Opinión
«No existe evidencia que indique que una administración estatal de fondos pudiera generar rentabilidades superiores al promedio del sistema privado, con lo cual una AFP estatal no sería garantía de mayores pensiones, asegurando la sustentabilidad financiera del sistema».
Uno de los anuncios en el discurso presidencial del recién pasado 21 de mayo, se refirió a la aceleración del proyecto de creación de una AFP estatal, la que, en las propias palabras de la Mandataria, “traerá más competencia, menores costos de administración y mejor cobertura”.
Actualmente existen en nuestro país seis AFP que se distribuyen los poco más de diez millones de afiliados que tiene el sistema.
En principio, la incorporación de esta AFP implicaría contar con un actor más en este mercado, lo que teóricamente se traduciría en mayor competencia en cuanto a costos y servicios ofrecidos de las administradoras de fondos para captar a los cotizantes.
Sin embargo, cabe mencionar que la competencia en costos (comisiones que cobran las AFP) ya se ha materializado en gran parte por las licitaciones de nuevos afiliados que ya se han efectuado, lo que ha permitido reducir las comisiones de manera importante en el sistema, con lo cual es difícil que con la entrada de un actor adicional los costos puedan bajar sustancialmente más de lo que lo han hecho hasta ahora.
A lo anterior se agrega el hecho de que los cotizantes en general son poco sensibles a los precios, es decir, las variaciones de las comisiones no han generado movimientos masivos hacia las AFP “más baratas”, prueba de ello es que, actualmente, el 32% del total de cotizantes está incorporado a la AFP más cara del sistema, y solo el 9% está en la AFP más barata. Con lo cual el argumento de mayor competencia vía costos pareciera tener un efecto acotado.
En relación con la cobertura, tampoco es claro que una AFP estatal ayude a ampliar de manera significativa la incorporación de grupos alejados de las AFP. Quizás sería mejor en ese sentido aumentar los esfuerzos de fiscalización, incentivos y multas para disminuir el no pago de las cotizaciones previsionales y el trabajo informal, lo que a su vez mejoraría la protección de los trabajadores también en salud.
En cuanto a la rentabilidad, no existe evidencia que indique que una administración estatal de fondos pudiera generar rentabilidades superiores al promedio del sistema privado, con lo cual una AFP estatal no sería garantía de mayores pensiones, asegurando la sustentabilidad financiera del sistema.
El tema de fondo es generar mayores y mejores empleos, que junto con hacerle mejoras al sistema de AFP, permitan que los trabajadores accedan a mayores ingresos que permitan a su vez hacer mayores ahorros. Si no hay empleo, si los salarios son bajos, y si existen lagunas previsionales, aunque exista la mejor administradora de fondos previsionales, el trabajador no logrará un ahorro suficiente para obtener una satisfactoria pensión.
Patricio Ramírez R.
Académico
Facultad de Economía y Negocios
U. Santo Tomás
