Columna de opinión
«Uno de los problemas que hoy presentamos es que no obstante el aumento de las tasas de endeudamiento y de morosidad de las personas en el último año, los deudores más complicados no se están acogiendo a la Ley, debido fundamentalmente a falta de información. Por otra parte, existe una importante aceleración en el inicio de los procesos ejecutivos de cobranza por parte de los bancos, con el objetivo de impedir que deudores puedan recurrir al procedimiento de renegociación, ya que al ser notificados de una demanda ejecutiva quedan fuera del procedimiento de renegociación de personas deudoras».
La Ley 20.720, sobre reemprendimiento y liquidación, sin lugar a dudas constituye un avance fundamental en nuestra legislación, impulsando la reorganización y el reemprendimiento, tanto de las personas naturales como jurídicas, intentando dejar atrás el estigma que producía el concepto de quiebra.
La antigua Ley de Quiebras, presentaba una serie de problemas que motivaron su cambio. Entre estos, el más importante estaba referido a su poco uso, debido a que los procesos podían extenderse hasta por 10 años, convirtiéndose en procedimientos poco eficientes, tanto para los deudores, a los que no se les permitía volver a empezar, como para los acreedores, que no veían satisfechos sus créditos. En ese sentido, la Ley 207.720 proporciona soluciones concretas para personas y empresas sobreendeudadas, en procesos mucho más expeditos y teniendo siempre como objetivo el reemprendimiento, lo que marca una gran diferencia con la norma antigua.
Sin embargo, en cuanto a su aplicación, creo que lamentablemente esta nueva Ley no ha tenido la difusión necesaria para que la ciudadanía pueda conocerla, lo cual ha implicado que su utilización ha sido muy inferior a lo que se estimaba a un año de su vigencia. En este sentido, como miembro de la Comisión de Economía y Fomento, seguiré abogando para que el Gobierno pueda hacer un esfuerzo mayor por dar a conocer esta nueva norma y sus beneficios.
De hecho, uno de los problemas que hoy presentamos es que no obstante el aumento de las tasas de endeudamiento y de morosidad de las personas en el último año, los deudores más complicados no se están acogiendo a la Ley, debido fundamentalmente a falta de información, los ciudadanos no conocen la normativa ni sus beneficios, y por ello no se acogen a esta. Por otra parte, existe una importante aceleración en el inicio de los procesos ejecutivos de cobranza por parte de los bancos, con el objetivo de impedir que deudores puedan recurrir al procedimiento de renegociación, ya que al ser notificados de una demanda ejecutiva quedan fuera del procedimiento de renegociación de personas deudoras.
Dentro de los requisitos para la renegociación tenemos que la deuda tenga más de 90 días de mora, y no haber sido notificado de una demanda, por lo cual los bancos están acelerando sus procesos y notificando sus demandas antes de los 90 días, dejando sin posibilidad alguna a los deudores de entrar a los procesos de renegociación.
Esto constituye un abuso, por ello hemos decidido impulsar una serie de mejoras a la actual Ley 20.720. A modo de ejemplo, hoy cuando una persona emite una boleta “ocasional”, es considerado empresa; tenemos que poner fin a esto.
El plazo para poder acogerse a procedimientos de renegociación es de 90 días, lo cual es excesivo, solo aumenta el problema, y abre la puerta a los abusos de la banca, por lo cual apuntaremos reducirlo. Otro aspecto importante es precisar los requisitos de insolvencia que actualmente no son del todo claros y quedan muy abiertos a interpretaciones. Creemos que hay que definir de mejor forma el papel de los liquidadores.
En directa relación, además, con esta materia, hemos impulsado también dos proyectos de ley que tienen por objeto regular y limitar el acceso al crédito para personas que no generan ingresos. Establecer límites de endeudamientos de estudiantes, dueñas de casas, tercera edad, entre otros, resulta fundamental, porque hoy no existe ningún tipo de límites y estamos sobreendeudando a personas que no tienen posibilidad alguna de cumplir con obligaciones crediticias.
Sin lugar a dudas, estas medidas legislativas son de gran importancia, pero deben ir de la mano con todos los esfuerzos necesarios para educar financieramente a la ciudadanía, hay que empoderar a los ciudadanos en materia financiera, especialmente a los jóvenes. Así como exigimos derechos, también es importante que los ciudadanos y los consumidores se informen y eduquen para poder tener un consumo responsable.
Daniel Farcas
Diputado PPD
Integrante de Comisión de Economía de la Cámara Baja
