Desde que Dominique Massenez fue estafado por US$ 7 millones, no ha descansado hasta conseguir la condena de su ex socio, Claudio Andrade, y ahora se mueve agresivamente para doblarle la mano al BCI. Satán es el nombre de la pertenencia minera que dio origen a la disputa.
El enojo del empresario francés, Dominique Massenez, es grande. Primero, las emprendió contra su ex socio, Claudio Andrade, luego que descubrió que lo había estafado por US$ 7 millones. Una vez obtenida la condena de este, se querelló el 3 de septiembre pasado por estafa e infracción a la Ley General de Bancos contra tres ejecutivos del BCI (uno de los cuales ya no trabaja en tal entidad).
Ahora su abogado, Jorge Martínez, contrató los servicios de Gustavo Lamelas en Miami para conseguir que la sucursal de este banco en dicha ciudad diera cuenta de la existencia de documentación bancaria que pertenecía a Andrade. Martínez pertenece al estudio Saldivia, Contreras, Inalaf, Würth & Verdugo Abogados y, entre otros casos, defendió al ex director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Francisco Labbé, sobre quien el Ministerio Público decidió no perseverar en la investigación, al no hallar hechos punibles en el Censo 2012.
La batalla legal de Massenez comenzó en mayo de 2012, cuando trató de recuperar algo de los US$ 7 millones que le fueron estafados por Claudio Andrade, quien hoy se encuentra condenado a 4 años de presidio menor en su grado máximo, a una multa de 21 UTM, y al pago de una indemnización de perjuicios de $ 600 millones, más reajustes e intereses legales.
¿Qué tiene que ver el BCI con Claudio Andrade? De lo que hay certeza es que Andrade tenía cuenta en la banca privada de esta entidad, no solo en Chile sino también en la sucursal de Miami. Que el BCI le prestó dinero a Andrade, garantizando dicho crédito con dinero que se hallaba en la cuenta de una sociedad que este manejaba y que correspondía en su totalidad al monto estafado. También está confirmado que Manuel José Amenábar Zúñiga era el ejecutivo que lo atendía y que viajó con él para ver nuevos negocios en el extranjero, al tiempo que manejó las claves de las sociedades de Andrade ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).
Lo que el Ministerio Público debe investigar es si tienen asidero las acusaciones de Massenez, en representación de “Destilería Los Andes Spa”, de que Manuel José Amenábar Zúñiga (ex ejecutivo de banca privada) y Hernán Díaz Peñafiel (gerente comercial del BCI) son encubridores de estafa y que Díaz Peñafiel y Jorge Cristoffanini Olmedo (gerente general de banca privada de BCI) violaron el artículo No. 158 de la Ley General de Bancos.
Consultado el BCI sobre este caso, únicamente declaró que “nos parece una acción judicial carente de sustento, que constituye una maniobra comunicacional del querellante y sus asesores, quienes buscan obtener una compensación ilegítima de parte del banco, por la vía de involucrar a profesionales que trabajan en esa institución con una estafa de la que desafortunadamente el propio querellado fue víctima al no tomar los resguardos mínimos para verificar la efectividad del negocio que le ofreció el señor Andrade”.
Para defender los intereses del banco, están contratados Matías Balmaceda y Francisco Cox, socios en BCP Balmaceda & Cox Abogados. Oficina que –entre otros casos– defendió al senador Jovino Novoa cuando fue acusado de delitos tributarios a raíz del caso Penta y quien, en juicio abreviado, aceptó los hechos contenidos en la causa.
Dominique Massenez vendió su viña, Château Los Boldos, a una empresa portuguesa en 2008. Por la operación obtuvo poco más de US$ 25 millones tras 20 años de trabajo. Era una suma que lo llenaba de orgullo, pues la había logrado por sí mismo. Su familia es dueña de G.E. Massenez, famosa por sus destilados de frutas en Europa.
