Presupuesto 2017: no + gasto público

Perplejamente hemos observado llamados por un fuerte aumento del gasto público el 2017 que termine vulnerando la expansión sugerida por la regla de balance cíclicamente ajustado y el compromiso de gradual cierre del déficit. Un gasto creciendo más de 3% real sería un flagelo para la convergencia comprometida con la comunidad por parte del Gobierno.

Los argumentos que se esgrimen se vinculan a la necesidad de mejorar una alicaída economía que sufre del proceso de transición hacia menores precios del cobre. El error ex post de haber planificado a largo plazo, a nivel privado y público, con términos de intercambio extremadamente altos estaría en gran medida pasando la cuenta. En parte aquello hizo salir al “lobo de la clase media”, enjaulado por mucho tiempo, realizando demandas que poco se condicen con la situación económica actual y futura previsible.

Ese lobo sigue siendo alimentado por llamados de varios economistas y políticos que piden más gasto público, con una vuelta de tuerca: esta vez su foco es hacia más inversión pública. Suena lindo, hasta paradisíaco. Tengamos mejores carreteras, caminos, embalses y metro a los rincones más lejanos. Eso genera empleo y todos estamos felices.

Nuevamente se “vende” una idea que es fácil de comprar, pues se promete un bien público que, por su naturaleza, nadie cree pagar. Pues aquello no es efectivo.

Acá presento algunos argumentos que sugieren no sintonizar con esta postura:

1. ¿Cuál es la lista exhaustiva de proyectos socialmente rentables adicionales a los ya contemplados que podrían partir tan pronto como el 2017? Dejemos las promesas vacías, y señalícennos cuales proyectos se iniciarían el próximo año bajo el alero del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda que están atorados porque no tienen los recursos fiscales disponibles. No por gestión, ausencia de capital humano calificado, bases e ingeniería, análisis ambientales o rentabilidad social, sino porque no disponen de la plata gruesa para iniciarse. Cuesta bastante encontrar un conjunto vasto de proyectos en ese estado. Más aún, el Estado se encuentra cerca del máximo de sus capacidades para ejecutar inversión pública como para abrir la billetera simplemente porque “suena” bien gastar más. De hecho, la evidencia de los últimos años da cuenta de que ni siquiera se ejecuta el 100% de la inversión en educación y salud aprobada en el Presupuesto, lo que deja en evidencia que la capacidad de ejecución del Gobierno está al límite.

2. Para los políticos, si piensan que por gastar más lograrán aumentar la probabilidad de reelección, los llamo a reflexionar. Más gasto que pueda generar más crecimiento (eso lo discuto en el siguiente punto específicamente), no necesariamente mejorará la percepción de la ciudadanía respecto a los políticos y al Gobierno. Incluso no es descartable que cualquier rédito se vaya directamente a la Presidenta, y no a la coalición gobernante y sus candidatos. Podría no haber beneficio político relevante de gastar más, pero los costos serían materialmente claros y cuantificables.

3. Para los economistas, el efecto del gasto público sobre la actividad (“Multiplicador Fiscal”) podría estar muy cerca de cero, y dinámicamente, de vulnerar la convergencia a balance fiscal, podría incluso tornarse negativo. Nuestro mercado laboral ha ganado alguna flexibilidad no por las reformas, pero sí por el ajuste en la oferta laboral que entregan las nuevas tecnologías, el tamaño del Estado es aún pequeño en comparación con otras economías, estamos muy abiertos internacionalmente al flujo de capitales y de bienes, y la deuda pública se ha elevado de manera casi exponencial los últimos años. Además, la política monetaria no se encuentra atrapada como para acomodarse a un shock inesperado de mayor gasto público. Estas condiciones en su conjunto evidencian que el multiplicador fiscal en Chile podría estar muy cerca de cero. Revisando las diversas estimaciones disponibles, un aumento de 1 punto porcentual de déficit fiscal, podría tener desde un efecto casi nulo sobre crecimiento hasta no más de 0,4% del PIB. No son cifras sobre las cuales uno pueda tranquilamente colocar en jaque (mate, muy probablemente) las consideraciones crediticias de Chile que son el último punto de esta argumentación.

4. Si el gasto público aumenta focalizado en inversión, aquello tiene efectos positivos sobre el PIB potencial, y quizás también el multiplicador fiscal es mayor. Tiendo a suscribir esa visión, pero los llamo a reflexionar en lo siguiente. Si hay efectos sobre el PIB potencial, aquello no entregará retribuciones de corto plazo, como es parte de los argumentos que piden mayor gasto. Serán los próximos gobiernos los que la disfrutarán. Por otro lado, ¿no se han tomado ya suficientes medidas para aumentar el PIB potencial si uno lee a los mismos que piden más gasto? Muy similares políticos y economistas que claman por más inversión pública suscribieron enteramente las reformas tributaria, educacional, constitucional y laboral. Todas ellas bajo una premisa de igualdad, productividad y crecimiento de largo plazo. ¿No serán bastantes medidas para crecimiento de largo plazo, varias de ellas aún en implementación, como para agregar otra cuyos costos son extremadamente altos en el corto plazo?

5. La deuda bruta ha aumentado de manera importante y sostenida durante los últimos años. El endeudamiento supera 20% del PIB e incluso en una senda de convergencia a balance estructural seguiría aumentando el nivel de deuda sobre PIB. Es cierto que estamos bajo promedios de países OECD, pero también es efectivo que nuestra clasificación de riesgo estaría muy cerca de no corresponderse a los fundamentales que usualmente consideran las clasificadoras de riesgo. En ese contexto, una reducción de la clasificación de riesgo probablemente no tendría tanto impacto financiero si lo comparamos con las más graves consecuencias políticas. La impresión de degradación de la macroeconomía chilena en tan solo 2 años sería vista como monumental por parte de aquellos analistas locales que la vienen anticipando hace tiempo, pero también por aquellos que consideraban que el juicio y la cordura distinguían a nuestra política económica.

Jorge Selaive
Economista
Profesor Adjunto Business School Universidad de Chile