Arribó como director independiente con los votos de Julio Ponce
El ex director ejecutivo del Centro de Gobiernos Corporativos de la Universidad de Chile completó el ciclo, no fue reelegido y dejó el cargo silenciosamente en abril de este año. Presidió comités de directores claves y jugó un rol en los atribulados meses que vivió SQM por el escándalo de financiamiento ilegal de la política, a fines de 2014. La historia de cómo llegó a la mesa, hasta ahora desconocida, levanta sospechas. La normativa exige que el candidato pase al menos 18 meses sin vínculos con la compañía donde aspira a ser director independiente, pero –según información que obtuvo este medio vía Ley de Transparencia–, en julio de 2014 Linneberg había firmado un convenio para asesorar a SQM, lo que lo dejaba fuera de carrera para ser director. Coincidentemente, dos días antes de que asumiera el cargo, la universidad dejó sin efecto el convenio, lo que permitió que se sumara al directorio. Este incidente se suma a una serie de negocios que realizó desde la casa de estudios superiores, que apuntan a conflictos de interés y que este medio reveló en marzo. El ex asesor de la SVS sigue siendo un actor influyente del mercado de capitales y continúa desempeñándose como miembro del Consejo Consultivo del Ministerio de Hacienda, donde fue nombrado por el ex ministro Alberto Arenas.
El 24 de abril de 2015, Dieter Linneberg asumió como director independiente de SQM, pese a ser elegido con los votos del controlador indirecto, Julio Ponce Lerou. Linneberg adquirió un papel influyente en la minera no metálica, presidiendo comités claves de directores y jugando un rol en los atribulados meses que vivió la compañía por el escándalo de financiamiento ilegal de la política, a fines de 2014.
Linneberg dejó silenciosamente su cargo dos años después, cuando en abril de 2017 no fue candidato en la junta ordinaria de accionistas de SQM.
La historia deja numerosas dudas sobre cómo llegó a la mesa de la minera no metálica. Entre ellas, su salida del Centro de Gobiernos Corporativos de la Universidad de Chile; un contrato de asesoría justamente a SQM, entre julio y agosto de 2014, y una resolución emitida el 30 de agosto de 2015, aunque suscrita el 22 de abril de ese año, donde se deja sin efecto ese trabajo, lo que de facto permitió a Linneberg cumplir los 18 meses sin vínculos con la empresa, sus accionistas y ejecutivos, posibilitándole asumir su puesto en el directorio.
En ese camino lo acompañó Hugo Caneo, quien hasta mayo de 2014 fue jefe de Cumplimiento de Mercado de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y tuvo un rol clave en el caso Cascadas. El abogado fue el que elaboró la tesis del esquema de operaciones ilícitas con que acusó a Julio Ponce y su entorno de violar la Ley de Mercado de Valores.
Tanto la SVS como la universidad fueron consultadas al respecto, sin dar respuestas. A SQM se le preguntó por el contrato de asesoría con Caneo y Linneberg, con similar resultado.
El 24 de abril de 2015, la junta ordinaria de accionistas de SQM se reunió en el hotel Marriot de la comuna de Vitacura. Era un día histórico. Julio Ponce Lerou abandonaría, por primera vez en 28 años, la presidencia de la minera.
La presión pública no se resistía. Días antes, el Servicio de Impuestos Internos (SII) se querellaba contra la compañía y sus principales ejecutivos por delitos tributarios vinculados a más de 4.000 millones de pesos en boletas por servicios no respaldados. La acción se había desplomado desde que se abrió el caso y, considerando la salida en marzo de ese año de los directores elegidos con votos de la canadiense Potash, presentaban la salida de Ponce casi como una condición básica para contener la zozobra pública, considerando además la disputa de SQM con Corfo, que hasta hoy pide que el ex yerno de Augusto Pinochet abandone la propiedad.
En ese contexto, Ponce Lerou movió sus fichas. Dieter Linneberg, propuesto por Pampa Calichera, donde Ponce ejerce mayoría con su pacto de accionistas con Kowa, entró con todo. Aunque en forma indirecta había criticado a Ponce en 2013, surgía –junto a la asunción a la presidencia de Juan Antonio Guzmán– como una de las alternativas para ayudar a superar la crisis.
Por ello y su rol como independiente, Linneberg ingresó de inmediato al comité de directores y de gobierno corporativo. En dicho puesto participó del proceso de “transparentar” a la opinión pública y a la Fiscalía la información interna disponible para defenderse de las acusaciones que había a nivel público.
Linneberg a simple vista tenía un currículo intachable y era el hombre indicado para ayudar a limpiar la imagen de la firma. El ex asesor de la SVS era, en ese momento, director ejecutivo del Centro de Gobiernos Corporativos de la Universidad de Chile y era considerado un experto en temas de transparencia. A esto se sumaba que era miembro del Consejo Consultivo del Ministerio de Hacienda, donde fue nombrado por el ex ministro Alberto Arenas y confirmado por Rodrigo Valdés.
