la colaboración público-privada en dicho objetivo. En concreto, se anuló el proceso de licitación (ya en marcha) de 4 hospitales (Marga Marga, Quillota-Petorca, Sótero del Río y Puente Alto). A su vez, decidió que no se concesionarían otros 3 hospitales, los que ya estaban proyectados a realizarse bajo dicha modalidad: Curicó, Linares y Chillán. En total, la cartera de inversiones que el Gobierno decidió no concesionar equivale a US$926 millones de dólares, monto cercano a un año completo del Plan de Inversiones del Gobierno, y a 2.926 camas hospitalarias, más de un cuarto (26%) de las nuevas camas que prometía el anuncio inicial.
Volvamos a la actualidad. A septiembre de este año, solo se ha ejecutado 20,3% de la inversión en salud, muy por debajo del 37,1% registrado para el mismo período del año anterior. La baja capacidad de ejecución del presupuesto en inversión no solo nos hace cuestionarnos por qué el Gobierno sigue negándose a la posibilidad de concesionar los hospitales (lo cual se reafirmó categóricamente durante la discusión presupuestaria).
Adicionalmente, vale la pena preguntarse por qué para 2016 nuevamente se decidió asignar un importante monto para inversión, el cual si bien es inferior al importante monto entregado de 2015, sigue siendo muy superior al de 2014 (más de $200 mil millones). De hecho, durante la tramitación del presupuesto, la discusión se centró en la falta de recursos para que Minsal construyera los hospitales comprometidos, y se logró adicionar a la causa algunos recursos provenientes de reasignaciones internas y $13.000 millones desde el subsidio espejo del Transantiago.
¿Podrá con esto el Minsal, durante 2016, mejorar su capacidad de ejecución de la inversión, o estamos frente a un problema algo más estructural que los obligará a volver a cambiar el Plan de Inversiones al 2018?
Alejandra Candia
Directora del Programa Social de LyD
