Opinión
Como segundo productor mundial, la industria del salmón en Chile ha vivido un auge en la última década, con un aumento sostenido en las exportaciones y la rentabilidad de las empresas del rubro que cotizan en bolsa. Tal éxito no puede, sin embargo, ser gratuito: ecosistemas destruidos, aumento descontrolado de la polución oceánica y amenazas para el futuro de una industria que, sin quererlo, podría estar viviendo sus últimos días.
El éxito de la industria salmonera en Chile ha posicionado al país como un consolidado productor de proteínas, específicamente de salmón. Se suelen alabar las condiciones geográficas que lo permiten: el aislamiento privilegiado otorgado por el desierto de Atacama al norte, la Cordillera de los Andes en el oriente, los hielos patagónicos al sur y la protección del océano en toda su franja occidental, convierten a Chile en un territorio que no muchas plagas pueden penetrar.
Pero, más allá de producir proteínas provenientes de vacas o porcinos, ha sido la producción salmonera la que ha posicionado a Chile como un exportador innato de este pez a nivel mundial, principalmente en dos especies: el salmón del Atlántico, que representa la mayoría de las exportaciones del país, y el del Pacífico o “Coho” (oncorhynchus kisutch). El éxito es tal que, a febrero de este año, el valor de las exportaciones de productos acuícolas del país llegó a 1.065,9 millones de dólares, cifra que representa un crecimiento explosivo del 42,3% respecto del 2016. Las ventas de salmón del Atlántico, otra especie producida en el país, representaron más del 50% de las exportaciones.
De otro lado, el precio de las acciones de las principales productoras que se cotizan en la Bolsa de Santiago —entre ellas Multiexport, Camanchaca y Australi—, registran alzas de casi un 50% en lo que va del año, según datos de la misma Bolsa. Aunque la bonanza responde a una mayor cotización del salmón en el mercado internacional, la industria se ha beneficiado también, y de forma abusiva, de las aguas marinas en las que ha instalado miles de granjas de salmón, sobrepasando por mucho la capacidad de esos entornos, y generando importantes ganancias privadas al tiempo que enormes pérdidas socioambientales.
Estas pérdidas tienen que ver con que la sostenibilidad de la producción industrial de salmón es altamente cuestionada. Basta con describir las condiciones en las que tiene lugar: balsas-jaulas albergan miles de salmones en cautiverio apretujados, alimentados con píldoras que contienen harina de pescado, colorantes, pesticidas y otros químicos que buscan aumentar la producción. Los peces reciben además hasta cinco mil veces más antibióticos que los usados en Noruega, país que lidera la industria mundial.
Sorprende que incluso filiales de las empresas noruegas instaladas en Chile utilizan esos antibióticos en nuestro país pero no en Noruega, debido a que la regulación ambiental de la nación europea no se los permite.
Debido a esta falta de sostenibilidad, los químicos y las heces de los animales terminan en el fondo marino, generando una insufrible falta de oxígeno y creando zonas muertas en las que la vida marina no puede prosperar. En mayo de 2016, una marea roja —fenómeno natural caracterizado por el incremento excesivo de microalgas tóxicas— dejó varadas ballenas, calamares, sardinas y salmones. Fue sólo una muestra de las consecuencias dramáticas de la sobreexigencia de los recursos naturales. Greenpeace y la Fundación Crea, entre otras entidades, con base en datos científicos, atribuyeron el fenómeno a las malas prácticas de las salmoneras, aunque éstas niegan esa responsabilidad hasta el día de hoy.
Un orgullo chileno contrapuesto a la Agenda Internacional
El Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) espera superar los seis millones de visitantes este año. Tales expectativas se basan en las cifras del 2016, cuando se llegó a 5,6 millones de turistas.
Es entonces una meta realista. Potenciar la llamada “industria sin chimeneas” del turismo implementando políticas públicas podría incluso aumentar los ingresos que ésta representa, de 3.907mm de dólares en 2016. Por ello, arriesgar una de las regiones que más extranjeros cautiva por su belleza y biodiversidad, como lo es Magallanes y la Antártica chilena, para dar paso a granjas de salmón que benefician a un oligopolio de grandes empresas y que dejan a su paso zonas marinas sin vida y sin posibilidades de recuperación, es a todas luces contraproducente, “pan para hoy y hambre para mañana”.
Pero las salmoneras ya han comenzado a operar en Magallanes, región ubicada en la Patagonia Sur y cuyas aguas prístinas la hacen más vulnerable a la intervención humana. Allí está el mayor número de áreas naturales protegidas del país. Allí también se han otorgado, en los últimos dos años, el 81% de las nuevas concesiones de salmonicultura.
Aún peor, ya existe evidencia de los daños, y no proviene de cualquier fuente, sino de la Contraloría General de la República, la cual ha reportado que entre 2013 y 2015, más de la mitad de las granjas de salmón operando en Magallanes reportaron condiciones anaeróbicas , con una preocupante falta de oxígeno para los más diversos ecosistemas de la zona.
Esto tiene como contexto que nos encontramos precisamente en un 2017 denominado por Naciones Unidas como el “Año internacional de turismo sostenible para el desarrollo”, hecho que ha sido reconocido también por nuestro Gobierno; no debemos olvidar tampoco la celebración del Día Mundial de los Océanos —el pasado 8 de junio—, en la cual los Estados Parte de Naciones Unidas, incluido nuestro país, se comprometieron a cuidar más de los recursos marinos, estableciendo mayores y mejores regulaciones a la industria pesquera; esto, en el mismo mes en que Naciones Unidas celebró la Conferencia de Océanos, la semana recién pasada; y pensando que en julio la Presidenta informará en su “Presentación Nacional Voluntaria” ante la misma ONU el estado del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) N°14, “preservar la vida submarina”, uno de los compromisos asumidos formalmente por el Estado chileno.
Por lo mismo, las recientes autorizaciones para granjas de salmón en Magallanes parecen ir en una dirección contraria e incompatible a los acuerdos y las políticas ratificadas por el país al suscribir compromisos internacionales, y atentan directamente contra el turismo sostenible de la zona austral.
Así las cosas, organizaciones ambientales y de la sociedad civil han alzado ya la voz en defensa del patrimonio natural de Chile, exigiendo la regulación adecuada de la industria de salmón. El Estado, actor llamado a tutelar la preservación de la naturaleza -por directo mandato constitucional- y a garantizar el derecho ciudadano a “vivir en un medio ambiente libre de contaminación” en el país, es de quien se espera ahora que se apropie de esa causa y que actúe en consecuencia: el uso de antibióticos en la salmonicultura necesita imperativamente una regulación acorde con nuestros compromisos internacionales.
Boris Lopicich
ONG Innovación, Desarrollo y Equidad
Víctor Quintanilla
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)
