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El segmento más vulnerable del sistema de pensiones

Ser mujer en el sistema de AFP chileno (o en Chile no manda calzón)

por 16 noviembre, 2016

Ser mujer en el sistema de AFP chileno (o en Chile no manda calzón)
Ganan un tercio menos que los hombres, sus pensiones tienen una brecha aun mayor y se les quiere elevar la edad de jubilación. Todo en contra, nada galante.
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La semana pasada, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género junto a la Subsecretaría de Previsión Social, dieron a conocer una evaluación del funcionamiento en los primeros cinco años de la Ley de Postnatal Parental. ¿Los resultados? Un total de 1.013 casos de hombres que usaron el postnatal frente a 415 mil mujeres.

Este es quizás uno de los más claros ejemplos de que en Chile no manda calzón.

Y la coloquial frase solo resume el estado del arte de la construcción cultural que ha hecho el país y que daña particularmente los derechos de las mujeres.

La maternidad es no solamente un ejemplo de la desigualdad de género en el país sino, en especial, uno de los factores más determinantes en la dramática situación en que se encuentran las ciudadanas nacidas en Chile cuando dejan de trabajar y van a cobrar su pensión.

Así viven la experiencia de ser mujer en el sistema de pensiones chileno.

Según las cifras oficiales, la situación de la mujer es dramática. Al comparar las pensiones que reciben los y las ciudadanas, se verifican niveles de distancia entre un género y otro de casi 40%; es decir, si un hombre recibe una pensión de 100 mil pesos, la mujer recibe apenas 60 mil.

Así lo revelan los fríos números. En una serie histórica elaborada por Comunidad Mujer, sobre la base de datos de la Superintendencia de Pensiones, se devela que en 2016 la pensión de vejez promedio de una mujer es de UF 3,8 (100 mil pesos), mientras que la de un hombre es de UF 6 (157 mil pesos). La distancia es de 37%.

Eso para el caso del retiro programado, la fórmula de jubilación que gestionan las AFP y que como atributo tiene el hecho de que las personas mantienen el dinero en su poder incluso jubiladas, aunque en contraposición significa una reducción paulatina del valor de la pensión en la medida que avanza la vejez de la jubilada o el jubilado. La brecha es la más alta de la última década y evidencia un alza sostenida en el tiempo.

En 2008 (cuando se aprueba la Reforma Previsional en el primer Gobierno de Bachelet) la brecha era de 13%, cifra que saltó 15 puntos en dos años (a 28%) y 20 puntos al 2014 (33%), alcanzando su peak en el ya referido año actual.

La situación se ve aminorada en renta vitalicia. En 2016 los hombres recibían una pensión promedio de UF 12,1 frente a las UF 10,6 recibidas por las mujeres para una renta vitalicia inmediata. La distancia es 12,25%, brecha que, no obstante, se ha ido acentuando en el tiempo, pues en 2008 era de 5% y en 2009 de 2,3%. A diferencia del retiro programado, la renta es otorgada por las compañías de seguros y, con matices en el período de transición, implica que las personas al jubilarse “compran” con sus ahorros una pensión en UF por una cantidad de años que, se estima, sobrevivirán tras la jubilación. Por contraposición, el negocio para la empresa es que invierte ese dinero, logra una rentabilidad y con ello paga la jubilación y se lleva la diferencia.

Tanto los dineros que acumuló y van a retiro programado como aquellos de la renta vitalicia, son los que se invierten en el mercado de capitales, en bonos (deuda) y acciones de empresas y bancos, además de instrumentos en el exterior.

La diferencia con los hombres se grafica aún más al comparar las Tasas de Reemplazo y el grupo de personas que son beneficiadas por el Pilar Solidario creado en 2008 y que está destinado –en subsidio de lo que no otorga el sistema de pensiones– a las personas que tienen poco y nada de ahorros en sus cuentas de capitalización individual administradas por las AFP y, particularmente, para quienes nunca cotizaron o lo hicieron mínimamente.

Las Tasas de Reemplazo (TR) reflejan en porcentaje, el que representa la pensión que recibe la persona respecto del promedio de ingresos de los últimos diez años previos a pensionarse. Así, si una persona ganó 100 mil pesos en promedio en sus últimos diez años antes de pensionarse y su pensión es de 50 mil, entonces la TR es de 50%.

Pues bien, en el caso de las pensiones autofinanciadas (lo que logran obtener con sus ahorros), pero agregándole el Aporte Previsional Solidario (APS), la TR de los hombres es 60% y la de las mujeres casi la mitad, con un 31%. Es decir, la pensión de las mujeres en relación con sus ingresos previos a pensionarse, equivale a casi la mitad de lo que representa la pensión para los hombres con relación a sus ingresos cuando estaban laboralmente activos.

Al medirlo por la mediana –es decir, el punto central entre la pensión más alta autofinanciada y la más baja– sin APS, la pensión de las mujeres es de 18 mil pesos, y en el caso de los hombres es 80 mil. Al agregar la APS, la media de las mujeres es 42 mil y la de los hombres es 112 mil; es decir, la mediana de pensión de los hombres es el triple de las mujeres.