Un viejo conocido suyo, el abogado Eduardo Vallejos, lo llamó en abril de 2010. Este ex funcionario del SII no tiene la mejor de las reputaciones, pero la Justicia lo suele exculpar. Por ejemplo, fue investigado por la asesoría que prestó a Jesús Manzur Saca, acusado de estafa al fisco por delitos tributarios que ascendieron a $18 mil millones en el llamado caso Corma, pero finalmente se le sobreseyó. No era primera vez que Vallejos contactaba a Massenez para presentarle nuevos negocios, pero hasta ese momento el francés los había rechazado por encontrarlos demasiado grandes para sus posibilidades.
Esta vez se trataba de un yacimiento de cobre que había hallado Claudio Andrade, un «pirquinero» de la zona de Ovalle que decía ser sobrino del diputado socialista Osvaldo Andrade y que requería de inversionistas para echar a andar el proyecto. Massenez ha dicho que incluso en una oportunidad en que almorzaron en el Hotel San Francisco, le llamó la atención que el portero saludara a Andrade y le preguntara por su tío. El francés se enteraría luego de que el político chileno no tiene relación alguna con el minero.
Pero ese fue uno de los tantos tinglados que descubrió tarde, cuando ya había pagado US$ 7 millones por participar en el 20% de la propiedad de una mina que estaba lejos de valer eso. Los balances eran falsos, los estudios geológicos carecían de rigurosidad y la empresa china que se suponía iba a comprar la producción, desapareció. Fue lisa y llanamente estafado y así lo dejó estipulado el 4to Tribunal Oral en lo Penal de Santiago el 28 de julio recién pasado. La pertenencia minera que dio origen a la pesadilla del francés se llamaba Satán.
Una vez demostrado que Claudio Andrade efectivamente estafó a Dominique Massenez, su abogado Jorge Martínez redactó una querella criminal contra el único banco que tenía a Andrade como cliente en ese momento. “Todos los dineros provenientes del ilícito (US$ 7 millones) ingresaron a la banca privada del Banco de Crédito e Inversiones (BCI) en la cuenta en pesos No. 28965428 o en dólares No. 11181842, cuyo titular era Claudio Andrade”.
Manuel José Amenábar, quien había entrado a trabajar a la banca privada del BCI en 2010 y estuvo allí unos dos años, fue asignado para atender a Andrade.
Amenábar, “con anuencia de Díaz Peñafiel y otros estamentos de la banca privada del BCI otorgó nuevos créditos (al menos, US$ 4 millones), tarjetas bancarias y otros productos bancarios que generaron sendas utilidades para la banca privada del BCI, utilizando como respaldo o garantía el dinero proveniente del delito de estafa en perjuicio del señor Massenez”, afirma Martínez en la querella.
Además, el ejecutivo bancario habría acompañado a Andrade a China, Argentina y Brasil porque “sabía inglés”. Estos viajes fueron “autorizados por el ejecutivo Hernán Díaz Peñafiel”, consigna la querella.
Lo que Massenez y Martínez ven como viajes irregulares, para fuentes no autorizadas del banco son servicios que forman parte de lo que, se supone, debe hacer un ejecutivo de este segmento e incluso habría un protocolo interno que los regula. “No veo nada de malo que ejecutivos de este nivel visiten los proyectos de sus clientes para evaluar los negocios”, se argumenta.
Consultado un ejecutivo de banca privada de otra institución sobre la “normalidad” de viajar al extranjero con un cliente, reconoció que no era una práctica común, como sí lo es visitar las instalaciones dentro de Chile para interiorizarse mejor del negocio.
Durante el proceso contra Andrade, Amenábar explicó lo siguiente: “Averiguamos que la compañía (china interesada en comprar la producción), era la más grande en megainfraestructuras, estuve en China y conocí a la plana gerencial. Andrade necesitaba que participáramos en las reuniones con los empresarios chinos para asesorarlo”.
De este tipo de declaraciones se agarra Martínez para intentar probar que la relación entre Amenábar y Andrade era de plena confianza, tanto así que el ejecutivo manejaba las “claves tributarias y sus operaciones financieras”, según se desprendería de los testimonios de los auditores que recurrían a Amenábar para consultarle por temas ante el SII.
“La Sbif (Superintendencia de Bancos) deberá investigar si esta vinculación extremadamente cercana banquero-cliente está permitida en la actividad bancaria”, dice la querella.