Pero su paso por el directorio de SQM duró tan solo dos años. En abril pasado, uno de los mejores esquiadores que ha producido Chile, no fue reelegido y salió silenciosamente del directorio. De acuerdo a fuentes cercanas al caso, la imagen de Dieter Linneberg fue afectada cuando se conocieron detalles de sus vínculos y negocios, en el Centro de Gobiernos Corporativos de la Universidad de Chile, con el entorno de Ponce, en particular su asesor, Darío Calderón.
La cercanía con Calderón marcaba una primera duda. Sin embargo, la historia tenía más elementos.
Según la información que obtuvo este medio vía Ley de Transparencia, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Dieter Linneberg y Hugo Caneo, firmaron –por separado– un convenio de prestación de servicios con la casa de estudios para el periodo del 14 de julio al 31 de agosto de 2014, con el objeto de brindar una asesoría a SQM.
El texto detalla el objetivo de la asesoría. En el caso de Dieter como “coordinador” y en el de Caneo como “apoyo”. Las labores de Dieter consistían en definir el procedimiento de ciclo vital de documentos en función de flujos de información y normativa vigente.
Junto con ello, ser responsable de identificar los diversos requerimientos de uso y acceso a la información y definir las tablas de retención documental en función de la organización. Y, tercero, establecer encargados de definir las directrices y una política de retención de información congruente con los objetivos de la compañía para el diagnóstico de la situación actual en materia de gestión documental”.
Caneo recibiría $ 5,5 millones de pesos por esa labor, mientras Linneberg lo haría por 6 millones 400 mil pesos. Los pagos se harían a fines de julio y a fines de agosto de 2014.
El convenio tarda en ser visado por la universidad. El decreto exento que lo valida está fechado el 20 de octubre del señalado año y el retraso lo explica por “la tardía entrega de la documentación y firma del prestador”, lo que derivó en que “no se había podido materializar el convenio respectivo”.
Sin embargo, transcurridos seis meses desde el decreto precedente y más de un año después de que se debió haber prestado el servicio, la universidad emitió un nuevo decreto exento, con fecha 5 de agosto de 2015, indicando que “de común acuerdo, se determinó dejar sin efecto el convenio de honorarios mencionado, por no haberse realizado la prestación contratada y con el fin de regularizar la situación administrativa”. Con misma fecha, se deja también sin efecto administrativo el contrato de Caneo, por iguales motivos.
SQM fue contactada por este medio para explicar esta asesoría, sin embargo, no hubo respuesta. Se contactó, vía correo y llamados telefónicos, a Sergio Olavarrieta y Manuel Agosin, vicedecano y decano, respectivamente, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, pero tampoco respondieron.
Las fechas tienen un ingrediente adicional. Los mismos decretos del 5 de agosto revelan que la inhabilitación del convenio de asesoría a SQM fue resuelto por la universidad el 22 de abril de 2015.
La fecha no es trivial. Dos días previos a que la universidad echara abajo el convenio firmado nueve meses antes, el 24 de abril de 2015, Linneberg fue elegido director independiente y una de las exigencias para ocupar dicho cargo, considerando además que fue elegido con votos del controlador, es que el candidato pase al menos 18 meses sin vínculos con la empresa donde aspira a ser director independiente.
Específicamente, el artículo 50 bis de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, señala que no se considerará aptos para ser directores independientes a quienes “mantuvieren cualquier vinculación, interés o dependencia económica, profesional, crediticia o comercial, de una naturaleza y volumen relevante, con la sociedad, las demás sociedades del grupo del que ella forma parte, su controlador, ni con los ejecutivos principales de cualquiera de ellos, o hayan sido directores, gerentes, administradores, ejecutivos principales o asesores de éstas”.
La norma indica que, antes de ser elegidos, los candidatos deben hacer llegar una declaración jurada donde señalen no tener ninguna inhabilidad. Así lo hizo Linneberg, sin referir su potencial vínculo con SQM.
Se consultó de esta situación a la Superintendencia de Valores y Seguros –que debe velar por el cumplimiento de la Ley de Sociedades Anónimas–, pero no hubo respuesta.
La situación de Linneberg es aún más compleja. Como evidencia otro contrato de prestación de servicios firmado el 14 de agosto de 2014 (y cuyo decreto tiene la misma fecha, 20 de octubre, de la asesoría a SQM), él fue el coordinador de un estudio utilizado por LarrainVial en su defensa contra la acusación de la SVS, por su rol “instrumental” en las operaciones bursátiles que compusieron el llamado caso Cascadas.
La fecha de elaboración de ese trabajo –por el que la corredora de Leonidas Vial y Fernando Larraín Cruzat pagó 7 millones 110 mil pesos a Linneberg– se ubica entre agosto y fines de septiembre de 2014. Es decir, en los días previos a que la SVS sancionara a LarrainVial, su socio Leonidas Vial y los comentados líderes del “esquema”, Julio Ponce y su entorno.