Ni siquiera les alcanza, a la gran mayoría de las mujeres (aunque también es el caso de los hombres, pero en menor medida) para el ingreso mínimo legal en Chile.

El 85% de las mujeres pensionadas está en ese lugar, mientras en el 72% de los chilenos ocurre lo mismo. Aún más, el 59% de las mujeres (6 de cada 10) tiene pensiones bajo la línea de la pobreza, mientras en los hombres es el 26% (menos de 3 de cada 10).

Una historia de injusticia

La injusticia para las mujeres parte desde pequeñas. En abril de 2016, Comunidad Mujer publicó un estudio realizado en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dando a conocer el índice GET (Género, Educación y Trabajo), que mide las brechas de género en las distintas etapas de su vida.

El estudio revela que hasta los 5 años no hay grandes diferencias, pero que estas se comienzan a marcar desde la etapa escolar. Así, figura que el trabajo infantil y el alto nivel de embarazo adolescente marcan el punto de partida de la precariedad con que las mujeres se ven enfrentadas al momento de construir una historia de vida en que puedan generar ingresos en un sistema de pensiones que replica, en estas, lo ocurrido en la vida de cada afiliado.

En 2013, un 4,7% de los nacidos vivos fueron hijos de niñas menores de 19 años, ubicando a Chile en el segundo lugar de la OCDE en esta medición. Todo un récord. Estadística que, dice el estudio, arroja que el 25% de las adolescentes la señala como causa para no trabajar (0,7% en el caso de los hombres).

Luego estas diferencias se traducen en menores rendimientos en mediciones escolares y menores perspectivas de mayores ingresos.

Ya en el momento laboral, la encuesta sobre uso del tiempo de 2008 revela que el 81,2% de las mujeres destina 7,8 horas diarias al trabajo no remunerado, frente al 44,5% de los hombres, que dedica 2,8 horas.

Sin embargo, esta situación no se condice con lo que aportan las mujeres a la generación de riqueza del país.

Según refiere Comunidad Mujer, un estudio de 2008 del Sernam valorizó el trabajo doméstico no remunerado en un 25,8% del PIB de la Región Metropolitana, aportando, en el caso de las mujeres, 17,8 puntos, y en el de los hombres, solo 9 puntos.

El mismo informe, refiere Comunidad Mujer, revela que solo el 58% de las mujeres participa en el mercado laboral, subiendo a 65,6% para las mujeres entre 25 y 59 años, comparado con el 91,2% de los hombres. Así, el mundo femenino tiene menor densidad de cotización (meses de cotización frente a meses trabajados) y surgen, de esta forma, las lagunas previsionales que reducen el monto final ahorrado hasta que llega el día de jubilarse.

Tampoco les favorece la cultural diferencia de ingresos por género. Al 2014, el ingreso medio de los ocupados era de 473 mil pesos, llegando a 543 mil en hombres y 382 mil en mujeres, lo que revela que ellas reciben casi un tercio menos de ingresos que ellos.

Con todo en contra, no hay novedad en que las pensiones, particularmente de las mujeres, terminen siendo indignas.

El rol del sistema de pensiones

Según la directora ejecutiva de Comunidad Mujer, Alejandra Sepúlveda, el sistema de capitalización individual que rige en Chile replica y amplifica, al momento de la pensión, todas las diferencias que hasta ese momento han experimentado las mujeres.



No obstante, las diferencias son aun más amplificadas por las características del modelo de pensión chileno.

Es sabido que las mujeres viven más que los hombres. Pues bien, para calcular las pensiones, se divide el dinero acumulado en los años de sobrevida estimado para cada persona, por ende, en el caso de ellas las pensiones son sustancialmente más bajas.

Justamente a este factor han apuntado distintas propuestas hechas públicas en el último tiempo, incluyendo el anuncio de agosto pasado de la Presidenta Bachelet de modificar esta fórmula, igualando las tablas actuariales entre hombres y mujeres, eliminando esa diferencia.

Pero el problema de fondo subsiste.

Claudia Sanhueza, académica del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales e integrante de la Comisión Bravo (donde apoyó la propuesta B, que planteaba la creación de una especie de pilar de reparto paralelo al de capitalización individual que rige) resume el problema del sistema de pensiones afirmando que este considera todos los parámetros señalados que influyen en el monto acumulado para pensionarse. Es decir, lo que hace el sistema de capitalización individual es replicar en la etapa pasiva las características del período activo.

Justamente por eso es que la Asociación de AFP  se defiende de las críticas señalando que no es responsabilidad de la industria lo que ocurre en el mercado laboral.

“Las mujeres están menos en el mercado laboral porque asumen labores no remuneradas, tienen menos salarios que los hombres haciendo el mismo trabajo, y trabajan en actividad de menor calidad y, por ende, tienen menos densidad de cotizaciones, ya que participan en actividades más informales. Toda esa brecha se potencia completamente cuando haces depender la pensión de todo eso”, explica Sanhueza.