Martínez agrega que, pese a que Amenábar y su jefe directo, Díaz Peñafiel, conocían perfectamente la disputa entre Massenez y Andrade, nunca cooperaron con el francés y facilitaron “los medios al delincuente para el agotamiento del delito”.
Sin embargo, banqueros indican que una cosa es recibir a toda persona que solicite reunión, pero otra distinta es dar información sobre los clientes, pues se violaría el secreto bancario. Sin orden judicial de por medio, no habría nada que hacer.
Si bien Cristoffanini y Díaz Peñafiel continúan en el banco en sus mismos cargos hasta el día de hoy, Amenábar no corrió igual suerte. Este dejó su trabajo en 2012 y la causa de su alejamiento se habría debido a que –como señala el ejecutivo bancario en su declaración en el juicio contra Andrade– “a mí se me vinculó con el tema, por lo que a los pocos meses renuncié”. Pero Martínez sospecha que la relación entre ambos continuó después de su salida del BCI y que su renuncia al banco sería un “despido encubierto”.
¿Cómo llegó Andrade a la banca privada? Esa es la pregunta que hace la querella. Hasta 2009, Andrade no habría tenido cuenta corriente y su única posesión a esa fecha era ser dueño de una sociedad cerrada con un capital de $20 millones. En definitiva, asegura Martínez, no contaba con historia en el sistema financiero y, sin embargo, en una semana Andrade logró, en 2011, una cuenta en el BCI e ingresó a la banca privada, pues acreditó un patrimonio superior a US$ 5 millones.
Primero, habría abierto una cuenta en Copiapó, pero por el monto de su patrimonio se le transfirió a la banca privada de Santiago.
En el testimonio que prestó Amenábar en el juicio contra Andrade, señaló que en el proceso de acreditación intervino “la unidad de cumplimiento”. Asimismo, que el patrimonio de este emprendedor estaba compuesto por alrededor de $20 mil millones que correspondían a una pertenencia minera llamada Satán 1-20 y US$ 5,5 millones que este recibió de la empresa Destilería Los Andes Spa –Massenez señala que son US$ 7 millones–, mediante la venta de 20% de las acciones de la “Sociedad Minera Santa Esperanza S.A.” –controlada por Andrade–, amén de otros estudios que resultaron “recreados”, los que daban fe de un valor de US$ 35 millones a US$ 40 millones.
En agosto de 2012, Massenez consiguió que la justicia dictara una orden de retención hasta por US$ 7 millones en la cuenta en pesos que mantenía Claudio Andrade en el BCI en Santiago. Pero llegó tarde, en esa cuenta ya no había dinero disponible e incluso estaba sobregirada.
Martínez sospecha de una cuenta en dólares que se abrió en la sucursal de Miami del BCI en los EE.UU. a nombre de Andrade, la que hoy se encuentra cerrada y sobre la que no tenían información inicialmente.
“Por instrucción de Andrade abrimos una cuenta en Miami en dólares, también existía una cuenta en Chile en dólares. El banco presionaba para abrir una cuenta en Miami…”, declaró Amenábar.
Este enriquecimiento tan rápido debería haber causado cierta alarma al interior del banco, argumenta Martínez. Sin embargo, los dineros de Andrade provenían de una única transacción que se había hecho con Massenez, a través del cual este compraba el 20% de una mina. A su vez, la fortuna del francés era conocida porque venía de la venta de la viña, contradicen las fuentes que se inclinan por la línea del BCI.
Martínez no ceja en su tesis y continúa diciendo en la querella que ninguno de los ejecutivos de la banca privada ni el oficial de cumplimiento del BCI, habrían informado a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) o a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de esto como “operación sospechosa”. Tampoco, habrían informado –se queja Martínez– cuando Massenez, en agosto de 2011, “advirtió a la banca privada del BCI lo que se creía en ese momento como un conjunto de graves incumplimientos contractuales por parte del Sr. Andrade”.
El BCI no puede dar a conocer si informó o no a la UAF. Sin embargo, fuentes señalan que la UAF sí habría sido notificada, pero no le consta a este medio.
