Columna de Opinión

FAO un organismo experto en alimentación saludable no tiene respuestas para un Chile con una ciudadanía sin acceso al consumo de pescado

por 29 abril, 2016

FAO un organismo experto en alimentación saludable no tiene respuestas para un Chile con una ciudadanía sin acceso al consumo de pescado
Los funcionarios FAO están conscientes del grave problema que enfrenta la población mundial por la pandemia de la malnutrición. El que en Chile el Estado no tenga políticas para asegurar el acceso al consumo de pescado de las familias chilenas les debe resultar incomprensible.
  • Compartir
  • Twittear
  • Compartir
  • Imprimir
  • Enviar por mail
  • Rectificar

Hace unos días en las oficinas de FAO, en reunión a la que fui invitado con funcionarios de ese organismo y que estudian recomendaciones a la Ley de Pesca, me tocó compartir varias reflexiones sobre lo difícil que debe ser este encargo del gobierno a este organismo experto en alimentación de Naciones Unidas, por las siguientes razones:

1.- Los funcionarios de FAO viven en medio de Santiago junto a sus familias, y al igual que la mayoría de los chilenos no tienen acceso al consumo de las principales pesquerías de nuestro país , es decir, de anchoas, sardinas o jurel. Aunque está comprobado que tienen un altísimo valor proteico y de Omega 3 marino que las convierte en estratégicas para la alimentación saludable de las personas y por lo mismo muy apetecidas y consumidas por todas las poblaciones de los países que las capturan, en nuestro país no tenemos acceso a consumirlas porque se venden solo para convertirlas en harina de pescado.

Los funcionarios FAO están conscientes del grave problema que enfrenta la población mundial por la pandemia de la malnutrición. El que en Chile el Estado no tenga políticas para asegurar el acceso al consumo de pescado de las familias chilenas les debe resultar incomprensible.

Chile tiene dos índices que resultan vergonzosos para un país como el nuestro, que posee una de las principales riquezas pesqueras del planeta: a) el primero es que el consumo de pescado de los chilenos no alcanza los 7 kg per cápita, que es la mitad de la media mundial –a modo de ejemplo vale decir que si FAO tuviera su sede en Perú, donde el consumo de pescados triplica al nuestro, sus funcionarios se beneficiarían del derecho al acceso a la alimentación saludable que tienen los ciudadanos de ese país–; y b) aunque existe conciencia entre expertos y senadores que la JUNAEB es un sistema que alimenta desde el Estado la malnutrición masiva de nuestros jóvenes y estudiantes , la alimentación escolar a cargo del Estado por más de 1.000 millones de dólares anuales sigue siendo licitada y se insiste en perder la oportunidad para que con fondos públicos se incorpore y eduque en el consumo de pescado a nuestra población más vulnerable.

Es un hecho indesmentible para los dirigentes estudiantiles y para los diputados que hasta hace poco fueron parte del movimiento estudiantil, la malnutrición que padecen los cientos de miles de jóvenes que estudian en la enseñanza media y básica, en los centros de formación técnica y en las universidades, los que son víctimas de la mal nutrición –sobrepeso y obesidad–, lo que se extiende a la mayoría de sus hogares y al de los chilenos.

Aunque con la ley Longueira se decidía el destino de la riqueza de proteínas y Omega 3 marino contenida en nuestra riqueza pesquera para el bienestar de los chilenos, lo anterior resultó indiferente para el proyecto de Ley de Pesca despachado por el gobierno de Piñera al Congreso y el mismo trato tuvo entre diputados y senadores. En la actualidad estamos enfrentados al mismo peligro, ya que desde Subpesca el subsecretario de Pesca, Raúl Súnico, pretende replicar el mismo modelo demagógico de Longueira, acusando que el problema principal es la sustentabilidad pesquera y no la falta de acceso al consumo de pescado de los chilenos.

2.- Los funcionarios FAO que residen en Santiago han podido comprobar que durante la discusión de la ley Longueira la preocupación principal de nuestros legisladores –senadores y diputados–, fue cómo resguardar que los grandes grupos empresariales pudieran apropiarse de la riqueza pesquera país para encadenarla a su maquinaria exportadora, justificando que ello lo hacían para proteger el empleo de miles de chilenos. La discusión en el Congreso por muchos pasajes se pareció a las reuniones de los Directorios de los grupos económicos que controlan el sector pesquero, lo que puede comprobarse al leer la historia de la ley Longueira, ya que el problema central que los convocaba era cómo resguardar de mejor forma los intereses de los accionistas –que terminó en el regalo del Congreso de nuestra riqueza pesquera– y nunca estuvo presente para diputados y senadores cómo asegurar y proteger el consumo de pescado para las familias chilenas.

3.- Desde hace más de una década los funcionarios de FAO con sede en Santiago son testigos de un hecho incomprensible para un país que se rige bajo un Estado de derecho: Subpesca, que es la institución del Estado de Chile a cargo de la administración de las pesquerías, se autodenuncia cada año a través del "Informe Estado de las Pesquerías" que ha intensificado la sobreexplotación, devastación y colapso de las pesquerías que tiene a su cargo. Los ex subsecretarios de Pesca, en su calidad de funcionarios públicos tenían y tienen como mandato constitucional "el inciso 1º del artículo 19 Nº 8 de la Constitución Política de la República que establece como deber del Estado la tutela de la preservación de la naturaleza". Hasta ahora, ni el Ministerio Público ni la Contraloría ni el Consejo de Defensa del Estado han decidido llevarlos a la justicia o sumariarlos por el delito de falta de servicio establecido en nuestra legislación.

Se ha vuelto parte de la normalidad que las autoridades de Subpesca cada año se acusen de sus logros en la sobreexplotación cada vez más dramática de las pesquerías, afectando a miles de empleos entre la pesca artesanal y Pymes. Peor aún, a esas autoridades desde el Gobierno se las premia confirmándolas en sus cargos por el anterior logro. Esta autodenuncia sufriría del mismo problema que las boletas ideológicamente falsas que hasta hace poco las considerábamos dentro de la ley, hasta que el Ministerio Público sancionó que eran un delito y ahora los autores de ello están siendo llevados a la justicia.



Lo anterior seguro que debe resultar algo incomprensible para los funcionarios de FAO, también el que en un Gobierno y un país que disponen de todo para priorizar la alimentación saludable de sus ciudadanos, no se haya hecho nada por décadas para revertir el bajísimo consumo de pescados ricos en proteínas y Omega 3 marino que se tiene en abundancia, lo que demostraría que nuestro Sector Público –ministerios de Salud, Educación y Economía, Subpesca–, o posee una clase política a cargo de él en exceso ignorante para resolver este tipo de problemas o la misma está capturada por otros intereses que no son los de todos los chilenos ni del país.

Pablo Fernando González
PYME Innovación

Síguenos en El Mostrador Google News

Más información sobre El Mostrador

Videos

Noticias

Blogs y Opinión

Columnas
Cartas al Director
Cartas al Director

Noticias del día

TV