No solo eso. Casi un año antes, Linneberg coordinó otro trabajo, pero para el bando contrario en ese caso: Moneda Asset Management, el gestor de fondos que lidera un conocido de Linneberg, Pablo Echeverría, que participa como minoritario en la minera y que ha sido el principal opositor de Julio Ponce en SQM. Dicho estudio nunca se hizo público. El encargo para Moneda es, por las fechas, también engorroso. Según informa la FEN, dicho contrato fue suscrito el 9 de mayo de 2013 y el decreto que lo aprueba ocurre casi seis meses después, el 29 de noviembre de ese año.
En paralelo, el 13 de mayo de 2013 y por un periodo que se extendió hasta el 31 de diciembre de igual año, Dieter Linneberg recibió de la universidad 9 millones de pesos, en cuatro cuotas, por la asesoría en la ejecución del estudio “Caso Cascadas”. Las fechas son claves, pues este caso solo estalló en septiembre de 2013, cuando la SVS hizo públicos los cargos contra Ponce y su círculo cercano.
Antes de eso, al menos públicamente, nadie conocía de su existencia en la SVS. Linneberg y la universidad fueron consultados por este estudio, pero no se obtuvo respuesta.
Linneberg no estaría solo en la polémica asesoría a SQM. El 10 de septiembre de 2013, Fernando Coloma se hallaba a la cabeza de la SVS. Fue él quien firmó la acusación contra Ponce, su entorno y la corredora LarrainVial. Pero quien encabezó el trabajo para acusar a Ponce fue Hugo Caneo. El abogado era el jefe del Área de Cumplimiento de Mercado de la superintendencia y, en ese rol, elaboró la tesis del “esquema” de las operaciones en las Cascadas.
Coloma dejó su cargo con el cambio de Gobierno y la llegada de Bachelet el 11 de marzo de 2014. Su sucesor fue Carlos Pavez, actual titular de la entidad, quien se vio complicado en su llegada por la salida de Caneo.
El camino que tomaría Caneo lo vincula directamente con Linneberg. Dieter lo invita a sumarse al Centro de Gobiernos Corporativos de la Universidad de Chile, donde él roncaba. Y trabajo había.
Si bien Caneo figura dejando formalmente el 22 de mayo de 2014 su cargo, lo cierto es que lo abandonó antes. Tanto así, que su primer servicio está señalado en un convenio de prestación de servicios del 22 de abril y hasta fines de junio de ese año. El trabajo es una ‘millonaria’ asesoría del centro a la Corporación Administrativa del Poder Judicial, donde, por cierto, también aparece Linneberg (6,1 millones de pesos) y donde se suma el tercer actor en la larga lista de asesorías en que estos ex funcionarios del Gobierno han venido participando desde hace años: Álvaro Clarke, también con 6,1 millones de pesos. Caneo recibe la parte menor del pago (2 millones de pesos).
Tras ese servicio, Caneo aparece asimismo en otras labores. Acompaña a Linneberg en la asesoría a CorpBanca para la fusión con Itaú –donde también figura Clarke– y se suma a la mentada asesoría a SQM. En este punto, según confirman al menos un ex titular de la SVS y tres reconocidos abogados de la plaza que han tenido algún nivel de vinculación con el caso Cascadas, Caneo habría violado la norma que lo obliga a darse seis meses sin trabajar para una compañía que haya sido fiscalizada por la SVS. SQM, por cierto, está bajo el alero de la superintendencia que dirige Pavez, y los plazos evidencian que el “enfriamiento” fue fugaz. Sin embargo, como es sabido ahora, dicho contrato, según decidió un año después de que se firmara el convenio, nunca se concretó.
Se contactó a Caneo por este tema, pero no hubo respuesta. También se le preguntó a la SVS del caso y tampoco se obtuvo contestación. Aunque, como coinciden abogados que conocen de derecho administrativo, es la Contraloría la que debe fiscalizar la conducta de ex funcionarios públicos. La entidad que dirige Jorge Bermúdez recibió a última hora del viernes pasado la información ahora revelada.
En efecto, el artículo 56 de la Ley de Probidad indica que “son incompatibles las actividades de las ex autoridades o ex funcionarios de una institución fiscalizadora que impliquen una relación laboral con entidades del sector privado sujetas a la fiscalización de ese organismo”, recalcando que dicha incompatibilidad se mantendrá hasta seis meses después de haber expirado en funciones el servidor respectivo. Este sería el caso de Caneo.
Si a este caso, además, se le aplicara la nueva normativa que creó la Comisión Nacional de Valores, vale decir, la Ley 21.000, su situación sería todavía más compleja. Pero la ley, que se publicó este año, no es retroactiva.
El artículo 29 de dicho cuerpo legal extiende a un año el plazo en que un ex funcionario no puede establecer ninguna relación laboral con un ex fiscalizado, incluyendo en ese lapso prohibido a “aquellas empresas que formen parte de un mismo grupo empresarial en los términos del artículo 96 de la ley Nº 18.045, de Mercado de Valores”. La sanción a quienes incumplan dicha medida llega hasta las 4.000 UTM.