A su juicio, la corrección de toda esta realidad debe apuntar directamente a modificar el sistema de pensiones, pero entendiéndolo como uno de seguridad social integral.

“No todos los sistemas de pensiones hacen de eso (replicar en la pensión las desigualdades del mercado laboral). En sistemas solidarios la mujer tiene mejor calidad de vida y mejores ingresos en la vejez que en los sistemas de capitalización individual puro. A igual cultura, con las mismas decisiones de trabajo, remunerado o no, y con las mismas características de mercado laboral, los sistemas solidarios permiten mejores pensiones”, agrega.

Para ello cita el ejemplo de Uruguay, el cual además, a su juicio, legitima el sistema al incentivar la cotización de la población.

Esto se logra compartiendo los ahorros acumulados por todos y todas y con una particularidad: quien cotiza para la pensión también recibe atención del sistema de salud. Así, el nivel de cobertura de sistema es mayor y el mismo se valida ante la población, a diferencia del chileno, en que un grupo grande de personas en edad activa laboral, si puede evitar cotizar, lo hace, para adelantar consumo, elevando su ingreso líquido.

En esta discusión figura también la idea de elevar la edad de jubilación de las mujeres, hoy de 60 años, a 65, como los hombres. La medida busca dar cinco años más a las mujeres para acumular un monto superior de cotización.

Si bien coincide en que esto sería necesario para darle sustentabilidad financiera al sistema, Alejandra Sepúlvesda cree que son necesarias otras medidas antes.

“Creemos que es momento de discutir medidas compensatorias que equiparen diferencias y brechas que enfrentan las mujeres en su contratación en el mercado laboral. ¿Qué sacamos con alargar la edad de jubilación si son las que salen y entran más frecuentemente al mercado laboral, enfrentan discriminación por los costos del sistema de protección de la maternidad y finalmente sufren la brecha salarial? No podemos pensar en ese cambio si no pensamos que tenemos, en paralelo, que hacer algo para equiparar el costo de contratación en el mercado laboral”, afirma.

Sin embargo, por su parte, Claudia Sanhueza advierte que la intervención en el mercado laboral es de mayor dificultad, por lo que –a su juicio– el país debe meterse la mano al bolsillo y comenzar a financiar las consecuencias de las inequidades laborales y pensar en un sistema de seguridad social que reconozca el derecho a una pensión digna para todos y todas.

Para ello plantea que se debe tener un sistema de pensiones solidario en que el Estado ahorre todos los años, del presupuesto público, un monto que se acumule en el tiempo y permita bonificar las pensiones. Y, al mismo tiempo, destinar el alza en la cotización planteada, de 5 puntos porcentuales adicionales a los 10 que ya se ahorran, a mejorar las pensiones de los que se están jubilando ahora, haciendo cargo entonces, a quienes están trabajando, de aportar parte de sus cotizaciones a los que están en edad de retirarse.

En tanto, Sepúlveda señala que, si bien es el sistema de capitalización individual el que más amplifica al momento de la pensión las brechas de género, como Comunidad Mujer aún no definen una posición frente al debate sobre si mantener o modificar –parcial o totalmente– el sistema que persiste hoy. Adelanta que esperan tener el próximo año una propuesta donde se puedan pronunciar sobre este punto.

Además, Sepúlveda cree que se debe reforzar el impacto del Pilar Solidario creado en 2008 y cuya PBS subió un 10% recientemente. A su juicio, eso sostendría el sistema mixto que existe en el país.

Sanhueza no concuerda con aquello, pues –en su opinión– no existe tal sistema mixto en Chile, sino más bien un Estado que subsidia lo que no otorga el sistema privado. Y además porque –a su parecer– el Pilar Solidario, si bien ha dado ingresos que no tenía en su vejez la ciudadanía chilena, desincentiva el ahorro, puesto que muchas personas podrían no sentir interés por cotizar y aportar para su vejez si ven que el Estado les asegura un monto sin exigirles contribuir. La lógica, apunta, es que el Estado ‘mande’ en el sistema de pensiones y, por un lado, asegure mínimos de jubilaciones –o al menos impida que se concreten las discriminaciones de género provocadas por las diferencias en el mercado laboral– y, por otro, lleve a que los trabajadores activos financien parte de las pensiones de la tercera edad.

Lo que está claro es que la realidad, que hoy ya es dramática, irá empeorando cada vez más.

Hoy hay poco más de un millón de pensionados. Al 2026 habrá casi 2,5 millones, de los cuales 1,4 millón estará constituido por mujeres (considerando las mismas edades de jubilación actuales) –según las cifras proporcionadas por Comunidad Mujer sobre la base de las estimaciones y proyecciones de población a largo plazo 1950-2010 de Celade-división de Población de la Cepal (revisión 2015)–.

Estas proyecciones se realizan suponiendo que se mantenga la cobertura promedio de la pensión de vejez registrada por la encuesta Casen de 2013, que es de 66,2% en mujeres de 60 años o más, y de 85% en los hombres de 65 años y más.

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Envíada por Hil Hernández | 16 agosto, 2022

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