EDITORIAL
Esta iniciativa legal se trabó en la “puerta del horno”, producto de un novel cambio de postura del ministro de Hacienda, lo que ha alimentado la desconfianza ciudadana. Sobre todo, dado el ambiente de críticas al funcionamiento del modelo.
La percepción de que el modelo económico financiero de Chile presenta problemas de diseño y estabilidad es, a estas alturas, algo generalizado. Referencias al pequeño tamaño de nuestro mercado financiero, el que no podría expandirse más sin una amplia internacionalización; a la extrema concentración económica, que presiona comportamientos de mercado abusivos y lesiona la competencia; a la enorme red de interlocking gerencial en las grandes empresas, lo que pavimenta la posibilidad de ilícitos contra la libre competencia y abusos en perjuicio de los consumidores; son algunos de los problemas de mayor mención y connotación.
Ello pone en la mira el debate sobre las reglas del juego económico financiero como parte sustantiva de nuestro sistema político, en su sentido más amplio: el rol del Estado en la economía y la sincronía y competencias de sus instituciones económicas; es decir, aquello que los juristas franceses denominan la Constitución Económica de un Estado. Sin perjuicio de que la discusión sobre esta deberá ser una parte relevante del proceso que nos lleve a tener una nueva Constitución Política, desde ya es imprescindible avanzar en mejorar la arquitectura regulatoria del sistema.
Complejiza el debate sobre esta gravitante cuestión la explicitación de la percepción empresarial de que existiría una excesiva intervención regulatoria del Estado, mientras, por otro lado, persiste la tendencia de algunos grupos a orientar todo a soluciones estatistas hasta niveles difíciles de compatibilizar con una economía de libre mercado.
Es importante, en este contexto, que se concrete cuanto antes la creación de la Comisión de Valores y Seguros (CVS), que reemplazará a la actual Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), iniciativa impulsada por el Ministerio de Hacienda desde el Gobierno anterior, y que esta administración hizo propia, y cuyo proyecto de ley se encontraba –hasta hace algunas pocas semanas– a punto de concluir su compleja pero exitosa tramitación. Se estaba dotando a la CVS de facultades adicionales de investigación y fiscalización para perseguir ilícitos e, incluso, para intercambiar información con reguladores extranjeros en casos de delitos internacionales. Además, se había incorporado la figura de la delación compensada, para los delitos de manipulación de mercados y uso de información privilegiada. Todo ello, con un nuevo organismo colegiado de cinco miembros, la CVS, continuadora legal de la SVS.
Sin embargo, esta iniciativa legal se trabó en la “puerta del horno”, producto de un novel cambio de postura del ministro de Hacienda, lo que ha alimentado la desconfianza ciudadana. Sobre todo, dado el ambiente de críticas al funcionamiento del modelo.
Se trata de la introducción por el Gobierno en el debate, a última hora y sin suficientes razones de peso, de la idea de ampliar el papel de la Comisión de Valores y Seguros (CVS), para transformarla en una “macro» Comisión de Mercado Financiero (CMF), que supervise y fiscalice a todo el sistema financiero. Esto ha paralizado el proyecto de ley de la SVS y ha enrarecido el ambiente, al tiempo que ha obligado a que una Comisión Mixta del Congreso trabaje para intentar zanjar esta materia, pero –dados los tiempos asignados– sin el suficiente debate público sobre aspectos previos importantes, como la necesidad o no de desagregar mercados, la prohibición o limitación de compra de empresas competidoras, o soluciones para el mencionado interlocking gerencial, entre otras.
La idea de Hacienda, si bien aparentemente incluso en una primera mirada pudiera aparecer como razonable, adolece del problema de “trancar” una buena ley que estaba a punto de concluir exitosamente su tramitación; es extemporánea, y no sincera cuáles fueron los reales intereses económico-financieros en juego que influyeron en el sorpresivo cambio radical de posición del ministro de Hacienda. Y, como se ha dicho, de aprobarse en la Comisión Mixta, lo haría forzando una solución sin discusión suficiente
Resulta esencial que se generen soluciones que se apoyen en la mayor transparencia y legitimidad, bajo el convencimiento de que se está legislando para un largo período y de una manera que atinge a las bases de nuestra convivencia nacional, y no para un requerimiento de simple oportunidad, que favorece más a algunos actores económico financieros que a otros.
La imperiosa necesidad de asegurar criterios de independencia y objetividad de los supervisados, es una medida de salud procedimental indispensable en una economía de libre mercado, pero poco reporta a la salud estructural de esta si no va acompañada de mecanismos que permitan transparentar los mercados y aumentar la competencia, la innovación y el crecimiento.
