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Renuncia tercera alternativa para zanjar legalidad de caso AFP Cuprum-Argentum

por 3 agosto, 2016

Renuncia tercera alternativa para zanjar legalidad de caso AFP Cuprum-Argentum
Se trata del intendente de pensiones Álvaro Torrealba. Lo ocurrido ya levantó suspicacias. Un diputado de Gobierno comentó que evaluarán lo sucedido y verán si es posible pedirle a la Contraloría que se asegure de que el proceso de invalidación sea transparente y asegure el respeto de las normas correspondientes.
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Al parecer la papa caliente al interior de la Superintendencia de Pensiones para zanjar la legalidad o ilegalidad de proceso de fusión de AFP Cuprum con Argentum les quema a todos.

Luego que el pasado 28 de junio la Contraloría General de la República dictaminara que la referida superintendencia debía realizar un proceso formal de invalidación de la autorización de creación y fusión de AFP Cuprum-Argentum y de Provida-Acquisition, la autoridad sectorial comenzó a correr para cumplir lo ordenado.

Sin embargo, la línea en el rango de funcionarios que está haciéndose cargo del proceso sigue corriéndose. Tras la orden del ente contralor, el 21 de julio pasado la entidad que dirige Osvaldo Macías anunció el inicio de dicho proceso y, al mismo tiempo, determinó que Macías se inhabilitaría de participar, pues había dado su opinión en una resolución de marzo de este año que validó la operación originalmente firmada por la ex superintendenta, Tamara Agnic.

No solo eso. Asimismo decidió abstenerse el fiscal de la superintendencia, Andrés Culagovski, quien también participó de la resolución de este año y, por ende, consideró que podía ser cuestionado por los críticos de la entidad y la operación.

Descartados ambos, la superintendencia informó ese 21 de julio que sería Álvaro Torrealba, el entonces intendente de fiscalización, quien se haría responsable de conducir el proceso de invalidación.

Pero ayer, nuevamente, hubo novedades. Torrealba había anunciado la semana pasada se renuncia voluntaria a la superintendencia. Según el orden de subrogancia, quien realizará la labor encomendada a Torrealba será, finalmente, Eliana Cisternas, hasta ahora jefa de la división de prestaciones y seguros del organismo.

La salida de Torrealba, dicen fuentes cercanas, provocó sorpresa en la institución y responde a una oferta laboral en uno de los principales bancos que operan en el país, en el área de Compliance. Según las fuentes consultadas por este medio que conocen de su decisión, su dimisión no responde a ningún tema vinculado a la labor que debía asumir sobre las polémicas fusiones, sino simplemente a la oportunidad laboral que se le presentó.

Aunque lo ocurrido ya levantó suspicacias. Un diputado de Gobierno comentó que evaluarán lo sucedido y verán si es posible pedirle a la Contraloría que se asegure de que el proceso de invalidación sea transparente y asegure el respeto de las normas correspondientes.

Cisternas lleva 25 años en la entidad y desde septiembre de 1992 está en su cargo actual, de acuerdo a fuentes de gubernamentales. El área que dirige (que forma parte de la estructura legal de la superintendencia desde que fue creada) ha ido modificando sus funciones en el tiempo a partir de la especialización que ha tenido la regulación del sector y actualmente se focaliza en fiscalizar los beneficios del sistema de Pensiones, es decir, la entrega de los distintos tipos de pensiones, en las AFP, el IPS y los asesores previsionales, todo esto a partir de la reforma previsional de 2008, cuando la entidad pasa de llamarse Superintendencia de AFP a Superintendencia de Pensiones.

La fusión de AFP Cuprum con Argentum, por parte del grupo estadounidense Principal, y la fusión de AFP Provida con Acquisition, por parte de Metlife, han generado gran polémica en el país desde que en mayo de 2015 se supo de las órdenes que dio Agnic a ambas entidades para que crearan una AFP y pudieran fusionarlas con la entidad creada ad hoc (Argentum en el caso de Principal y Acquisition en el de Cuprum). Las aprobaciones permitieron a ambos actores un beneficio impositivo superior a los US$ 400 millones, lo que derivó en la creación de una comisión investigadora, cuyas conclusiones no tuvieron mayor impacto público.

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