Columna de opinión
«El énfasis debe estar en la promoción del cumplimiento, dando facilidades para que los infractores voluntariamente elijan retomar la senda del cumplimiento. En este sentido, frente a la escasez de recursos, los instrumentos de autodenuncia y programas de cumplimiento juegan un rol central en nuestra institucionalidad ambiental, los que deben ser promovidos decididamente».
Con el paso de las semanas, el escándalo Volkswagen ha seguido generando preguntas, varias de ellas interesantes para Chile. Una de las más relevantes es por qué los organismos fiscalizadores norteamericanos no descubrieron a Volkswagen.
Como se sabe, la irregularidad fue descubierta por un estudio independiente de la Universidad de West Virginia, encargado por una ONG (el International Council on Clean Transportation). Solo entonces la EPA (la agencia de protección ambiental norteamericana) comenzó a investigar los hechos y a cuestionar a Volkswagen, forzando a la empresa a confesar finalmente que había diseñado un software para manipular los resultados de emisiones de NOx de sus autos diésel.
Esto es llamativo, ya que la EPA tiene hoy un presupuesto anual de 8 mil millones de dólares y una fuerza de trabajo de 15.500 funcionarios. Es la agencia administrativa más grande de EE.UU., solo superada en tamaño por algunos ministerios. Sin embargo, fue incapaz de descubrir a Volkswagen por sus propios medios.
La incapacidad de la EPA de detectar esto a tiempo deja en evidencia un hecho sorprendente: en los últimos cinco años, mientras Volkswagen operaba engañando al sistema, el presupuesto total de la EPA se redujo en un 20%, incluyendo el número de trabajadores, cuya dotación hoy es equivalente a lo que el organismo tenía en 1989, obviamente disminuyendo significativamente su capacidad de fiscalización. Nadie podría culpar a la EPA sin previamente considerar este aspecto.
El caso nos permite sacar algunas lecciones. Quizás la más obvia, es que las posibilidades de infracción siempre serán infinitas y las posibilidades de control limitadas. De ahí que el presupuesto destinado a fiscalización debe ser generoso. Hoy nuestra Superintendencia del Medio Ambiente tiene un presupuesto anual de 6.000 millones de pesos y una dotación autorizada de 128 funcionarios (cifra no incluye a honorarios). Varias otras superintendencias cuentan con bastantes más recursos. El aumento proyectado para el año 2016 (contará con un total de 7.200 millones y 152 funcionarios), aunque significativo, seguirá siendo escaso para la extensión de sus labores.
Todo lo anterior exige priorizar las fiscalizaciones, pero también escuchar a la ciudadanía en sus demandas. Si la EPA no hubiese puesto atención al estudio de actores privados, Volkswagen seguiría engañando. Asimismo, el énfasis debe estar en la promoción del cumplimiento, dando facilidades para que los infractores voluntariamente elijan retomar la senda del cumplimiento. En este sentido, frente a la escasez de recursos, los instrumentos de autodenuncia y programas de cumplimiento juegan un rol central en nuestra institucionalidad ambiental, los que deben ser promovidos decididamente.
Finalmente, las sanciones deben ser efectivas. Hoy Volkswagen arriesga multas de 18.000 millones de dólares, penas de cárcel para ejecutivos y acciones de clase de la ciudadanía. En Chile las multas máximas son de 10.000 UTA (8 millones de dólares) por infracción, las que para el tamaño de nuestra economía son bastante severas. Sin embargo, frente a casos de infracciones gravísimas cometidas por un largo tiempo, como las de Volkswagen, podrían llegar a ser insuficientes. Así, el caso Volkswagen nos sugiere revisar posibles deficiencias en nuestra legislación ambiental para corregir a futuro.
Ignacio Urbina M.
Abogado UC
Master of Laws (LL.M.), University of Michigan
Candidato a Doctor en Derecho Ambiental, Pace University