Lo que pretende demostrar Massenez es que, tras la inacción del banco, se escondían otros intereses. El abogado Jorge Martínez no lo dice expresamente en la querella, pero sí señala que Amenábar declaró que el BCI efectuó un préstamo personal a Andrade por US$ 4 millones, porque este dijo que quería “recomprar a su socio francés el 20% de las acciones de Sociedad Minera Santa Esperanza SA”.
Como garantía de este préstamo se usó el dinero que Andrade tenía en la cuenta de su sociedad –proveniente del pago inicial que Massenez le había hecho– y unas máquinas. Cuando Andrade no cumplió con las cuotas, el banco se habría pagado contra estas garantías que estaban en un depósito a plazo, según se desprende de declaraciones de Amenábar y de otras fuentes.
La segunda parte de la querella alude al artículo 158 del DFL3 de la Ley General de Bancos. Esgrimiendo el deber de información que los bancos deben dar a las instituciones fiscalizadoras (SBIF y otras) acerca de la verdadera situación económica-financiera de la institución bancaria, Martínez indica que este deber no solo es de los accionistas, directores, sino también abarca a los gerentes, funcionarios, empleados y auditores externos.
Para él está claro que en el caso de Andrade-Massenez hubo una intención de ocultar y encubrir información y que no corresponde al buen funcionamiento del mercado que, sabiendo que hay dineros cuestionados, se otorgue un crédito garantizado con dichos dineros. Al tiempo que operaciones riesgosas no fueron informadas a las autoridades competentes.
“Los querellados Jorge Cristoffanini Olave, como gerente general de la banca privada del BCI, y Hernán Díaz Peñafiel, gerente comercial de la referida banca privada, conociendo las relaciones comerciales del BCI con Claudio Andrade que datan de marzo de 2011, debieron informar de las operaciones realizadas por el banco BCI con el condenado y con sus sociedades relacionadas, tanto desde el momento en que tomaron la decisión de captar este cliente no habitual, y todas aquellas captaciones, depósitos e inversiones tomadas por él como depositante, ahorrista o cuenta correntista u otras que implicaban riesgos de crédito para la institución financiera desde el mes de marzo de 2011… hasta el cierre de la relación comercial con el estafador el 26 de noviembre de 2013”, detallan.
Hace pocos días, tanto Díaz Peñafiel como Cristoffanini prestaron declaración ante la PDI y no se habrían acogido al derecho de guardar silencio.
Parte de la querella de Massenez se sustenta en la tesis de que no se informó a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) ni a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF). Fuentes aseguran que ello no es real, al menos en lo que corresponde a la UAF. La respuesta solo se tendrá después de la investigación.
Lo que no resulta del todo claro –manifiesta una fuente que no comparte la tesis de la querella– es qué gana Massenez probando que no informaron a la UAF o a la SBIF, salvo infligirle un daño reputacional, pues lo que derivaría de esto es una sanción para el banco.
Mientras tanto, una jueza de Miami, Marcia Cook, accedió a mediados de enero a que se requiriera una serie de documentos bancarios correspondientes a la cuenta que Claudio Andrade abrió en la sucursal del BCI de esa ciudad. La solicitud fue hecha por el abogado Gustavo Lamelas, del estudio Lamelas Law.
Las pocas palabras oficiales del banco de los Yarur son elocuentes. Apuntan a que Dominique Massenez le exige al BCI un nivel de diligencia que él no tuvo cuando prestó los US$ 7 millones a Claudio Andrade.
Desde la óptica del banco, ellos son una víctima más de Andrade, porque les quedó debiendo dinero. En estos momentos, el BCI tiene tres causas contra su ex cliente por pagarés impagos que bordean los $650 millones, lo que llevó a la entidad financiera a embargarle la pertenencia minera. No fue el único. También el Santander tuvo que iniciar acciones legales contra Andrade, quien les solicitó, a contar de 2013, cerca de $390 millones que tampoco pagó.
Si algo caracteriza a Dominique Massenez es su porfía. El empresario está convencido de que el banco no le ayudó y, luego de que le prestara el dinero a Andrade, el esfuerzo de los ejecutivos se destinó a recuperar dicho monto. Massenez y Martínez ya consiguieron la condena de Andrade y ahora se concentran en ganar la batalla contra el BCI.
